Ley 38/2003, General de Subvenciones 

El art. 20.9 permite a la Base de Datos publicar las sanciones firmes impuestas por infracciones muy graves —nombre o razón social del infractor, la infracción, la sanción y la subvención—, siempre que así lo recoja la propia sanción y durante el tiempo que esta fije. Hacen falta las dos condiciones: que la sanción sea firme y que la infracción sea muy grave. Las graves quedan fuera, y una sanción recurrida todavía no se publica.

El art. 34.4 prohíbe los pagos anticipados a quien se halle declarado en concurso, pero con una salvedad expresa: «salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio». Con el convenio eficaz, la prohibición del concurso decae, y la ley no añade la autorización del juez como requisito. La prohibición se refiere a los pagos anticipados, no a los pagos a cuenta, que se abonan contra la justificación presentada. El caso es un concurso pedido por los acreedores porque el mismo párrafo veda, aparte y sin esa salvedad, a quien haya solicitado la declaración de concurso voluntario.

El art. 37.1.a) incluye entre las causas de reintegro la obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando las que lo hubieran impedido. Parece un vicio del acto, y por eso tientan la nulidad y la anulabilidad, pero la ley lo coloca en el reintegro, y el art. 36.5 cierra la revisión de oficio cuando concurre una causa de reintegro: el beneficiario devuelve lo percibido con su interés de demora. La pérdida del derecho al cobro es lo que ocurre cuando aún no se ha pagado; aquí la subvención ya se cobró. Además, el mismo hecho puede ser infracción, con su sanción aparte.

El art. 31.1 exige que el gasto subvencionable se realice en el plazo que fijen las bases y, si no fijan ninguno, antes de que finalice el año natural en que se haya concedido la subvención. El cómputo es por año natural y lo marca la concesión, no un plazo de doce o seis meses ni el momento en que se paga la subvención.

El art. 3.2 somete a la ley las subvenciones de los organismos y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de cualquier Administración «en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas». No es «en todo caso», ni depende de que los fondos sean europeos ni de lo que diga su norma de creación.

El art. 25.4 pone un techo de seis meses y solo deja superarlo a una norma con rango de ley o a la normativa de la Unión Europea. Las bases reguladoras y la convocatoria no tienen ese rango, por mucho que motiven la complejidad o el volumen; y un real decreto, aunque lo apruebe el Gobierno, tampoco es norma con rango de ley.

El art. 28.3 somete esa norma especial a las previsiones de la ley con una sola salvedad: lo que afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia. Tiene sentido: la subvención es excepcional precisamente porque hay razones que dificultan convocarla. Todo lo demás —el reintegro, las infracciones y sanciones o la justificación, cuyo régimen tiene que regular la propia norma— sigue la ley.

El art. 11.3, en su párrafo segundo, exige que en las agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad consten expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución que asume cada miembro y el importe de subvención que aplicará cada uno, y por eso cada miembro tiene también la consideración de beneficiario. No basta un importe global sin repartir. La agrupación no necesita una entidad colaboradora, sino un representante o apoderado único, y la subcontratación es otra cuestión, que regula el art. 29.

El art. 16.3 enumera lo que el convenio de colaboración debe contener como mínimo, y su letra m) es la compensación económica que, en su caso, se fije a favor de la entidad colaboradora. La lista recoge también el objeto, la normativa especial, el plazo, las garantías, la entrega y la justificación de los fondos, los libros contables, el reintegro y el sometimiento a control; no recoge la relación de beneficiarios, los criterios de valoración de las solicitudes ni la aplicación presupuestaria.

El art. 48.1 obliga al personal controlador a la confidencialidad y al secreto, y cierra los usos de lo obtenido: los fines del control, servir de fundamento para la exigencia del reintegro y, en su caso, poner en conocimiento de los órganos competentes los hechos que puedan constituir una infracción administrativa o una responsabilidad contable o penal. Fuera de esa lista no caben otros usos, por útiles que parezcan, como cruzarlos con la situación tributaria, tenerlos en cuenta en otras convocatorias o darles publicidad.

El art. 11.1 llama beneficiario a la persona que ha de realizar la actividad que fundamentó el otorgamiento o que se encuentra en la situación que legitima la concesión. Quien entrega y distribuye los fondos en nombre del órgano concedente, y quien firma con él el convenio que regula esa gestión, es la entidad colaboradora (arts. 12.1 y 16.1): recibe los fondos, pero no para sí. Y solicitar no basta: sin concesión no hay actividad subvencionada que realizar.

El art. 13.3 bis exige a las personas físicas y jurídicas con ánimo de lucro sujetas a la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad, que acrediten cumplir los plazos de pago de esa ley para obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora en las subvenciones de más de 30.000 euros. Lo que se mide es pagar en plazo, no no deber nada. El informe de un auditor es uno de los medios para acreditarlo en ciertas empresas, no el requisito.

La letra b) del art. 13.2 empieza por «haber solicitado la declaración de concurso voluntario»: la prohibición nace con la solicitud, sin esperar a que el juez declare el concurso. La misma letra recoge después, como circunstancias distintas, hallarse declarado en concurso o haber sido inhabilitado; ninguna de ellas hace falta cuando ya se ha pedido el concurso voluntario.

El art. 34.4 llama pagos anticipados a las entregas de fondos previas a la justificación que financian la actividad, y exige que las prevean expresamente las bases, con su régimen de garantías. Los pagos a cuenta, y los pagos fraccionados en que pueden consistir, van al ritmo de ejecución y se abonan por cuantía equivalente a la justificación ya presentada: siguen a la justificación, no la preceden. Los pagos a justificar son una figura de la Ley General Presupuestaria (art. 79), no la que usa la Ley 38/2003 para estas entregas.

El art. 36.5 separa los dos caminos: cuando concurre una causa de reintegro, no procede la revisión de oficio del acto de concesión, y lo que corresponde es el procedimiento de reintegro. La revisión es para los vicios del propio acto (nulidad o anulabilidad, art. 36.1 y 36.2); el reintegro, para lo que pasa con un acto válido. La ley no condiciona esa regla al tiempo transcurrido ni deja la elección en manos de la Intervención General.

La letra a) del art. 13.2 nombra la condena firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y, por la condena misma, la de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. Las negociaciones prohibidas a los funcionarios, el blanqueo de capitales y la corrupción en los negocios sí impiden contratar con el sector público (art. 71.1.a de la Ley de Contratos del Sector Público, con una lista mucho más larga), pero la Ley 38/2003 no los nombra.

El art. 43 coordina las dos miradas sin jerarquizarlas: el pronunciamiento del órgano gestor sobre la aplicación de los fondos se entiende sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General. Que el gestor haya dado la aplicación por buena no cierra la puerta al control, ni la deja abierta solo ante indicios de fraude, ni hace falta que el gestor lo pida.

El art. 13.3 impide obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora a las asociaciones cuyo procedimiento de inscripción se ha suspendido por indicios racionales de ilicitud penal, «en tanto no recaiga resolución judicial firme» que permita inscribirlas. No hace falta una condena: basta la suspensión. Y aquí no cabe la salvedad del art. 13.2, que deja exceptuar sus circunstancias a la normativa reguladora: el art. 13.3 abre con «en ningún caso» y este párrafo sigue con «tampoco».

El art. 8.3.c) enuncia la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. La eficacia es el distractor tentador, porque está en la letra anterior: el 8.3.b) la refiere al cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante, es decir, a lograr lo propuesto, no a cómo se emplean los recursos. La objetividad y la transparencia están en la lista de la letra a), sin referencia a los recursos.

El art. 15.1.c) obliga a la entidad colaboradora a justificar ante el órgano concedente la entrega de los fondos percibidos y, en su caso, a entregarle la justificación que presenten los beneficiarios. La realización de la actividad la justifica el beneficiario (art. 14.1.b), que es quien la lleva a cabo; la colaboradora no la ejecuta ni la financia, y los fondos no son suyos para aplicarlos a su gestión.