El funcionamiento electrónico del sector público

• El que responde de los daños que cause el funcionamiento del sistema
• El que custodia el certificado del sello electrónico del sistema
• El que debe considerarse responsable a efectos de impugnación
• El que notifica a cada interesado que su acto es automatizado

El artículo 41.2 obliga a fijar de antemano los órganos competentes para definir, programar, mantener, supervisar y controlar la calidad del sistema y, en su caso, auditarlo con su código fuente, y además a indicar el órgano responsable a efectos de impugnación: si ningún empleado interviene directamente, tiene que constar contra quién se recurre. La ley no pide designar un órgano que responda de los daños del sistema ni uno que custodie el certificado de su sello, y tampoco exige avisar al interesado de que su acto es automatizado.

• Las determina por sí sola la Administración que emite los datos
• Mediante un convenio que suscriben entre sí esas Administraciones
• Mediante un acuerdo de la Conferencia Sectorial que corresponda
• Las fija la Administración General del Estado para todas ellas

El artículo 44 distingue dos casos. Si quienes se comunican pertenecen a una misma Administración, ella sola fija las condiciones y garantías (44.2); si pertenecen a Administraciones distintas, se establecen mediante convenio entre ellas (44.3). Que las decida una sola de las partes es la regla del caso interno, trasladada al que no le toca; y la ley no remite a una Conferencia Sectorial ni a la Administración General del Estado.

• Los de otros registros de población, además del padrón
• Los de afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social
• Los fiscales relacionados con tributos propios o cedidos
• Los de los usuarios del Sistema Nacional de Salud

La lista del artículo 46 bis es cerrada: el censo electoral, los padrones municipales y otros registros de población, los datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y los de los usuarios del sistema nacional de salud. Los de afiliación a la Seguridad Social tientan por su parecido con los sanitarios, pero no figuran en ella.

• Que se conserve también una copia en papel firmada
• Que se mantenga en el formato en que se originó, sin convertirlo
• Que se inscriba en el registro electrónico del órgano
• Que sus datos puedan trasladarse a otros formatos y soportes

El artículo 46.2 pide conservar estos documentos en soporte electrónico, en el formato de origen o en cualquier otro que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo, y añade una garantía que se da en todo caso: que los datos se puedan trasladar a otros formatos y soportes que permitan acceder desde diferentes aplicaciones. Por eso no obliga a mantener el formato de origen sin convertirlo. Tampoco exige una copia en papel, ni inscribir el documento en un registro, que es una figura de la Ley 39/2015.

• Un certificado cualificado de autenticación de sitio web
• Un sello de tiempo expedido por su Administración titular
• Un número de registro que asigna el Punto de Acceso General
• El sello electrónico del órgano titular de la sede

El artículo 38.6 lo resuelve con una pieza concreta: certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web, o un medio equivalente. El sello electrónico es otra cosa: es lo que el artículo 40.1 ofrece a las Administraciones para identificarse ellas, no lo que identifica a una sede ni asegura la comunicación con ella. Y ni un sello de tiempo ni un número de registro cumplen esa función según la ley.

• La identidad del empleado que lo firmó, accediendo al portal de internet
• La integridad del documento, accediendo al portal de internet
• La identidad del empleado que lo firmó, accediendo a la sede electrónica
• La integridad del documento, accediendo a la sede electrónica

El artículo 42 recoge el código seguro de verificación entre los sistemas de firma de la actuación administrativa automatizada, vinculado a la Administración, órgano u organismo, y le asigna una garantía que se da en todo caso: comprobar la integridad del documento accediendo a la sede electrónica correspondiente. No identifica a un empleado firmante, porque en esa actuación no interviene ninguno de forma directa; y la comprobación se hace en la sede, no en el portal de internet, que es el punto de acceso a la información publicada (art. 39).

• En territorio español, sin excepción alguna
• En cualquier punto del Espacio Económico Europeo
• Dentro del territorio de la Unión Europea
• En cualquier Estado, si los datos viajan cifrados

El artículo 46 bis exige que esos sistemas, y los tratamientos de datos personales que hacen, se ubiquen y presten dentro del territorio de la Unión Europea. No lo restringe al territorio español ni lo extiende al Espacio Económico Europeo, y cifrar los datos no suple esa exigencia. La decisión de adecuación de la Comisión Europea aparece en el segundo párrafo del mismo artículo, pero para otra cosa: es una de las dos excepciones a la prohibición de transferir esos datos a un tercer país.

• Sí, en todas las actuaciones que realicen por medios electrónicos
• No: solo pueden usarlo sus órganos, no la Administración como tal
• No: la ley les permite identificarse de ese modo, pero no lo impone
• Sí, cuando se relacionen electrónicamente con otras Administraciones

El verbo es «podrán»: el artículo 40.1 abre a las Administraciones la posibilidad de identificarse con un sello electrónico basado en un certificado reconocido o cualificado, sin convertirlo en obligación para ninguna actuación. Y no lo reserva a sus órganos: la habilitación es para las Administraciones Públicas, aunque el mismo artículo prevé también sellos de órganos administrativos.

• El Gobierno, con carácter básico para todas las Administraciones
• Cada Administración Pública, respecto de su propia actuación
• El prestador que expide el certificado del sello electrónico
• Cada interesado, al elegir cómo relacionarse con la Administración

El artículo 42 deja la decisión a cada Administración Pública, que puede determinar en su actuación automatizada cuándo usa el sello electrónico y cuándo el código seguro de verificación. No hay una regla común fijada por el Gobierno, el prestador que expide el certificado no decide cómo se usa, y la elección del interesado sobre cómo relacionarse con la Administración es otra cosa, de la Ley 39/2015 (art. 14).