Las bases reguladoras, la publicidad y la Base de Datos Nacional de Subvenciones

La letra n) del art. 17.3 manda que los criterios de graduación de los incumplimientos respondan al principio de proporcionalidad: sirven para fijar lo que el beneficiario acaba percibiendo o lo que tiene que reintegrar, y por eso han de medir el incumplimiento, no tratar igual el parcial que el total. La eficiencia y la igualdad y no discriminación son principios de gestión de las subvenciones (art. 8.3), y por eso atraen, pero la ley no los pone a esta graduación.

El último párrafo del art. 17.1 dispensa de la orden ministerial cuando las normas sectoriales específicas de cada subvención ya incluyen las bases con el alcance que pide el art. 17.3: lo que importa es que las bases existan en una norma, no qué instrumento las contenga. La convocatoria no puede suplirlas, porque se dicta para aplicar unas bases ya aprobadas. Y el art. 17.1 no hace depender esta dispensa de la cuantía de la subvención ni de que el beneficiario sea una Administración o una entidad pública.

En el Estado, y en sus organismos y entidades de derecho público, las bases las establece el ministro correspondiente y se aprueban por orden ministerial, que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 17.1). El real decreto y la Comisión Delegada son tentadores porque la ley los usa para otras cosas, no para aprobar las bases. Y una resolución del secretario de Estado no es el cauce: las bases las establece el ministro.

Según el art. 19.5, los rendimientos financieros que generan los fondos librados incrementan el importe de la subvención y se aplican igualmente a la actividad subvencionada. Las bases pueden disponer lo contrario, pero solo por razones debidamente motivadas; si callan, rige la regla. Por eso los intereses no vuelven al Tesoro ni minoran pagos futuros, y tampoco quedan libres: siguen el destino de la subvención.

El art. 18.1 lo dice sin rodeos: la Base de Datos Nacional de Subvenciones opera como sistema nacional de publicidad de subvenciones, y a ella remiten las Administraciones concedentes la información de convocatorias y concesiones. El Portal de la Transparencia es el instrumento de la publicidad activa de la Ley 19/2013, no el sistema de publicidad de subvenciones; y la Plataforma de Contratación es de los contratos, que no son subvenciones.

El art. 20.8.a) obliga a las Administraciones concedentes a comunicar a la Base de Datos el texto de toda convocatoria sujeta a la ley y la información que requiere, y cierra la regla con su consecuencia: convocar sin seguir ese procedimiento es causa de anulabilidad de la convocatoria. No es nulidad de pleno derecho, pero tampoco una irregularidad sin efecto. Y no es una infracción: el art. 53 hace responsables de las infracciones a los beneficiarios, las entidades colaboradoras, sus representantes y los obligados a colaborar, no al órgano que convoca.

El art. 20.1 atribuye a la Base de Datos cuatro finalidades: promover la transparencia, servir para planificar las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. Es un instrumento de información, pero no sustituye a la publicación de las bases en el diario oficial que les corresponde, no fija cuantías, que son decisión de los órganos competentes, y no es el medio con el que el solicitante acredita que está al corriente con Hacienda.

El art. 19.1 permite a la normativa reguladora exigir un importe de financiación propia para cubrir la actividad, y añade que esa aportación se acredita en los términos del art. 30, el de la justificación. La subvención no tiene por qué cubrir el coste entero: lo que la ley prohíbe es lo contrario, que lo supere (art. 19.3). Y la ley no distingue aquí según el ánimo de lucro del beneficiario.

El art. 19.5 sienta la regla general —los rendimientos de los fondos librados incrementan la subvención y se aplican a la actividad— y la cierra con una excepción: no se aplica cuando el beneficiario es una Administración pública, y un ayuntamiento lo es. La salvedad de que las bases dispongan lo contrario por razones motivadas es la de la regla general, para los demás beneficiarios; aquí ni siquiera hace falta, porque la regla no alcanza al ayuntamiento. La ley no la hace depender de ningún convenio.

La Ley 38/2003, en su art. 20.8.b), deja sin publicar las subvenciones cuya publicación de los datos del beneficiario, en razón del objeto de la subvención, pueda ser contraria al honor o a la intimidad personal o familiar, y siempre que lo prevea su normativa reguladora: hacen falta las dos cosas. Las subvenciones de menos de 3.000 euros y las nominativas eran excepciones a la publicación en la redacción anterior del art. 18, que ya no rige. Y la ley no hace depender la publicación de que el beneficiario se oponga ni de lo que admita la convocatoria.

El art. 18.4 obliga a los beneficiarios a dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de los programas, actividades, inversiones o actuaciones subvencionadas, en los términos que fije el reglamento: quien vea la actividad tiene que saber que la paga dinero público. Es una obligación distinta de la del art. 18.3, que remite a la Ley 19/2013 para publicar las ayudas percibidas. Ni la valoración de su solicitud, ni los demás solicitantes, ni los informes de control son algo que el beneficiario tenga que difundir.

El art. 19.4 prevé que toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para conceder, y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos, puede dar lugar a modificar la resolución de concesión, en los términos de la normativa reguladora. No la vuelve nula: la nulidad mira a los vicios del acto cuando se dictó, y aquí el acto fue válido y lo que cambia es la situación después. Tampoco hace perder por sí sola la condición de beneficiario.

El art. 20.4 reparte la responsabilidad de suministrar la información, exacta, completa y en plazo, por Administraciones: en el sector público estatal, los titulares de los órganos y entidades que conceden; en las comunidades autónomas, su Intervención General u órgano que designe la propia comunidad; en las entidades locales, la Intervención u órgano que designe la entidad. El titular de cada órgano concedente es la respuesta del Estado, no la de las comunidades. La Intervención General del Estado recibe la información, no la suministra.

El art. 17.1 exige, antes de aprobar las bases, el informe de los servicios jurídicos y el de la Intervención Delegada correspondiente. El distractor más fino cambia la Delegada por la Intervención General: el informe es del interventor delegado en el departamento, no del centro directivo. La ley no pide aquí el informe de la Dirección General de Presupuestos, y el Tribunal de Cuentas fiscaliza después: no informa normas antes de que se aprueben.

El art. 20.4 encarga la comunicación a quien origina la prohibición: el tribunal que dictó la sentencia o la autoridad que impuso la sanción administrativa, y la comunicación tiene que concretar las fechas de inicio y final de la prohibición. La Intervención General administra la Base de Datos, pero no es quien informa de estas prohibiciones; tampoco el Ministerio Fiscal ni el órgano concedente, y el sistema no se fía de que el afectado se declare a sí mismo.