La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

• Diez días de alegaciones y cinco de audiencia
• Diez días de alegaciones y quince de audiencia
• Quince días de alegaciones y diez de audiencia
• Quince días de alegaciones y quince de audiencia

Las alegaciones duran quince días, igual que la práctica de la prueba, y la audiencia, diez. Después vienen la propuesta de resolución, en cinco días desde que termina la audiencia, y la resolución, en otros cinco. La opción que invierte las dos cifras es la trampa: el plazo largo es el de las alegaciones, y el corto, el de la audiencia.

• Al día en que la lesión efectivamente se produjo
• Al día en que el particular presentó la reclamación
• Al día en que se resuelve el procedimiento de responsabilidad
• Al día en que se abona efectivamente la indemnización

El artículo 34.3 manda calcular la cuantía con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo. La fecha en que se pone fin al procedimiento es el distractor tentador: hasta ella se actualiza la cuantía, pero el cálculo se hace a la fecha de la lesión. Ni la reclamación ni el pago fijan la referencia.

• A la que primero haya recibido la reclamación presentada por el particular
• A la que tenga mayor participación en la financiación del servicio
• A la que el particular elija al presentar la reclamación
• A la que haya intervenido con mayor intensidad en el daño

El artículo 33.3 manda primero a los Estatutos o reglas de la organización colegiada y, en su defecto, a la Administración con mayor participación en la financiación del servicio. La intensidad de la intervención es un criterio del artículo 33.2, que sirve para repartir la responsabilidad en otros supuestos de concurrencia, no para decidir quién tramita. Ni el particular elige ni cuenta quién recibió antes la reclamación.

• Los que afectan solo a los bienes, y no a la persona, del particular
• Los causados por personal laboral, y no por autoridades o funcionarios
• Los que no se pudieron prever o evitar según la ciencia o técnica del momento en que se produjeron
• Los derivados de una actuación lícita y ajustada a Derecho de la Administración

El artículo 34.1 excluye los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica cuando se produjeron, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes establezcan. La lesión indemnizable puede recaer en cualquiera de los bienes y derechos del particular (art. 32.1), puede causarla cualquier persona al servicio de la Administración (art. 36.1) y puede nacer de una actuación lícita, porque también el funcionamiento normal genera responsabilidad.

• Que el Tribunal Constitucional lo identifique en su sentencia como perjudicado
• Que en aquel recurso hubiera alegado la inconstitucionalidad después declarada
• Que hubiera recurrido en amparo contra la sentencia firme que desestimó su recurso
• Que la Administración hubiera revisado de oficio el acto que le causó el daño

El artículo 32.4 pide dos cosas: la sentencia firme desestimatoria, obtenida en cualquier instancia, y que en aquel recurso se hubiera alegado la inconstitucionalidad que después declaró el Tribunal. No exige agotar el amparo, ni que la sentencia constitucional nombre a los perjudicados, ni una revisión de oficio previa del acto.

• Por sí misma, no presupone que tenga ese derecho
• Lo presupone, y solo queda por fijar la cuantía
• Lo presupone, por haberla acordado un juez
• Lo excluye, porque la anulación ya repara el daño

El segundo párrafo del artículo 32.1 lo dice expresamente: la anulación de un acto no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Habrá que acreditar una lesión que reúna los requisitos de la ley. Y da igual quién anule: la regla vale igual para la anulación en vía administrativa que para la del orden contencioso-administrativo, así que haberla acordado un juez no cambia nada. Tampoco la excluye: la anulación ni concede ni niega la indemnización por sí sola.

• Cuando incurrió en dolo, o en culpa o negligencia graves
• Cuando incurrió en dolo, o en culpa o negligencia de cualquier grado
• Solo cuando incurrió en dolo declarado por sentencia penal firme
• Cuando el daño fue grave, aunque su culpa o negligencia fuera leve

El artículo 36.2 exige dolo, o culpa o negligencia graves: la culpa leve no basta. Lo grave es la culpa o la negligencia, no el daño, aunque el resultado dañoso sea uno de los criterios para ponderar la responsabilidad. Y no hace falta una condena penal: la responsabilidad se exige de oficio en vía administrativa, previa instrucción del procedimiento.

• Cabe contra ella recurso de alzada
• Es firme solo al acabar la vía penal
• Debe ratificarla el Consejo de Ministros
• Pone fin a la vía administrativa

El artículo 36.5 dice que la resolución declaratoria de responsabilidad pone fin a la vía administrativa, así que no cabe alzada contra ella. La dicta el órgano competente (art. 36.4.e) y nadie la ratifica después. Tampoco espera a la vía penal: pasar el tanto de culpa a los tribunales, si procede, es algo que el artículo 36.6 deja a salvo, no una condición de la resolución.

• Directamente a la Administración a cuyo servicio está el empleado
• Directamente al empleado, y a la Administración si este no puede pagar
• Al empleado y a la Administración a la vez, de forma solidaria
• Al empleado si actuó con dolo, y a la Administración en los demás casos

El artículo 36.1 manda a los particulares exigir directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños causados por las autoridades y el personal a su servicio. El particular no se dirige al empleado, ni siquiera cuando hubo dolo, ni a los dos a la vez: es la Administración la que, después de indemnizar, se dirige contra su personal en los casos del artículo 36.2.