Test de Las garantías y la iniciación del procedimiento

Un bloque de Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común · 28 preguntas

Los capítulos I y II del título IV de la Ley 39/2015: los derechos del interesado en el procedimiento, la iniciación de oficio y a solicitud, las medidas provisionales, la subsanación y la declaración responsable.

Así son sus preguntas

Una sociedad mercantil, persona jurídica que el artículo 14.2 obliga a relacionarse electrónicamente, presenta su solicitud en papel en una oficina. Requerida, la subsana días después presentándola por vía electrónica. ¿Qué fecha se considera de presentación de la solicitud?

La de la entrega en papel en la oficina
La del requerimiento que se le notificó
La de la subsanación por vía electrónica
La del vencimiento del plazo para subsanar

A quien está obligado por el 14.2 o el 14.3 y presenta en papel se le requiere para que subsane presentando electrónicamente, y la fecha de presentación es aquella en que hizo la subsanación (68.4). La entrega en papel no fija la fecha.

Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Antes de iniciar un procedimiento, el órgano competente abre un periodo de información o actuaciones previas. ¿Con qué fin lo permite la Ley 39/2015?

Para oír a los interesados antes de redactar la propuesta de resolución
Para practicar las pruebas que propongan los interesados
Para conocer las circunstancias del caso y si conviene iniciarlo
Para que cualquier persona examine el expediente y presente alegaciones

Las actuaciones previas sirven para conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Oír a los interesados antes de la propuesta es la audiencia (art. 82), y abrir el expediente a cualquier persona es la información pública (art. 83): los dos son trámites de un procedimiento ya iniciado.

Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Se descubre una falsedad de carácter esencial en un dato incorporado a una declaración responsable. Según el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, ¿qué efecto tiene sobre la actividad?

Impide continuar con ella desde que se tiene constancia del hecho
Obliga a requerir al interesado para que subsane el dato falso
Ninguno: solo da lugar a las responsabilidades que procedan
La suspende hasta que se presente una nueva declaración

La falsedad esencial determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o la actividad desde el momento en que se tiene constancia de ella, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas. Las responsabilidades se suman a ese efecto; no lo sustituyen.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Quien participó con otros en una infracción la denuncia y es el primero en aportar pruebas que permiten iniciar el procedimiento, cuando la Administración no tenía elementos suficientes para ordenarlo. Repara el perjuicio, cesa en la infracción y no ha destruido pruebas. ¿Qué debe hacer el órgano competente para resolver?

Reducirle el importe de la multa que le correspondería
Eximirle del pago de la multa que le correspondería
Tenerla en cuenta como atenuante, a su criterio
Archivar el procedimiento respecto de todos los infractores

Si es el primero en aportar pruebas que permiten iniciar el procedimiento, sin que hubiera elementos suficientes para ordenarlo, y repara el perjuicio, el 62.4 obliga a eximirle de la multa. La reducción es para quien no cumple alguna de esas condiciones pero aporta pruebas con un valor añadido significativo.

Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Según la Ley 39/2015, para iniciar una misma actividad, ¿puede una Administración exigir una declaración responsable y, además, una comunicación?

Sí, si la actividad afecta a la salud o a la seguridad
No, salvo que lo prevea una norma con rango de ley
No: solo una de las dos, sin acumular ambas
Sí, cuando lo justifique en los modelos que publica

El 69.6 solo permite exigir una declaración responsable o una comunicación para iniciar una misma actividad, sin que quepa exigir ambas acumulativamente. No prevé excepciones por la materia ni por el rango de la norma.

Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Además de poder alzarse o modificarse durante la tramitación, ¿cuándo se extinguen en todo caso las medidas provisionales?

Cuando se notifica la propuesta de resolución del procedimiento
Cuando la resolución final gana firmeza en vía administrativa
Cuando surte efectos la resolución que pone fin al procedimiento
Cuando vence el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento

Se extinguen cuando surte efectos la resolución administrativa que pone fin al procedimiento. La ley ata la extinción a los efectos de esa resolución, no a su firmeza, y la propuesta de resolución todavía no pone fin al procedimiento.

En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Según la Ley 39/2015, ¿qué condición da en el procedimiento el hecho de haber presentado la denuncia que lo originó?

La de interesado, desde que se acuerda la iniciación
La de interesado, pero solo en los procedimientos sancionadores
Ninguna: por sí sola no confiere la condición de interesado
Ninguna, y ya no podrá personarse después como interesado

La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado, ni en un procedimiento sancionador ni en ningún otro. Tampoco se la cierra: si el denunciante reúne alguno de los supuestos del artículo 4, puede serlo por esa vía.

La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

Un interesado presenta un documento con el que pone en conocimiento de la Administración competente sus datos identificativos y otros datos relevantes para iniciar una actividad. ¿Qué documento es, según la Ley 39/2015?

Una solicitud
Una declaración responsable
Una denuncia
Una comunicación

El 69.2 llama comunicación al documento con el que se ponen en conocimiento de la Administración los datos identificativos o cualquier otro dato relevante para iniciar una actividad o ejercer un derecho. En la declaración responsable, en cambio, el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple los requisitos (69.1).

A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

En un procedimiento sancionador, el inculpado no formula alegaciones en plazo sobre el acuerdo de iniciación, y este contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. ¿Qué prevé el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015?

Que se tenga por reconocida su responsabilidad
Que el acuerdo valga ya como resolución definitiva del procedimiento
Que el acuerdo pueda considerarse propuesta de resolución
Que el procedimiento caduque y deba iniciarse otro

Sin alegaciones en plazo y con un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad, el acuerdo de iniciación puede considerarse propuesta de resolución: el procedimiento sigue y hay que resolverlo. Reconocer la responsabilidad es algo que el presunto responsable puede hacer voluntariamente (64.2.d), no lo que produce su silencio.

así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

En los procedimientos de naturaleza sancionadora, ¿qué presunción reconoce el artículo 53.2 de la Ley 39/2015 a los presuntos responsables?

La de no existencia de responsabilidad mientras no se demuestre lo contrario
La de veracidad de las alegaciones que formulen durante la instrucción
La de buena fe en las actuaciones que hayan realizado ante la Administración
La de que ignoraban la norma infringida mientras no se pruebe lo contrario

El 53.2.b) presume que no existe responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario: la carga de probarla no es del presunto responsable. La ley no presume verdaderas sus alegaciones ni su buena fe; son hechos que se valoran en la instrucción.

A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

Ley 39/2015, de 1 de octubre

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