Los beneficiarios y las entidades colaboradoras

La letra b) del art. 13.2 empieza por «haber solicitado la declaración de concurso voluntario»: la prohibición nace con la solicitud, sin esperar a que el juez declare el concurso. La misma letra recoge después, como circunstancias distintas, hallarse declarado en concurso o haber sido inhabilitado; ninguna de ellas hace falta cuando ya se ha pedido el concurso voluntario.

La letra a) del art. 13.2 nombra la condena firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y, por la condena misma, la de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. Las negociaciones prohibidas a los funcionarios, el blanqueo de capitales y la corrupción en los negocios sí impiden contratar con el sector público (art. 71.1.a de la Ley de Contratos del Sector Público, con una lista mucho más larga), pero la Ley 38/2003 no los nombra.

El art. 13.3 impide obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora a las asociaciones cuyo procedimiento de inscripción se ha suspendido por indicios racionales de ilicitud penal, «en tanto no recaiga resolución judicial firme» que permita inscribirlas. No hace falta una condena: basta la suspensión. Y aquí no cabe la salvedad del art. 13.2, que deja exceptuar sus circunstancias a la normativa reguladora: el art. 13.3 abre con «en ningún caso» y este párrafo sigue con «tampoco».

El art. 15.1.c) obliga a la entidad colaboradora a justificar ante el órgano concedente la entrega de los fondos percibidos y, en su caso, a entregarle la justificación que presenten los beneficiarios. La realización de la actividad la justifica el beneficiario (art. 14.1.b), que es quien la lleva a cabo; la colaboradora no la ejecuta ni la financia, y los fondos no son suyos para aplicarlos a su gestión.

El art. 12.1 define la entidad colaboradora como la que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente, entrega y distribuye los fondos públicos a los beneficiarios cuando así lo establecen las bases. Recibir los fondos no la convierte en beneficiaria: beneficiario es quien ha de realizar la actividad subvencionada (art. 11.1), y la fundación no realiza ninguna, solo hace llegar el dinero. Tampoco es miembro asociado ni subcontratista, que actúan por cuenta del beneficiario, no del órgano concedente.

El art. 14.1.e) obliga al beneficiario a acreditar que está al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social «con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión». El límite no es el fin del plazo de solicitudes, y tampoco se deja para después de notificada la concesión ni para la justificación: es un requisito para llegar a la propuesta.

La letra d) del art. 13.2 impide obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora cuando están incursos en los supuestos de la ley de altos cargos o de la Ley 53/1984, de incompatibilidades, la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas. En una sociedad mercantil la ley mira a los administradores, no a los socios, al accionista mayoritario ni al personal que ejecute la actividad.

El art. 12.1 da dos formas de ser entidad colaboradora: entregar y distribuir los fondos a los beneficiarios, o colaborar en la gestión de la subvención «sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos». Lo tentador es quedarse con la primera, que es la más conocida. La condición no exige ser un ente público, porque el art. 12.2 admite también a personas jurídicas privadas, y colaborar en la gestión no hace a nadie beneficiario, que es quien realiza la actividad subvencionada.

El art. 15.2 dice que, cuando la Administración General del Estado, sus organismos públicos o las comunidades autónomas actúan como entidades colaboradoras, las actuaciones de comprobación y control del art. 15.1.d) las llevan a cabo los correspondientes órganos dependientes de ellas, sin perjuicio de las competencias de los órganos de control comunitarios y del Tribunal de Cuentas. Eso incluye la comprobación que, con otra colaboradora, haría el órgano concedente: aquí no la hacen los servicios del ministerio, ni la Intervención General del Estado, ni la Delegación del Gobierno.

El art. 13.2 abre la lista con una salvedad: las circunstancias impiden obtener la condición «salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora». La excepción la pone la norma que regula la subvención, no el órgano concedente en cada resolución ni el Consejo de Ministros. Que casi todas se aprecien de forma automática (arts. 13.4 y 13.5) dice cómo se aplican, no que no puedan exceptuarse. El contraste está en el art. 13.3, que para ciertas asociaciones dice «en ningún caso».

El art. 16.2 limita la vigencia inicial del convenio a cuatro años y permite prorrogarlo por mutuo acuerdo, con dos topes: las prórrogas no pueden durar más que el período inicial y el convenio entero no puede exceder de seis años. Los ocho años tientan porque son lo que la Ley 40/2015 permite a los convenios en general (art. 49.h: hasta cuatro años y una prórroga de hasta cuatro más); para el convenio con una entidad colaboradora rige el tope de la Ley 38/2003.

El art. 16.2 fija un límite general a la vigencia del convenio y a sus prórrogas, pero añade una excepción en su segundo párrafo: cuando la subvención tiene por objeto la subsidiación de préstamos, la vigencia puede prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos. El límite general es justo lo que esta regla desplaza, y el pago de la subvención no marca el final, porque la subsidiación dura lo que duran los préstamos.

No estar al corriente de las obligaciones tributarias es la letra e) del art. 13.2, y el art. 13.4 dice que esa prohibición, como las de las letras b), d), f), g), h), i) y j), se aprecia de forma automática y subsiste mientras concurren las circunstancias que la determinan. No hace falta que la declare el órgano concedente, ni un procedimiento con audiencia, ni que se inscriba antes en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

El art. 12.1 cierra la definición de entidad colaboradora diciendo que los fondos que recibe «en ningún caso» se consideran integrantes de su patrimonio: los maneja en nombre y por cuenta del órgano concedente. No le pertenecen mientras los tiene ni por quedar sin entregar al cierre del ejercicio, y ese «en ningún caso» tampoco deja que el convenio de colaboración disponga otra cosa.

El art. 14.1.d) obliga al beneficiario a comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad, y fija cuándo: tan pronto como lo conozca y, en todo caso, antes de justificar la aplicación de los fondos. La tentadora es esperar a la justificación, pero ese es el límite que no puede pasarse, no el momento de hacerlo. Tampoco espera a un requerimiento ni tiene un plazo de un mes.

El art. 14.2 dice que la rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones prevista en el art. 34.3 de la Ley 7/1988, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumenta a través del cumplimiento de la obligación de justificación ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora. No hay una rendición aparte: ni el perceptor envía sus cuentas al Tribunal, ni el órgano concedente rinde por él una memoria, ni se integran en la Cuenta General del Estado.

El art. 13.5 dice que el alcance de las prohibiciones de las letras a) y h) del art. 13.2 es el que determine la sentencia o la resolución firme, y que, en su defecto, se fija por el procedimiento que determine el reglamento, sin poder exceder de cinco años cuando la prohibición no deriva de sentencia firme. Los tres años tientan porque son el tope de la Ley de Contratos del Sector Público para las prohibiciones de contratar que no nacen de sentencia (art. 72.6); en la Ley 38/2003 el tope es de cinco. Que la resolución calle no anula la prohibición, y su duración no queda al criterio de cada convocatoria.

La letra i) del art. 13.2 dice que no pueden acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones del art. 11.3, párrafo segundo, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores «en cualquiera de sus miembros». No estar al corriente con la Seguridad Social es una de ellas (letra e). Basta un miembro: no se arregla dejándolo sin importe ni mirando solo al representante único. Y la falta de personalidad no es el obstáculo, porque las bases admiten estas agrupaciones, como permite el art. 11.3.

El art. 12.1, en su párrafo segundo, da la condición de entidad colaboradora a quienes, denominados beneficiarios por la normativa comunitaria, tienen encomendadas «exclusivamente» las funciones del párrafo anterior: entregar y distribuir los fondos, o colaborar en la gestión, en nombre y por cuenta del órgano concedente. Lo que decide es lo que la entidad hace, no el nombre que le dé una norma ni una renuncia. Quien solo hace eso no realiza la actividad subvencionada, así que no es beneficiaria (art. 11.1). Y no se exige ser un ente público: el art. 12.2 admite también a personas jurídicas privadas.

El art. 14.1.g) obliga a conservar los documentos justificativos, también los electrónicos, «en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control». La medida no la da un hito de la gestión de la subvención, como el pago, la comprobación por el órgano concedente o el cierre del ejercicio, sino que esos documentos puedan seguir siendo examinados, por ejemplo en un control financiero posterior.