Las vacaciones, la materia electoral, la movilidad y la conciliación de la vida familiar

El art. 125 distingue dos situaciones. Si la fecha ya está fijada —en el convenio, por acuerdo con los representantes o por el empresario—, el trabajador tiene veinte días desde que la conoce para demandar (letra a). Si no lo está, no hay plazo que corra desde un conocimiento, y la letra b exige en cambio presentar la demanda al menos dos meses antes de la fecha de disfrute que pretende, para que el proceso, que es urgente (art. 126), pueda resolverse antes de que llegue. Tres, cuatro o cinco meses no salen de la ley. Los dos meses coinciden con la antelación con que, según el art. 38.3 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador ha de conocer sus fechas de vacaciones.

El art. 129 fija a quién se demanda y a quién no. El apartado 1 manda dirigir la demanda contra las personas y los sindicatos que fueron partes en el arbitraje y contra cualesquiera otros afectados por el laudo, lo fueran o no. El apartado 2 excluye siempre a los comités de empresa, a los delegados de personal y a la mesa electoral, aunque las decisiones de la mesa sean justo lo que se discutió ante el árbitro.

Que la decisión sea justificada no deja al trabajador sin salida: en los traslados y en las modificaciones sustanciales que dan derecho a rescindir el contrato, la sentencia le reconoce ese derecho y le concede quince días para ejercerlo. Veinte días son otra cosa: el plazo de caducidad para presentar la demanda contra la decisión (art. 138.1). Si la decisión se declara injustificada, la sentencia ordena reponerle en sus condiciones anteriores, con los daños y perjuicios.

El art. 127.3 da tres días, contados desde que se tuvo conocimiento del laudo, a quienes tengan interés legítimo, empresa incluida cuando lo tenga. Es uno de los plazos más cortos de la ley, porque el proceso electoral no se detiene mientras se litiga. Un día es el plazo que tiene la oficina pública para enviar el texto del laudo y el expediente una vez admitida la demanda (art. 132.1.a), y quince días son los del informe del comité en la reclamación de categoría (art. 137.1): ninguno de los dos es el de impugnar.

El art. 139.1.a) permite acumular a la demanda de conciliación la acción de daños, pero solo por los que derivan de la negativa o de la demora en hacer efectiva la medida, y da al empresario una vía para librarse de ellos: haber cumplido, al menos de forma provisional, la medida que propuso el trabajador. Llevar una alternativa a la conciliación previa y al juicio es un deber de las dos partes en este proceso (el mismo apartado), no una causa de exoneración; y ni consignar ni motivar la negativa por escrito aparecen en la ley.

El art. 130 resuelve el posible litisconsorcio pasivo necesario con un trámite propio y muy rápido: el letrado de la Administración de Justicia (la ley aún lo llama secretario judicial; el nombre es el de la DA 1.ª de la LO 7/2015) cita a las partes para que comparezcan dentro del día siguiente a una audiencia preliminar, y en ella el órgano judicial las oye y resuelve en el acto. No se da cuenta al juez para inadmitir, no se emplaza a nadie por un plazo de días ni se espera a la oficina pública, que solo interviene, admitida ya la demanda, enviando el laudo y el expediente (art. 132.1.a).

El art. 138 bis creó una modalidad para el acceso, la reversión y la modificación del trabajo a distancia, y por eso es la opción tentadora. Pero su apartado 2 la desplaza cuando la reclamación está relacionada con el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral: entonces se sigue el procedimiento del art. 139. La negativa a trabajar a distancia no es una modificación sustancial de condiciones decidida por la empresa, y no hace falta acudir al proceso ordinario cuando la ley prevé una modalidad propia.

El art. 128 cierra los motivos de la demanda («sólo podrá fundarse en») y, en el primero, añade una condición: la causa que el árbitro apreció o dejó de apreciar indebidamente tiene que haberla alegado el promotor durante el arbitraje. Lo que no se planteó al árbitro no se puede traer por primera vez al juez. La ley no exige que la causa conste en el acta, que haya cambiado el resultado ni que la mesa la rechazara: la mesa ni siquiera puede ser demandada en este proceso (art. 129.2).