El control financiero de la Intervención General

El art. 44.2 enumera lo que el control financiero verifica, y lo abre con la adecuada y correcta obtención de la subvención por el beneficiario; le siguen el cumplimiento de sus obligaciones, la justificación, la realidad y regularidad de las operaciones financiadas, la financiación de la actividad y los hechos no declarados a la Administración. Todo ello mira a cómo se obtuvo, se aplicó y se justificó la subvención. Ni la oportunidad de elegir a ese beneficiario, ni el encaje de las bases en la planificación, ni la solvencia del beneficiario están en esa lista.

El art. 46.2 considera la negativa a colaborar como resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos del art. 37, el de las causas de reintegro, y añade «sin perjuicio de las sanciones» que puedan corresponder. El art. 37.1.e) hace de esa conducta causa de reintegro cuando impide verificar el empleo dado a los fondos, y si además se sanciona, la sanción no excluye el reintegro. No es, por tanto, un hecho sin consecuencias que solo se anota, y negarse tampoco pone fin al control ni le quita efectos.

El art. 47.1 los considera agentes de la autoridad cuando ejercen el control financiero de subvenciones, y extiende esa consideración a los funcionarios de los órganos que tengan atribuido el control financiero según la normativa comunitaria. No actúan al servicio del órgano concedente ni de los juzgados, y la ley no los equipara a la inspección de los tributos: sus facultades son las que ella misma enumera en el art. 46.

El art. 49.1 ata el control financiero al plan anual de auditorías, y a sus modificaciones, que aprueba cada año la propia Intervención General; el reglamento dice cuándo puede extenderse más allá de lo previsto en el plan. El plan estratégico de subvenciones es otra cosa: es el instrumento de planificación de quien concede (art. 8), no el del control. Y la ley no pone el control a merced de un calendario del Gobierno ni de las peticiones de los órganos concedentes.

El art. 49.7 cuenta los doce meses desde la fecha en que se notifica al beneficiario o a la entidad colaboradora el inicio de las actuaciones. La personación del equipo es posterior: es una de las cosas que esa notificación anuncia (art. 49.2). El plazo puede ampliarse hasta doce meses más si las actuaciones son especialmente complejas o si se descubre que el controlado ocultó información o documentación esencial, y no corren las dilaciones que le sean imputables (art. 49.8).

El art. 49.6 cierra el control de otra forma cuando lo que está en juego es la validez de la concesión: termina con una resolución de la Intervención General que declara la improcedencia de continuar las actuaciones, y si después se declara la validez total o parcial del acto, pueden volver a iniciarse. El caso viene de la suspensión del art. 49.3, la que se abre cuando aparecen causas de devolución distintas de las del art. 37: cuando el órgano concedente comunica sus medidas (art. 49.4) y son actuaciones que afectan a la validez, el control no queda en suspenso sin plazo, sino que se cierra así. Tampoco acaba con el informe ordinario ni cierra la puerta para siempre.

El art. 51.5 dice que omitir el trámite del apartado 3, el informe de la Intervención General sobre las alegaciones, da lugar a la anulabilidad de la resolución, que puede convalidarse por acuerdo del Consejo de Ministros, competente también para su revisión de oficio. No es nulidad de pleno derecho ni un defecto sin consecuencias, y la convalidación no queda en manos del ministro del departamento. Para que el Consejo de Ministros lo sepa, la Intervención General le eleva, a través del Ministro de Hacienda, un informe sobre las resoluciones que conozca incursas en esa causa.

El art. 51.2 sube la discrepancia un escalón: la Intervención General puede emitir un informe de actuación dirigido al titular del departamento del que dependa el órgano gestor, con traslado a este. El titular tiene dos meses para manifestar su conformidad, que vincula al órgano gestor, o su disconformidad, que la Intervención puede elevar, a través del Ministro de Hacienda, al Consejo de Ministros o a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, según el importe. Al Consejo de Ministros solo se llega después, si el titular discrepa. La Intervención no sustituye al gestor, y el asunto no sale del Gobierno hacia el Tribunal de Cuentas.

El art. 45.1 hace de la Intervención General el órgano competente para establecer, de acuerdo con la normativa europea y nacional, la necesaria coordinación de controles, y para mantener a esos solos efectos las relaciones con la Comisión Europea, los entes territoriales y la Administración General del Estado. Coordinar no es hacerlos todos: el propio art. 45 reparte los controles de las ayudas agrarias entre la Agencia Tributaria, la Intervención General y los órganos de control de las comunidades autónomas, y el 45.4 deja que los órganos de control de las demás Administraciones lleven a cabo sus propios controles y verificaciones. La ley no le encarga autorizar cada control ajeno, y las bases reguladoras no son cosa del control.

El art. 46.1 da a los órganos de control cuatro facultades, y la de su letra d) es el libre acceso a la información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se haya podido cobrar la subvención o desde las que se hayan podido disponer los fondos. Es un acceso directo: la ley no lo hace pasar por un juzgado ni por la Agencia Tributaria, ni lo limita a lo que quiera aportar el propio beneficiario.

El art. 44.5 permite extender el control a las personas físicas o jurídicas a las que estén asociados los beneficiarios y a cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la consecución de los objetivos, en la realización de las actividades o en la ejecución de los proyectos. Así que el ámbito no se cierra en el beneficiario y la entidad colaboradora. Tampoco se dirige hacia dentro de la Administración: el control recae sobre quienes perciben o gestionan los fondos (art. 44.1), no sobre el órgano concedente ni sobre quienes valoraron las solicitudes, que forman parte del procedimiento de concesión.