Los principios, el plan estratégico y los órganos que conceden

El art. 9.4.b) pide la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión: adecuado, porque el gasto tiene que poder imputarse a él, y suficiente, porque tiene que alcanzar. Que el crédito esté ya comprometido a favor del beneficiario es el distractor tentador, pero el compromiso es consecuencia de conceder, no un requisito previo. La ley no exige que el crédito sea plurianual ni que se haya declarado ampliable.

El art. 10.4 no designa él mismo el órgano local: remite a la legislación de régimen local, de modo que es competente el órgano que tenga atribuida esa función en ella. El plan estratégico es un distractor tentador, pero el art. 8.1 le encarga concretar objetivos, plazos, costes y financiación, no atribuir competencias; y las bases reguladoras ordenan el procedimiento de cada subvención, pero no crean la competencia para concederla, que viene de la ley. Que el dinero lo aporte el Estado no desplaza a la corporación.

El art. 8.1 cierra la descripción del plan estratégico diciendo que se supedita «en todo caso» al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria: el plan no puede comprometer costes que esos objetivos no admitan. La autorización del Consejo de Ministros existe, pero en el art. 10.2 y para conceder subvenciones de gran cuantía, no para el plan. Las bases reguladoras van después del plan y se refieren a él, no al revés, y la ley no somete el plan a un informe de la Intervención General.

La letra a) del art. 8.3 enumera la publicidad, la transparencia, la concurrencia, la objetividad, la igualdad y la no discriminación; las letras b) y c) añaden la eficacia y la eficiencia. De las opciones, la concurrencia es la que está en esa lista. Las otras tres son principios de gestión que aparecen en normas vecinas —la libertad de acceso a las licitaciones en la contratación pública, la proporcionalidad y la racionalización entre los principios generales de actuación de las Administraciones—, pero no están en la lista del art. 8.3.

El art. 10.2 exige la previa autorización del Consejo de Ministros para conceder subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros. Con 10 millones no se llega al umbral, así que concede el órgano competente del art. 10.1 sin ese acuerdo. Los 3 y los 6 millones no son umbrales de este artículo, y la ley no ata la autorización a la concesión directa, sino a la cuantía. No hay que confundirla con su gemela de la Ley General Presupuestaria, que pide también al Consejo de Ministros autorizar ciertos convenios por encima de esa misma cifra: es otro objeto.

El art. 8.2 dice que, si los objetivos afectan al mercado, la orientación de la subvención debe dirigirse a corregir fallos claramente identificados, y que sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores. Reforzar la competitividad de las beneficiarias, sostener el empleo de un sector o favorecer a las pymes pueden ser fines de una política de fomento, pero no son lo que el artículo exige cuando hay mercado de por medio: lo que pide es un fallo identificado que corregir y la menor distorsión posible.

El art. 10.3 dice que las facultades para conceder subvenciones pueden ser objeto de desconcentración mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros. La orden ministerial es el distractor que más atrae, porque es la norma propia de un departamento, pero desconcentrar la competencia para conceder exige el rango de real decreto. Una resolución del propio órgano titular sería una delegación, no una desconcentración, y una instrucción de la Subsecretaría no altera la titularidad de una competencia.

El art. 10.2 precisa que, en la concurrencia competitiva, la autorización debe obtenerse antes de la aprobación de la convocatoria cuya cuantía supere el límite: es la convocatoria la que fija cuánto se va a repartir, y por eso el control se hace al principio. Pedirla antes de la resolución de concesión es el distractor tentador, porque la ley habla de autorizar la concesión, pero en este procedimiento la cuantía queda fijada al convocar. Antes de la propuesta o del pago llegaría igualmente tarde.

Desde la reforma de 2022, el art. 8.1 pide a las bases reguladoras que digan en qué plan estratégico se integran y cómo contribuyen a sus objetivos; y si la subvención no estaba prevista, que se motive por qué es necesario establecerla aun así y de qué forma afecta al cumplimiento del plan. La ley no exige modificar antes el plan, que es el distractor tentador: una subvención no prevista es posible, pero tiene que justificarse. Tampoco pide por eso una autorización del Consejo de Ministros ni impone un procedimiento de concesión concreto.

El art. 8.1 obliga a quien proponga establecer subvenciones a concretar antes, en un plan estratégico, los objetivos y efectos que persigue, el plazo necesario para alcanzarlos, los costes previsibles y sus fuentes de financiación: es un instrumento de planificación, no de concesión. Los distractores tientan porque son cosas que sí se fijan, pero en otro sitio: los beneficiarios, la cuantía, el procedimiento, los criterios de valoración, los órganos, las entidades colaboradoras o las garantías son contenido de las bases reguladoras de cada subvención, que vienen después y se integran en el plan. La ley no lo llama «anual», y el Reglamento (art. 11.4 del RD 887/2006) le da como regla una vigencia de tres años.

El art. 9.2 exige que, antes de otorgar las subvenciones, se aprueben las normas que establezcan sus bases reguladoras de concesión: son el marco que fija las reglas de cada tipo de subvención. El convenio con una entidad colaboradora solo existe si interviene una, y la ley no lo convierte en requisito previo de todo otorgamiento. El control financiero de la Intervención General y la programación de los pagos de la Tesorería son actuaciones de otros órganos que el artículo no exige aprobar antes de otorgar.