Las normas generales de la ejecución, la de los conflictos colectivos y la extensión de efectos

Cuando no hay órgano que conociera del asunto en instancia —un título extrajudicial—, el art. 237.2 da la ejecución al juzgado en cuya circunscripción se constituyó el título; hoy, la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de ese lugar. El domicilio del ejecutado es el fuero que la Ley de Enjuiciamiento Civil usa para los títulos no judiciales (art. 545.3, que remite a sus arts. 50 y 51), y la regla social lo desplaza. El lugar de la prestación de servicios y el domicilio del demandado son los fueros para demandar del art. 10, no para ejecutar un título ya constituido.

Por regla general, el art. 243.1 iguala el plazo para instar la ejecución al de la acción sustantiva, y lo hace de prescripción; pero el 243.2 fija en todo caso un año para reclamar las obligaciones de entregar sumas de dinero. Las prestaciones periódicas de la Seguridad Social tienen el plazo de su propia acción, o ninguno si el derecho es imprescriptible. Cinco años es el plazo de caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia en la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 518), que en la ejecución social no se aplica: la ley social tiene su propia regla en el art. 243.

La regla general del art. 239.1 es que la ejecución de una sentencia firme se inicia a instancia de parte, y su única excepción son las sentencias recaídas en procedimientos de oficio, cuya ejecución se inicia también de oficio: el proceso arrancó sin demanda de parte y su ejecución sigue el mismo camino. Fuera de esa excepción, la ejecución espera a que la pida quien tiene el título: la de un conflicto colectivo se inicia por escrito de los sujetos legitimados (art. 247.1.a), y la de la readmisión, a solicitud del trabajador (art. 279).

El art. 247.1.i) dispone que los títulos ejecutivos de ámbito superior a la empresa se ejecutan colectivamente, empresa por empresa: ni una ejecución única contra todo el sector ni una por trabajador. Quien no quiera sumarse a la ejecución colectiva puede ejercitar su acción individualmente, pero en el proceso declarativo que corresponda (art. 247.1.j), no en una ejecución propia.

El art. 243.3 permite reiniciar una ejecución ya iniciada en cualquier momento mientras no esté cumplida en su integridad la obligación, y lo dice expresamente para el caso de que las actuaciones se archivaran por insolvencia provisional del ejecutado. No hace falta una ejecución nueva ni otra demanda, y el plazo para instar la ejecución ya no cuenta: se cumplió al iniciarla.

El art. 237.2 encarga la ejecución al órgano que conoció del asunto en instancia, también cuando lo que se ejecuta es una transacción, un acuerdo de mediación o un acuerdo logrado en el proceso. La Sala de lo Social resolvió el recurso, pero no conoció del asunto en instancia, así que no ejecuta la sentencia que confirmó. El domicilio de la empresa y el lugar de los bienes no deciden quién ejecuta.

El art. 244.1 solo admite suspender la ejecución en dos casos: cuando lo establece la ley y a petición del ejecutante o de ambas partes, por un máximo de tres meses; esta segunda vía no cabe si la ejecución deriva de un procedimiento de oficio. Si pasado ese tiempo el ejecutante no insta la continuación, el letrado de la Administración de Justicia le requiere para que diga si sigue, con la advertencia de archivo (art. 244.3).

El aplazamiento del art. 244.4 protege a los demás trabajadores del ejecutado: cabe cuando el cumplimiento inmediato les causaría perjuicios desproporcionados frente a los que sufriría el ejecutante, por poner en peligro cierto la continuidad de las relaciones laborales que subsisten en la empresa. Lo concede el letrado de la Administración de Justicia, por decreto recurrible en revisión, oídos los interesados y por el tiempo imprescindible. La falta de liquidez no basta; negociar con el ejecutante puede llevar, de mutuo acuerdo, a suspender la ejecución quince días para mediar (art. 244.2), que no es un aplazamiento; y el concurso se rige por la legislación concursal (art. 237.5).

El art. 239.4 permite oponerse, en el recurso de reposición contra el auto que despacha la ejecución, alegando el pago o cumplimiento documentalmente justificado, la prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes ocurridos después de constituirse el título. Y excluye expresamente uno: la compensación de deudas no es causa de oposición, aunque el ejecutante le deba algo al ejecutado.

La sentencia colectiva no dice cuánto se debe a cada uno, así que el art. 247.1.c) empieza por ahí: el letrado de la Administración de Justicia (el texto dice «secretario judicial») requiere al ejecutado para que, en un mes prorrogable por otro, cuantifique individualmente la deuda con cada trabajador en cuyo nombre se ejecuta y proponga una fórmula de pago. Luego se oye a los ejecutantes y, si no hay conformidad, se sigue el incidente del art. 238.

El art. 239.3 libra de las costas de la ejecución a quien cumple en su integridad la obligación del título —con los intereses procesales, si es dineraria— dentro de los veinte días siguientes a la firmeza. No es un plazo de espera: el mismo apartado declara inaplicable el del art. 548 de la LEC, de modo que la ejecución puede instarse desde la firmeza, y lo que gana quien cumple en esos días es no pagar sus costas.

El art. 240.4 hace al Ministerio Fiscal parte, siempre, en la ejecución de los títulos que declaran la vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, y le encarga velar por la integridad de la reparación de las víctimas: es la continuación de su papel en la tutela de esos derechos. La ley no le da esa posición en la ejecución frente a entes públicos, en la de las sentencias de Seguridad Social ni en la de una empresa concursada.

El art. 246.3 permite que la transacción en la ejecución consista en aplazar o reducir la deuda, y fija la consecuencia del incumplimiento sin necesidad de pedir nada: el impago de cualquiera de los plazos determina el fin del aplazamiento o el vencimiento de la totalidad de la obligación. La ejecución continúa hasta el total cumplimiento del convenio, y el título es ya el auto que lo homologó (art. 246.4).

El art. 247 bis.1 exige tres cosas: que los interesados estén en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo, que el órgano que dictó la sentencia fuera también competente por razón del territorio para conocer de sus pretensiones y que lo pidan en plazo. Lo que se extiende es una sentencia que reconoce una situación jurídica individualizada, no una de conflicto colectivo; no hace falta que la confirme el Supremo, y compartir empresa no es lo mismo que estar en idéntica situación.

Negarse a ejecutar una sentencia es excepcional: el art. 239.5 solo lo admite en resolución motivada y por una causa legal no interpretada restrictivamente, y por eso abre contra el auto que resuelve la reposición el recurso de suplicación o, en su caso, el de casación ordinario. La revisión es el recurso contra los decretos del letrado, no contra un auto del juez, y la queja sirve para cuando se deniega la tramitación de un recurso.

El art. 242 permite ejecutar parcialmente la sentencia recurrida en lo que no se ha impugnado, con una condición: que, por la naturaleza de las pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las cuestiones que siguen recurridas. Es ejecución definitiva de lo que nadie discute, así que no se pide caución, ni el permiso del recurrente, ni depende de cómo vaya la admisión del recurso.

El art. 247 ter espera a que la sentencia del proceso tramitado con preferencia sea firme: solo entonces el letrado de la Administración de Justicia requiere a los demandantes de los procesos suspendidos para que, en cinco días, pidan la extensión de sus efectos, la continuación del pleito o desistan. Antes de la firmeza la sentencia aún puede cambiar en el recurso, y no tendría sentido extenderla.