La ejecución dineraria: el embargo, la realización de los bienes y la insolvencia

Según el art. 276.3, la insolvencia ya declarada basta para estimar que pervive en otras ejecuciones, y el decreto puede dictarse sin reiterar la averiguación de bienes del art. 250; pero siempre con audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan señalar bienes nuevos. Por eso no basta dictarlo sin más trámite, y la audiencia no es a la empresa ejecutada.

El art. 271.1 manda repartir proporcionalmente entre los créditos concurrentes de igual grado, sin tener en cuenta ningún tipo de prioridad temporal: haber ejecutado antes no da preferencia. Proporcionalmente no es a partes iguales: cada uno cobra en proporción a su crédito. Si alguno alegara preferencia, se abriría el trámite de la propuesta común de distribución (art. 271.2.b), pero aquí todos son del mismo grado.

El art. 251.2 remite los intereses de la mora procesal al art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero añade una regla propia: transcurridos tres meses del despacho sin cumplimiento íntegro, el interés legal puede subir dos puntos si se aprecia falta de diligencia, si no se manifestaron los bienes o si se ocultaron elementos patrimoniales trascendentes. Los doce meses recuerdan el año que limita los intereses despachados provisionalmente (art. 251.1), que es otra regla.

El art. 258.2 obliga a la oficina que recibe la comunicación del reembargo a acordar lo procedente para garantizarlo y a informar al reembargante, en el plazo máximo de diez días, sobre las circunstancias y el valor de los bienes, la cantidad objeto de apremio de la que responden y el estado de sus actuaciones. Además, ha de comunicarle después las resoluciones que puedan afectar a los acreedores reembargantes (art. 258.3).

La regla general del art. 268.1 aplica lo obtenido, por este orden, al principal, a los intereses y a las costas. El art. 268.2 permite al secretario judicial (hoy letrado de la Administración de Justicia) anticipar al principal los gastos que necesariamente requirió la ejecución y los de los terceros obligados a colaborar, pero solo si el juez lo ha aprobado antes. No depende del consentimiento del ejecutante, del silencio del ejecutado ni de un informe del Fondo de Garantía Salarial.

El art. 277.1 permite al Fondo de Garantía Salarial pedir la suspensión de la ejecución por treinta días para valorar si los créditos laborales pueden satisfacerse y qué efectos tendría vender los bienes sobre los empleos que siguen en la empresa. Si concluye que satisfacerlos obligaría a extinguir esas relaciones laborales, pide motivadamente la declaración de insolvencia a los solos efectos de las prestaciones de garantía salarial (art. 277.2). Los quince días son los de la audiencia previa al Fondo antes de declarar la insolvencia (art. 276.1).

El art. 251.1 pone dos topes separados a lo que se despacha provisionalmente: para los intereses de demora, lo que se devengaría durante un año, y para las costas, el diez por ciento de la cantidad objeto de apremio por principal. El treinta y el cinco por ciento son cifras de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 575): el treinta, para intereses y costas juntos en la ejecución civil, y el cinco, para las costas en la ejecución sobre la vivienda habitual. En la ejecución social rige la regla propia.

El art. 259.1 manda al secretario judicial (hoy letrado de la Administración de Justicia), tras la dación de cuenta del gestor procesal de la diligencia de embargo positiva, ratificar o modificar lo efectuado por la comisión ejecutiva, y acordar, en su caso, las garantías necesarias para asegurar la traba según la naturaleza de los bienes. No se eleva al juez para que dicte auto, no se abre un trámite de oposición previo y lo hecho por la comisión no queda firme sin más. Además, puede acordar en cualquier momento la mejora, la reducción o el alzamiento de los embargos (art. 259.2).

El art. 253.1 obliga al Fondo de Garantía Salarial y a las Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social, cuando están legitimados para intervenir, a asumir el depósito, la administración, la intervención o la peritación de lo embargado, designando a una persona idónea. Solo se liberan si justifican ante el secretario judicial (hoy letrado de la Administración de Justicia) la imposibilidad de cumplirla o su desproporcionada gravosidad. Pagar a otro no los exime, y la obligación no espera a que se les declare responsables.

El art. 255.1 manda que el secretario judicial (hoy letrado de la Administración de Justicia) ordene de oficio que se libre y remita directamente al registrador el mandamiento, para que practique el asiento y certifique la titularidad y las cargas. Es una diferencia con la ejecución civil, donde el mandamiento de anotación preventiva se libra a instancia del ejecutante (art. 629 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La ley social no espera a la firmeza ni pide al ejecutante que lo solicite.

El art. 254.2 declara embargables los saldos y depósitos con independencia de la naturaleza de los ingresos que los hayan generado, y dice cómo juegan los límites del art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre las rentas periódicas: se aplican a partir del embargo, en el momento en que se genera o devenga cada mensualidad o vencimiento. No se proyectan sobre todo el saldo acumulado en la cuenta, ni dependen de que el ejecutado pruebe el origen del dinero o de la firmeza del embargo.

El art. 264, tal como lo dejó la Ley Orgánica 1/2025 desde el 3 de abril de 2025, dice solo que la realización de los bienes embargados se ajustará a lo dispuesto en la legislación procesal civil. La redacción anterior añadía una excepción: si la subasta quedaba desierta, los ejecutantes o los responsables solidarios o subsidiarios podían adjudicarse los bienes por el 30 % del avalúo en diez días. Esa excepción ha desaparecido, y la opción que la recoge describe una norma que ya no rige.

El art. 252 manda notificar esas resoluciones a los representantes unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a efectos de que puedan comparecer en el proceso: un embargo cuantioso puede comprometer la continuidad de la empresa y, con ella, la de la plantilla. La ley no prevé aquí ninguna notificación a la Inspección de Trabajo ni a la Tesorería General, y de las cargas inscritas sobre los bienes se ocupa otra regla, la del art. 249.3, que obliga al ejecutado a manifestar el crédito garantizado.

El art. 275.1 lleva ante el órgano del orden social que esté conociendo de la ejecución todas las tercerías fundadas en el derecho del tercero a cobrar con preferencia al ejecutante, sea o no acreedor laboral del ejecutado, y las sustancia por el trámite incidental de la propia ley social; la tercería no suspende la ejecución (art. 275.2). Que el crédito del banco no sea laboral no lo manda al orden civil, y no hay que acudir a otro órgano para que fije la prelación. Solo si la empresa estuviera en concurso entraría la legislación concursal (art. 248.3), y el enunciado no lo plantea.

El art. 266 dice que «sólo» la adquisición o adjudicación a favor de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios puede hacerse en calidad de ceder a tercero. La primera respuesta se queda corta, porque olvida a los responsables legales; un licitador cualquiera no tiene esa facultad por declararla, y el ejecutado no figura en la lista.