El reintegro y su procedimiento

El art. 36.1 arranca con «Son causas de nulidad de la resolución de concesión» y enumera dos: en la letra a), las generales de cualquier acto administrativo; en la b), una propia, la carencia o insuficiencia de crédito. La infracción de las reglas de la propia ley es el distractor tentador porque también invalida, pero el art. 36.2 la hace causa de anulabilidad, no de nulidad. El incumplimiento de la actividad y la falta de justificación no invalidan la concesión: ocurren después, sobre un acto válido, y son causas de reintegro del art. 37.

El art. 42.4 cuenta los doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. La notificación de ese acuerdo es el distractor que más tienta, pero la ley no la toma como referencia: el reloj arranca con la fecha del acuerdo. La denuncia o el informe solo dan lugar a que se acuerde iniciar, y la audiencia, que se garantiza en todo caso (art. 42.3), es un trámite dentro del plazo, no su comienzo.

El art. 37.3 da a este caso una medida propia: se reintegra el exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, y además se exige el interés de demora correspondiente. No se devuelve la subvención entera, porque la actividad se hizo y lo que sobra es solo lo que pasa del coste. Quien elige el exceso sin interés acierta en la medida y falla en el accesorio: la ley pide expresamente el interés de demora.

El art. 37.1 cuenta el interés de demora desde el pago de la subvención y lo cierra en la fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro o en la del ingreso del deudor, si es anterior. Aquí el ingreso llega antes, así que el período termina con él. La opción del acuerdo es la regla cuando no hay ingreso previo, y es la que hay que saber descartar; el plazo de justificación no abre el período, y pagar por iniciativa propia no exime del interés: solo adelanta su final.

El art. 40.4 transmite las obligaciones de reintegro pendientes de una sociedad disuelta y liquidada a los socios o partícipes en el capital, que responden solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les adjudicó. La solidaridad sin límite falla en el tope, que es lo que hay que retener. La responsabilidad de los socios es solidaria, no mancomunada ni a partes iguales; y la obligación no se extingue con la sociedad: se transmite.

El art. 41.1 atribuye al órgano concedente la competencia para exigir el reintegro cuando aprecie alguno de los supuestos del art. 37. La Intervención General es el distractor tentador porque su informe de control financiero puede dar lugar a que se inicie el procedimiento (art. 42.2), pero no lo resuelve. Ni el Ministerio de Hacienda ni el Tribunal de Cuentas aparecen en la ley como órganos del reintegro.

El art. 39.3.b) incluye entre las causas de interrupción la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, junto a los recursos y la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal. La comprobación interna es el distractor fino: la acción de la Administración solo interrumpe si se hace con conocimiento formal del beneficiario (art. 39.3.a). El vencimiento del plazo de justificación no es una actuación de nadie: marca el día desde el que se cuenta la prescripción, no la interrumpe. Y conceder otra subvención no se dirige a determinar las causas de reintegro de esta.

El art. 42.5 dice sin condiciones que la resolución del procedimiento de reintegro pone fin a la vía administrativa. No depende de que el órgano que la dicta tenga o no superior jerárquico, que es el criterio general que tienta aplicar aquí, ni de un informe previo de la Intervención General; y, como agota la vía, no hay alzada intermedia.

El art. 39.2.a) cuenta los cuatro años desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación, no desde que se presentó: el día inicial es el mismo justifique el beneficiario pronto, tarde o nunca. La ley tiene otros dos plazos de cuatro años, los de las infracciones y las sanciones del art. 65, con sus propios días iniciales, y de ahí salen los distractores.

El art. 38.2 fija como interés de demora en subvenciones el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, y deja a la Ley de Presupuestos Generales del Estado la posibilidad de establecer otro. La regla es la fórmula, no una cifra de un año concreto: el interés legal cambia, y el recargo del 25 % se le suma sea cual sea. El interés legal a secas, sin incremento, es el distractor que más tienta.

Es el supuesto del art. 30.7: la subvención se da por la situación del perceptor, que solo la acredita antes de concederse, y no hay después una justificación cuyo plazo pueda vencer. Por eso el art. 39.2.b) adelanta el día inicial al momento de la concesión. El pago no es la referencia en ningún caso del art. 39, y que la situación cese después no abre un plazo nuevo.

Cuando hay condiciones u obligaciones que el beneficiario tiene que cumplir o mantener durante un período, el art. 39.2.c) cuenta la prescripción desde que vence ese período. Tiene sentido: hasta entonces el incumplimiento aún puede ocurrir. El vencimiento del plazo de justificación es la regla general del 39.2.a) y la concesión es la del 39.2.b), pero son días iniciales de otros supuestos del mismo art. 39.2. Y no cuenta desde el día en que el beneficiario dejó de cumplir, sino desde que vence el período fijado.

El art. 40.1, después de imponer a beneficiarios y entidades colaboradoras la obligación de reintegrar, añade que esa obligación es independiente de las sanciones que resulten exigibles. Son dos cosas distintas: el reintegro devuelve lo percibido sin título y la sanción castiga la infracción. Por eso ninguna absorbe a la otra, ni se compensan, ni se elige la mayor.

El art. 38.1 da a lo que se reintegra la consideración de ingresos de derecho público y remite su cobranza a la Ley General Presupuestaria. No es una sanción: el reintegro devuelve lo percibido sin título, y la sanción castiga una infracción, con régimen propio en el título IV. Tampoco es un crédito civil que haya que reclamar ante el juez, ni una indemnización por daños.

El art. 37.2 pide dos condiciones a la vez: que el cumplimiento se aproxime de modo significativo al total y que el beneficiario acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. Con las dos, la cantidad a reintegrar se calcula con los criterios de graduación de las bases (art. 17.3.n). La ley no exige que la causa sea ajena a su voluntad, ni fija una proporción mínima de gasto justificado, ni hace depender la graduación de un informe de la Intervención General.

El art. 42.2 enumera cómo se inicia el procedimiento de reintegro, siempre de oficio: por propia iniciativa, por orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, y añade que también se inicia a consecuencia del informe de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado. Ninguno de los otros informes aparece en el artículo: el del órgano colegiado sirve para proponer la concesión en la concurrencia competitiva, no para revisarla.