El ámbito de aplicación y los principios generales

• Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
• Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
• Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución
• Adecuación al orden constitucional de competencias

La buena fe, la confianza legítima y la lealtad institucional forman la letra e) del artículo 3.1. Los otros tres son principios de la misma ley, pero de otras listas: la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, del artículo 81.1, para el sector público institucional; la solidaridad interterritorial y la adecuación al orden de distribución de competencias, del artículo 140.1, para las relaciones entre Administraciones.

• Los principios de la potestad sancionadora del artículo 25
• Los principios interadministrativos del artículo 140
• Los principios de la responsabilidad del artículo 32
• Los principios generales que enuncia el artículo 3

El artículo 2.2.b) nombra expresamente los principios del artículo 3: aunque estas entidades no son Administraciones Públicas, tienen que respetar en particular esos principios generales. Es lo que distingue esta letra de su gemela de la Ley 39/2015, que no menciona ningún principio. Los del artículo 140 rigen las relaciones entre Administraciones, y los de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial se refieren a las Administraciones Públicas: el artículo 2.2.b) no remite a ninguno de ellos.

• El de marco, con sus principios de actuación
• El de norma supletoria en lo que su normativa no regule
• Ninguno: esa actuación queda del todo fuera de la ley
• El de norma aplicable directamente a esa actuación

La disposición adicional vigesimosegunda remite la actuación administrativa de estos órganos —y la de los del Senado, el Tribunal Constitucional y las demás instituciones que nombra, con sus análogas autonómicas— a su normativa específica, pero «en el marco de los principios» de actuación administrativa de esta ley. Por eso no quedan del todo fuera de ella. Pero la ley tampoco se les aplica directamente, porque manda su normativa, ni es supletoria, que es el distractor tentador: la disposición no dice que cubra lo que su normativa no regule, solo que sus principios la enmarcan.

• Con tantas personalidades como Departamentos
• Sin personalidad jurídica propia
• Con una personalidad jurídica única
• Con la personalidad de sus organismos públicos

El artículo 3.4 dice que cada Administración actúa con personalidad jurídica única: sus órganos y Departamentos no tienen una personalidad propia cada uno, sino que actúan dentro de esa única persona jurídica. Los organismos públicos, en cambio, tienen la suya, distinta de la de la Administración a la que se vinculan (artículo 89.1), así que no le prestan la suya a esta.

• Del Gobierno de la Nación, a través de su Delegado
• De la Asamblea Legislativa de esa comunidad autónoma
• Del Gobierno de la Nación y del autonómico, a la vez
• De los órganos de gobierno de esa comunidad autónoma

El artículo 3.3 asigna a cada Administración la dirección de su propio gobierno: el Gobierno de la Nación dirige la Administración del Estado; los órganos de gobierno de cada comunidad, la suya, y los de cada entidad local, la local. El Delegado del Gobierno, que es el distractor tentador, dirige la Administración General del Estado en el territorio de la comunidad (artículo 72), no la Administración autonómica. La Asamblea Legislativa no figura entre quienes dirigen la actuación administrativa en el artículo 3.3.

• A la asignación y utilización de los recursos públicos
• Al cumplimiento de los objetivos que se hayan fijado
• A la adecuación estricta de los medios a los fines
• A compartir con otras Administraciones los recursos comunes

La letra j) del artículo 3.1 enuncia la «eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos». El cumplimiento de los objetivos fijados es la eficacia, de la letra h), y la adecuación estricta de los medios a los fines acompaña a la economía y la suficiencia en la letra i): son las piezas vecinas de la misma lista. Compartir el uso de recursos comunes es como formula la eficiencia el artículo 140.1.f), pero para las relaciones entre Administraciones, no en el artículo 3.

• El capítulo III del título preliminar, la potestad sancionadora
• El capítulo I del título II, del sector público institucional
• El capítulo IV del título II, sobre las autoridades independientes
• El capítulo IV del título preliminar, sobre la responsabilidad

La disposición final decimocuarta.2.c) declara no básico, entre otros, el capítulo IV del título II, el de las autoridades administrativas independientes. Los principios de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial son bases para todas las Administraciones: no figuran en esa lista. Tampoco el capítulo I del título II, cuyos principios del sector público institucional rigen también para las entidades autonómicas y locales (artículo 81.3).

• La autorización previa, porque el control es más intenso
• Cualquiera de las dos, porque la elección es discrecional
• Las dos a la vez, porque así se refuerza la protección
• La declaración responsable, porque limita menos la actividad

El artículo 4.1 obliga a aplicar el principio de proporcionalidad y a elegir la medida menos restrictiva. Si las dos protegen igual el interés público y la declaración responsable restringe menos, es la que hay que elegir. Como contexto, restringe menos porque permite empezar la actividad desde el día de su presentación (artículo 69.3 de la Ley 39/2015), sin esperar a una resolución. Que la autorización dé más control no basta para preferirla, y la elección no es libre: la ley la ata a la proporcionalidad. Exigir las dos sería añadir un requisito que no hace falta.

• Al día siguiente de su publicación en el BOE
• A los veinte días de su publicación en el BOE
• A los seis meses de su publicación en el BOE
• Al año de su publicación en el BOE

La regla general de la disposición final decimoctava es el año desde su publicación. Las otras tres cifras salen de la misma disposición, pero para excepciones: entraron en vigor al día siguiente varias disposiciones que modificaban otras leyes; a los veinte días, entre otras, la de restitución a los partidos políticos, y a los seis meses, un punto de la disposición final novena.