El procedimiento de oficio y la impugnación de actos administrativos

El art. 151.10 legitima a la Administración autora de un acto declarativo de derechos que conoce el orden social para impugnarlo ante ese mismo orden, previa su declaración de lesividad y en el plazo de dos meses desde el día siguiente a esa declaración. No es la vía de las entidades gestoras de la Seguridad Social y del desempleo para revisar las prestaciones que reconocieron: esa revisión se rige por los arts. 146 y 147.

El art. 148.c) inicia el proceso de oficio con las actas de infracción o comunicaciones de la Inspección que constatan una discriminación por razón de sexo y recogen las bases de los perjuicios estimados para el trabajador, «a los efectos de la determinación de la indemnización correspondiente»; y lo mismo con las de discriminación por origen racial o étnico, religión, discapacidad, edad u orientación sexual. La sanción a la empresa es cosa de la vía administrativa, no de este proceso, y ni la consignación para recurrir ni las prestaciones dependen de esas bases.

El art. 150.1 manda al secretario judicial —hoy letrado de la Administración de Justicia (disp. adic. 1.ª de la Ley Orgánica 7/2015)— examinar la demanda de oficio y advertir a la autoridad laboral de sus defectos u omisiones para que los subsane en diez días; subsanados, la admite, y si no, da cuenta al tribunal para que resuelva. Cuatro días es el plazo de subsanación de la demanda que impugna un acto administrativo en materia laboral (art. 151.4), un procedimiento distinto del de oficio.

El art. 148.a) abre el proceso de oficio con las certificaciones de las resoluciones firmes de la autoridad laboral derivadas de actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y solo de aquellas en que se aprecien perjuicios económicos para los trabajadores afectados. Por eso no basta una propuesta de sanción aún sin resolver, que no es firme, ni una sanción que no aprecie perjuicio para nadie: el proceso existe para resarcir a los trabajadores, no para castigar a la empresa. Un informe previo al acta no está en la lista.

El art. 150.2.e) manda que las sentencias de estos procesos se ejecuten siempre de oficio. No hace falta que lo pida la autoridad laboral que demandó ni los trabajadores perjudicados, y la ley no prevé ninguna salvedad, tampoco la renuncia de los trabajadores: dice «siempre». Es coherente con el art. 150.2.a), que les niega desistir del proceso o pedir su suspensión.

El art. 150.2.b) solo deja autorizar la conciliación —al secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia, o en su caso al juez o tribunal— cuando se haya satisfecho cumplidamente la totalidad de los perjuicios causados por la infracción. No basta con que la acepten la autoridad laboral o los trabajadores, ni con que la empresa reconozca los hechos: un acuerdo que deje parte del perjuicio sin pagar no se autoriza.

El art. 150.2.a) hace que el procedimiento siga de oficio aunque los trabajadores perjudicados no asistan y les da, una vez comparecidos, la consideración de parte, «si bien no podrán desistir ni solicitar la suspensión del proceso»: la acción no es suya, sino de la autoridad que la promueve de oficio. Como partes, la ley no les quita proponer prueba, recurrir ni valerse de su propia defensa; lo que no pueden es disponer del proceso.