La subcontratación, la justificación y los gastos subvencionables

El art. 29.5 no crea ninguna relación entre los contratistas y la Administración: quedan obligados ante el beneficiario, y es este quien asume la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. Por eso no responden ante la entidad concedente ni solidaria ni subsidiariamente, ni por la parte que ejecuten. Lo que sí les impone el art. 29.6 es el deber de colaboración del art. 46, para que pueda verificarse que se respetan los límites de los gastos subvencionables.

A falta de previsión de las bases, el art. 30.2 da al beneficiario, como máximo, tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. El día inicial lo marca el fin del plazo de ejecución, no un hecho del propio beneficiario (cuándo cobra o cuándo paga su último gasto) ni la concesión, que es anterior a la actividad que hay que justificar.

El art. 33.4 compara las dos cifras con dos umbrales a la vez: si la diferencia es inferior a 120.000 euros y al 10 % del valor comprobado por la Administración, manda la tasación del perito del beneficiario. Aquí la diferencia es de 20.000 euros, un 5 % de 400.000, así que se cumplen los dos. Solo si se superase alguno habría que designar un perito tercero, cuya valoración serviría entonces de base. La ley no prevé hacer la media.

El art. 30.4 exige acreditar en la justificación el importe, la procedencia y la aplicación de los fondos propios, las otras subvenciones o los demás recursos que hayan financiado la actividad. La justificación no se ciñe a lo que puso esta subvención, porque así se comprueba que la actividad no se ha financiado de más, y no basta con el importe ni con su peso en el coste: la ley pide de dónde vienen esos fondos y a qué se aplicaron. Una cuenta separada no la exige el artículo. Es un deber distinto del de comunicar la otra ayuda en cuanto se conoce (art. 14.1.d): aquí se acredita, en la justificación, a qué se aplicó.

El art. 31.3 exige pedir las tres ofertas con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien: la comparación tiene que hacerse antes de comprometerse con un proveedor, no después. Las ofertas se aportan luego en la justificación (o, en su caso, en la solicitud), pero eso es cuándo se presentan, no cuándo se piden. La regla cede si no hay en el mercado suficientes proveedores o si el gasto se hizo antes de la subvención, dos salvedades que el caso descarta.

El art. 29.2 cierra con una prohibición sin excepciones: no pueden subcontratarse las actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido a su contenido. La ley no veda subcontratar el núcleo de la actividad (admite la subcontratación total si la normativa lo prevé), ni lo que el beneficiario no sabría hacer, que es justamente lo que suele subcontratarse, ni distingue por el lugar donde esté establecido el contratista.

Salvo que las bases digan otra cosa, el art. 31.2 considera gasto realizado el efectivamente pagado antes de que finalice el período de justificación. Que el servicio se prestara en plazo no basta, porque lo que cuenta es el pago, y pagar más tarde, aunque sea antes de la comprobación, ya no cumple la regla. La ley no exige pagar en el mes de la factura: el límite es el fin del período de justificación (para las empresas, el mismo apartado añade los plazos de pago de su normativa sectorial o de la ley contra la morosidad).

El art. 29.2 abre la subcontratación con una condición previa: el beneficiario puede subcontratar, total o parcialmente, cuando la normativa reguladora de la subvención lo prevea. Si la normativa calla, no hay subcontratación posible, ni con una autorización de la entidad concedente (la ley la pide, en ciertos casos, para subcontratar lo que ya está permitido, no para abrir la puerta), ni comunicándolo, ni alegando falta de medios propios.

El art. 29.7.d) prohíbe concertar la actividad con personas o entidades vinculadas al beneficiario salvo que concurran dos circunstancias: la autorización previa y expresa del órgano concedente, que el caso ya da, y que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada, que se acredita en la justificación como los gastos del propio beneficiario. Así la vinculada no puede cobrar a la subvención un margen sobre su coste. La ley no pide escritura pública, y la participación en el capital sirve para saber si hay vinculación (art. 68.2 del Reglamento de la ley), no es una condición para poder concertar; comunicarlo al justificar no sustituye a ninguna de las dos condiciones.

Para los inmuebles, el art. 30.5 añade a los justificantes ordinarios del art. 30.3 un certificado de tasador independiente, debidamente acreditado e inscrito en el registro oficial correspondiente. El dictamen de peritos de la Administración existe, pero es uno de los medios con que la propia Administración comprueba valores (art. 33.1), no algo que aporte el beneficiario. La declaración del vendedor y una autorización previa de la compra no las pide la ley.

El art. 29.3 acopla dos umbrales que tienen que darse a la vez: que la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y que «dicho importe» sea superior a 60.000 euros. Hacen falta las dos cifras. Entonces el contrato se celebra por escrito y su celebración la autoriza previamente la entidad concedente, en la forma que digan las bases. Basta con que falle uno de los dos umbrales para que no se exijan esos requisitos, y el art. 29.4 impide fraccionar el contrato para quedarse por debajo.

El art. 30.1 deja que la normativa reguladora elija entre tres formas: la cuenta justificativa del gasto realizado, la acreditación del gasto por módulos o la presentación de estados contables. La declaración responsable sin justificantes no es ninguna de esas tres formas (ni de las modalidades de justificación del Reglamento de la ley), y ni el certificado bancario ni el acta notarial figuran en la ley como forma de justificar.

El art. 29.1 llama subcontratar a concertar con terceros la ejecución de la actividad que es objeto de la subvención, y deja fuera de ese concepto, expresamente, los gastos en que el beneficiario tiene que incurrir para realizar por sí mismo la actividad. El aula y la reprografía son eso: el curso lo imparte la asociación. Que haya un contrato con un tercero no basta, y la ley tampoco exige que se encargue la actividad entera, porque la ejecución concertada puede ser «total o parcial».