La ejecución de las sentencias de despido y frente a entes públicos, y la ejecución provisional

El art. 303.2 hace posible la ejecución provisional de estas sentencias con un único freno: que pueda producir situaciones irreversibles o perjuicios de difícil reparación. Que la Administración recurra no la impide, porque la ejecución provisional existe precisamente para las sentencias recurridas, y la ley no la condiciona a fianza ni excluye las sentencias que anulan sanciones. En prestaciones de Seguridad Social se remite a su normativa específica.

Durante el recurso, el trabajador cobra su retribución y sigue trabajando si el empresario se lo pide (art. 297). Si desatiende sin justificación el requerimiento de volver, el art. 299 no suspende ni descuenta: le hace perder definitivamente esos salarios. La ley no convierte la negativa en una dimisión que extinga la relación; eso lo decidirá la sentencia firme.

El art. 279.3 lo dice sin distinguir: todos los plazos del artículo, los tres de veinte días y el de cierre desde la firmeza, son de prescripción. Es la trampa del contraste con la acción de despido, cuyo plazo para demandar es de caducidad (art. 103); una vez hay sentencia, la ley trata el plazo para pedir la readmisión con otra naturaleza, y no reparte una distinta para cada uno.

El art. 281.2.b permite al juez, atendiendo a las circunstancias y a los perjuicios de la no readmisión o de la readmisión irregular, sumar a las percepciones del art. 56 del Estatuto de los Trabajadores una indemnización adicional de hasta quince días de salario por año de servicio, con el tope de doce mensualidades. Los periodos inferiores al año se prorratean, y el tiempo de servicio se cuenta hasta la fecha del auto. Veinte días por año es la cifra de la extinción por causas objetivas del Estatuto, que aquí no rige.

El art. 297.1 ejecuta provisionalmente la opción por readmitir: mientras dura el recurso, el empresario paga al trabajador la misma retribución que venía percibiendo y este sigue prestando servicios, salvo que el empresario prefiera pagar sin que trabaje. Lo mismo vale si el recurso lo interpone el trabajador. No se trata de consignar ni de completar el desempleo: el derecho a la prestación por desempleo queda suspendido en estos supuestos (art. 297.4).

El art. 290 distingue según haya consignación. Si la hubo, el anticipo se paga con cargo a ella, y el Estado garantiza la devolución al empresario. Si no era preceptivo consignar para recurrir, no hay nada en la cuenta del órgano judicial de donde sacarlo, y el anticipo lo abona directamente el Estado: el secretario judicial, que hoy es el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015), lo notifica a la Abogacía del Estado y le requiere para que el organismo gestor pague en diez días. La ley no encarga este pago al Fondo de Garantía Salarial.

El art. 305 cierra el título con una remisión: lo que la LRJS no deja ejecutar provisionalmente a favor del trabajador o del beneficiario puede ejecutarse en la forma y condiciones de la legislación procesal civil, es decir, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por eso no hay que esperar a la firmeza. El monitorio es un proceso para reclamar cantidades, no una vía de ejecución, y la ley no exige fianza en ninguno de los dos regímenes.

El art. 289 da al trabajador derecho a anticipos a cuenta de la condena recurrida, con el reintegro garantizado por el Estado, y les pone dos techos: en total, la mitad del importe reconocido en la sentencia (apartado 2), y cada año, no más del doble del salario mínimo interprofesional (apartado 3). Pueden pagarse por periodos desde la solicitud hasta que recaiga sentencia definitiva o la recurrida quede firme.

El art. 293 regula el reintegro que el trabajador no cumple: título para ejecutarlo es la resolución firme que acordó la ejecución provisional, con la certificación de lo abonado. Y, si la realización forzosa inmediata pudiera causarle un perjuicio grave, el juez puede aplazar el pago hasta un año, adoptando medidas de aseguramiento para que la ejecución no se frustre.

El art. 294.2 protege al beneficiario de la Seguridad Social igual que el art. 300 protege al trabajador en el despido: aunque la sentencia favorable se revoque, en todo o en parte, no reintegra lo percibido durante la ejecución provisional y conserva el derecho a las prestaciones devengadas durante el recurso que no hubiera cobrado al quedar firme la sentencia. Es lo contrario de lo que pasa con los anticipos de una condena al pago de cantidad, que el trabajador sí devuelve si resulta deudor (art. 292).

El art. 287.1 solo deja acortar el plazo, nunca alargarlo: la sentencia puede fijar uno inferior a los dos meses, atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a su efectividad, cuando esperar los dos meses pueda hacer ineficaz el pronunciamiento o causar grave perjuicio. Las dificultades presupuestarias no amplían nada, y el acuerdo de las partes o la petición de la Administración no son el criterio de la ley. Pasado el plazo, la parte puede pedir la ejecución (art. 287.2).

El art. 285 da un mes para dejar la vivienda ocupada por razón del trabajo y permite al secretario judicial, que hoy es el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015), prorrogarlo dos meses más si hay motivo fundado. Pasados esos plazos, el empresario puede pedir el lanzamiento, que se practica por las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El art. 280 trata distinto a cada ausente: si falta el trabajador, que es quien pide la ejecución, se le tiene por desistido; si falta el empresario, el acto se celebra sin él. La opción de celebrar el acto en ausencia es, por tanto, la regla del empresario, no la del trabajador. La ley no prevé ni repetir la citación ni resolver sin comparecencia.

El art. 279.2 deja abierta la ejecución más allá de los veinte días, hasta los tres meses siguientes a la firmeza de la sentencia, pero con un coste: no se devengan los salarios de los días que pasan entre el final de los veinte días y la solicitud. Dejar pasar los veinte días no hace perder la acción; dejar pasar los tres meses, sí.

El art. 280 reparte los dos pasos: despachar la ejecución por la vía del incidente de no readmisión es del juez, por auto; señalar después la vista, dentro de los cinco días siguientes y citando a los interesados, es del secretario judicial, que hoy es el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015). Ni el decreto ni la diligencia de ordenación sirven para despachar esta ejecución, y una providencia no es la forma que la ley pide. Lo que no es la readmisión —por ejemplo, una condena a pagar— se ejecuta por las reglas generales según su naturaleza.

El art. 278 da al empresario que opta por readmitir diez días desde que se le notifica la sentencia para comunicar por escrito la fecha de vuelta, que ha de quedar al menos tres días después de que el trabajador reciba el escrito. Los salarios corren a su cargo desde la notificación de la primera sentencia que declaró la improcedencia hasta la readmisión. Veinte días es otro plazo y de otra parte: el que tiene el trabajador para pedir la ejecución si no se le readmite (art. 279).

El art. 281.2 fija la extinción en la fecha del auto, no antes: hasta entonces la relación sigue viva, y por eso el empresario paga los salarios dejados de percibir desde la notificación de la primera sentencia que declaró la improcedencia hasta ese auto, y el tiempo de servicio para la indemnización se cuenta también hasta él. Llevarla a la fecha del despido o a la de la readmisión frustrada recortaría salarios y antigüedad que la ley reconoce.

Mientras no conste la ejecución total, el órgano judicial adopta, de oficio o a instancia de parte, las medidas para promoverla, y el art. 287.3 toma como supletorio lo que la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dispone para ejecutar sentencias: es la ley que regula cómo se obliga a una Administración a cumplir un fallo. La legislación presupuestaria aparece en el art. 287.4, pero solo para el devengo de intereses cuando se condena a pagar una cantidad líquida.

El despido nulo se ejecuta, en principio, con la readmisión (art. 282.1), pero el art. 286.2 da a la víctima del acoso laboral, sexual o por razón de sexo, o de la violencia de género en el trabajo, una salida que es solo suya: extinguir la relación con la indemnización procedente y, en su caso, los salarios de tramitación, conforme al art. 281.2. La opción es de ella, no del empresario. La excedencia forzosa no es una forma de ejecutar la sentencia, y cesar quedando en desempleo involuntario sin extinguir el contrato es lo que el art. 303.3 permite a otro trabajador, el que obtuvo la extinción por el art. 50 del Estatuto, y solo mientras se tramita el recurso de la empresa. La suspensión de la relación o la exoneración de prestar servicios existen, pero como medidas cautelares mientras dura el proceso o el recurso (arts. 180.4 y 297.2), no frente a una sentencia firme.