Los principios de la potestad sancionadora

• Ninguna, si no puede determinarse cuál de ellas incumplió
• Todas de forma solidaria, y cada una puede responder por el total
• Solo la que haya tenido mayor participación en el incumplimiento
• Las demás subsidiariamente, si la primera obligada no responde

El 28.3 hace responder de forma solidaria de las infracciones y de las sanciones a quienes comparten una obligación establecida por una norma con rango de ley. Responder solidariamente es que a cada una puede exigírsele el todo, así que no hace falta saber cuál incumplió, ni responde solo la de mayor participación: el grado de participación sirve para individualizar en la resolución la sanción pecuniaria, cuando sea posible. Tampoco hay un orden de responsables subsidiarios.

• La de sujeto, hecho y órgano
• La de sujeto, fundamento y órgano
• La de hecho, fundamento y órgano
• La de sujeto, hecho y fundamento

El 31.1 impide sancionar unos hechos ya sancionados penal o administrativamente cuando se aprecia identidad del sujeto, hecho y fundamento: las tres a la vez. El órgano no entra en la cuenta: el artículo alcanza a los hechos sancionados «penal o administrativamente», y si falta cualquiera de las tres identidades no lo impide. Las sanciones de un órgano de la Unión Europea por los mismos hechos tienen su regla en el 31.2: se tienen en cuenta al graduar.

• Solo a título de dolo, no de culpa
• Por el resultado, aunque no haya culpa
• A título de dolo o a título de culpa
• Solo a título de culpa, si no hubo dolo

El 28.1 exige que el responsable lo sea «a título de dolo o culpa»: basta cualquiera de los dos, así que ni se exige siempre dolo ni la sanción se reserva a la conducta culposa. Tampoco hay responsabilidad por el mero resultado, sin dolo ni culpa. Exigir solo dolo dejaría fuera la negligencia, que el artículo sí alcanza.

• Las vigentes cuando se inicia el procedimiento sancionador
• Las vigentes en el momento de producirse los hechos
• Las vigentes en el momento de dictarse la resolución
• Las vigentes cuando la Administración conoce los hechos

El 26.1 manda aplicar las disposiciones vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyen la infracción. No cuenta la fecha en que se inicia el procedimiento, en que la Administración conoce los hechos ni en que resuelve. La regla general admite la excepción del 26.2, que juega solo a favor del infractor.

• Desde el día siguiente a aquel en que interpuso el recurso de alzada
• Desde el día siguiente a aquel en que acaba el plazo legal para resolverlo
• Desde el día siguiente a aquel en que se resuelva el recurso, aunque sea tarde
• Desde el día siguiente a aquel en que se le notificó la sanción recurrida

Con desestimación presunta del recurso de alzada contra la sanción, el 30.3 cuenta la prescripción de la sanción desde el día siguiente a aquel en que finaliza el plazo legalmente previsto para resolver el recurso. No se espera a una resolución expresa tardía, ni se cuenta desde la interposición del recurso o desde la notificación de la sanción recurrida.

• Se cumple entera, porque la nueva no alcanza a las sanciones ya impuestas
• Se beneficia de la nueva, que alcanza también a las sanciones pendientes
• Se beneficia de la nueva solo si lo pide antes de que la sanción sea firme
• Se cumple entera, salvo que la nueva disposición diga expresamente otra cosa

El efecto retroactivo de lo favorable alcanza a la tipificación, a la sanción y a sus plazos de prescripción, «incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento» al entrar en vigor la nueva disposición. La sanción ya impuesta no queda a salvo por estarlo, y el 26.2 no pide que la nueva norma lo diga expresamente ni que el infractor lo solicite.

• Sí, porque el capítulo rige toda potestad sancionadora de las Administraciones
• Sí, pero solo sus principios de tipicidad y de proporcionalidad, no el resto
• No, porque una penalidad contractual solo puede imponerla un juez
• No, porque el capítulo excluye las relaciones regidas por la ley de contratos

El 25.4 deja fuera del capítulo la potestad sancionadora sobre quienes están vinculados a la Administración por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial. La exclusión es entera: no se salvan unos principios y otros no. Y el motivo no es que la penalidad la imponga un juez: la ley excluye la relación del capítulo, no le quita la potestad a la Administración. No hay que confundirlo con el 25.3, que sí extiende el capítulo a la potestad disciplinaria sobre el propio personal, sea cual sea su relación de empleo.

• Sí, como responsabilidad personal subsidiaria, si la ley sancionadora lo prevé
• Sí, pero solo cuando la multa castigue una infracción calificada de muy grave
• No: ninguna sanción administrativa puede implicar privación de libertad, ni subsidiaria
• No, salvo que lo acuerde un juez a petición de la Administración sancionadora

El 29.1 es tajante: las sanciones administrativas, sean o no pecuniarias, «en ningún caso» pueden implicar privación de libertad, ni directa ni subsidiariamente. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa es una figura del Código Penal para las penas (art. 53 CP), no de las sanciones administrativas, y la ley no abre la puerta ni por la gravedad de la infracción ni por la intervención de un juez.

• Más de un mes
• Más de dos meses
• Más de tres meses
• Más de seis meses

El 30.2 reinicia el plazo de prescripción si el expediente sancionador está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. El mismo umbral rige para el procedimiento de ejecución de la sanción (30.3). Dos, tres o seis meses no aparecen en el artículo para la paralización.