Las infracciones y las sanciones

Por regla general, el art. 66.1 atribuye las sanciones a los ministros o secretarios de Estado de los departamentos concedentes, y por eso los dos primeros distractores tientan: son competentes para la multa. Pero el párrafo segundo hace una excepción para las sanciones no pecuniarias —la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas y avales, la prohibición de contratar y la pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora—: esas corresponden al Ministro de Hacienda. El Consejo de Ministros no interviene.

El art. 54.c) exime de responsabilidad, cuando la conducta deriva de una decisión colectiva, a quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó. La abstención no está en la lista. Tienta porque, en los órganos colegiados de las Administraciones, la Ley 40/2015 sí exime a quien se abstiene (art. 17.6); pero eso no vale para un consejo de administración, y la Ley 38/2003, para las decisiones colectivas de quien comete la infracción, exime a quien salvó su voto o no asistió. Votar a favor sin conocer la ilicitud tampoco está en la lista, y el cargo que se ocupe en el órgano no es causa de exención.

El art. 62.1 sanciona las infracciones graves con multa pecuniaria proporcional del tanto al doble. La multa fija es la de las leves, y la del doble al triple es la de las muy graves (art. 63.1): un grado más, un tramo más.

El art. 65.2 fija para las sanciones un plazo de prescripción de cuatro años contado desde el día siguiente a aquel en que adquirió firmeza la resolución que las impuso. La comisión es el día inicial de la prescripción de la infracción (65.1), no de la sanción; el vencimiento del plazo de justificación y la notificación no son el día que dice la ley para las sanciones.

El art. 61.1 sanciona cada infracción leve con multa de 75 a 900 euros, «salvo lo dispuesto en el apartado siguiente»: el 61.2 enumera unas leves concretas a las que corresponde una multa mayor. Esa es la excepción, no la regla. La multa proporcional no es la sanción de las leves.

El art. 61.2 aparta de la regla general de las leves (art. 61.1) unas infracciones concretas, a las que impone una multa de 150 a 6.000 euros, y la primera es la inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos. La infracción sigue siendo leve: cambia la multa, no el grado.

En las infracciones graves, el art. 62.2 exige tres cosas a la vez para añadir la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, la prohibición de contratar o la de actuar como entidad colaboradora: que el perjuicio represente más del 50 % de la subvención, que exceda de 30.000 euros y que concurra una de las circunstancias de las letras b) o c) del art. 60.1. Aquí se cumplen la cuantía y la circunstancia, pero el perjuicio es el 35 %: falta un requisito y no cabe. Y el propio art. 62.2 muestra que ser grave no impide estas sanciones.

El art. 57.a) tipifica como infracción grave incumplir la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, que es una de las obligaciones del beneficiario del art. 14. Que la ayuda no comunicada pueda dar lugar además a un reintegro no le quita el carácter de infracción tipificada.

El art. 52 define las infracciones en materia de subvenciones como las acciones y omisiones tipificadas en la ley y añade que son sancionables «incluso a título de simple negligencia»: basta el descuido más leve, no hace falta dolo ni una negligencia cualificada. Lo que no cabe es sancionar por el mero resultado: hace falta al menos esa negligencia, y el art. 54 exime, por ejemplo, cuando concurre fuerza mayor.

En las muy graves, el art. 63.2 pide menos que en las graves: basta que el perjuicio exceda de 30.000 euros y que concurra una de las circunstancias de las letras b) o c) del art. 60.1. No pide que el perjuicio alcance ninguna proporción de la subvención: el porcentaje del distractor tentador sale de otro precepto, y aquí no se aplica. Aquí se cumplen los dos requisitos de la muy grave, y la comisión repetida (letra a) no es una de las circunstancias que exige el precepto.

El art. 60.1.a) solo entiende producida la comisión repetida cuando el infractor fue sancionado por una infracción de la misma naturaleza, «ya sea grave o muy grave», por resolución firme en vía administrativa, dentro de los cuatro años anteriores a la comisión. Aquí se cumplen la naturaleza, la firmeza y el plazo (dos años está dentro de los cuatro), pero la infracción anterior fue leve, y eso basta para que no se aprecie. Por eso los dos «sí» fallan, y el «no» por haber pasado más de un año no responde a lo que dice la ley.

La primera infracción muy grave del art. 58 es obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado. Las cuentas inexactas o incompletas y la falta de conservación de justificantes son leves (art. 56.b y 56.e). Alterar sustancialmente los fines incumpliendo las condiciones es grave (art. 57.b): es muy grave, en cambio, no aplicar las cantidades recibidas a esos fines (art. 58.b).

El art. 59.2 fija la base de la multa proporcional: la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada (y, para las entidades colaboradoras, los fondos indebidamente aplicados o justificados). No se calcula sobre toda la subvención ni sobre el coste de la actividad, sino sobre la parte afectada por la infracción. Tampoco sobre lo que haya que reintegrar, que es otra obligación con su propio cálculo.

El art. 59.3 dice que las sanciones no pecuniarias —la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas y avales o de actuar como entidad colaboradora, y la prohibición de contratar— se pueden imponer en caso de infracciones graves o muy graves. Nunca en las leves, ni siquiera repetidas. Y no son exclusivas de las muy graves: los arts. 62.2 y 63.2 las prevén para las dos, con umbrales y plazos distintos.