La auditoría pública

• Antes de que se apruebe cada acto que controla
• Con posterioridad a ella, y de forma sistemática
• De manera simultánea, mientras se desarrolla
• Con posterioridad, cuando lo solicite el Tribunal de Cuentas

El artículo 162 define la auditoría pública como la verificación «realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática» de la actividad económico-financiera del sector público estatal, aplicando los procedimientos de revisión selectivos de las normas de auditoría. Las opciones que la sitúan antes de aprobar cada acto o a la vez que la gestión describen otros momentos de control, que el título VI encomienda a modalidades distintas. Que sea posterior no significa que espere a una petición del Tribunal de Cuentas: la programa la propia Intervención General, y lo que la define, además del momento, es que se hace de forma sistemática.

• La de programas presupuestarios
• La de economía, eficacia y eficiencia
• La de regularidad contable
• La de sistemas y procedimientos

El artículo 170 distingue tres modalidades de auditoría operativa, y la de sistemas y procedimientos es la que consiste en el estudio exhaustivo de un procedimiento administrativo de gestión financiera para detectar sus posibles deficiencias o su obsolescencia y proponer las medidas correctoras o la sustitución del procedimiento. La de programas presupuestarios analiza los objetivos, el seguimiento y los resultados de los programas, y la de economía, eficacia y eficiencia valora el uso de los recursos públicos: es la tentadora, pero no se centra en un procedimiento. La de regularidad contable revisa la información contable, no la forma de tramitar.

• Que el contrato-programa lo aprobó el órgano competente para ello
• Que la propuesta de liquidación se ajusta a las condiciones pactadas
• Que los objetivos pactados eran realistas cuando se firmó el contrato
• Que la propuesta de liquidación se abonó dentro del ejercicio

El artículo 171.1 prevé esta auditoría cuando, en virtud de contratos-programa u otros convenios con las entidades del art. 68, las aportaciones del Estado dependen en su importe del cumplimiento de objetivos, de la evolución de magnitudes financieras o de hipótesis macroeconómicas. Su finalidad es verificar que la propuesta de liquidación formulada por el órgano previsto en el convenio se adecúa al cumplimiento de esas condiciones. No revisa si el contrato se aprobó por quien debía ni si sus objetivos eran realistas al firmarse, y tampoco que la liquidación se pagara dentro del ejercicio: lo que se verifica es que su importe responda a las condiciones.

• Quien ocupe su presidencia
• La Intervención General
• El auditor que firmó el informe
• El ministro del que depende

El artículo 166.2 obliga a los presidentes de los organismos públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y demás entes públicos estatales que cuenten con consejo de administración, otro órgano de dirección colegiado similar o comité de auditoría a remitirles los informes de auditoría relativos a la entidad. La obligación es de quien preside la entidad, no de quien hace la auditoría: la Intervención General es la opción tentadora porque elabora el informe, pero el traslado al órgano colegiado de la entidad no le corresponde.

• Que cada gasto del ejercicio se aprobó con crédito adecuado y suficiente
• Que los programas de gasto alcanzaron sus objetivos con eficacia y eficiencia
• Que reflejan la imagen fiel del patrimonio y de los resultados
• Que la entidad liquidó y recaudó en plazo todos los derechos a su favor

El artículo 167.1 define la auditoría de las cuentas anuales como la modalidad de la auditoría de regularidad contable que verifica si las cuentas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y, en su caso, de la ejecución del presupuesto, con la información necesaria para entenderlas. Comprobar el crédito de cada gasto o el cobro de los derechos es materia de otros controles de legalidad, y medir si los programas alcanzan sus objetivos con eficacia y eficiencia corresponde a una auditoría operativa.

• Sí, si así lo determina la Intervención General
• No: cada actuación tiene una sola modalidad
• No, salvo en la auditoría de las cuentas anuales
• Sí, si lo acuerda el Consejo de Ministros

El artículo 164.2 permite que la Intervención General determine la realización de auditorías en las que se combinen objetivos de auditoría de regularidad contable, de cumplimiento y operativa. Las modalidades no son compartimentos estancos. La opción que solo la admite en las cuentas anuales es la tentadora, porque esa auditoría puede extenderse a otros aspectos, pero el artículo no restringe la combinación a ninguna clase de auditoría, y la decisión es de la Intervención General, no del Consejo de Ministros.

• Al Consejo de Ministros, para su conocimiento
• A la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
• Al ministro del departamento del que depende
• Al Tribunal de Cuentas, como órgano de control externo

El artículo 166.2 fija tres destinatarios que reciben en todo caso los informes de auditoría pública: el titular del organismo o entidad controlada, el Ministro de Hacienda y el del departamento del que dependa o al que esté adscrito. El Tribunal de Cuentas es el distractor tentador: no está entre los tres destinatarios del 166.2, aunque los informes de auditoría de cuentas anuales sí se le rinden en todo caso, junto con las cuentas (art. 166.4). Las Cortes Generales y el Consejo de Ministros no los reciben: al Consejo solo va un informe resumen anual (166.5).

• Una sociedad mercantil estatal sin obligación de auditarse
• Una sociedad mercantil estatal sujeta a auditoría por la ley mercantil
• Una fundación estatal pequeña, sin activo ni ingresos relevantes
• Una agencia estatal adscrita a un ministerio

El artículo 168.a) obliga a la Intervención General a auditar cada año las cuentas anuales de los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes y las demás entidades que enumera. Las sociedades mercantiles estatales no obligadas a auditarse solo se auditan si las incluye el plan anual de auditorías, y las que sí lo están por la legislación mercantil pasan por la auditoría privada que esta les impone. Las fundaciones estatales que no alcanzan el tamaño que fija la ley también dependen del plan.

• Cuando queden fuera de la función interventora y del control financiero permanente
• Cuando el informe de auditoría del ejercicio anterior fue desfavorable
• Cuando estén sometidos a función interventora en todos sus gastos
• Cuando reciban subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado

El artículo 167.4 permite a la Intervención General extender el objeto de la auditoría de cuentas anuales a otros aspectos de la gestión de los entes públicos, «en especial cuando no estén sometidos a función interventora o control financiero permanente». La idea es cubrir el hueco: donde no llegan esas dos modalidades, la auditoría de cuentas puede ampliarse. Estar sometido a función interventora en todos los gastos es justo lo contrario del supuesto que el artículo destaca. Un informe desfavorable anterior es tentador porque parece justificar más control, pero el artículo no lo menciona, como tampoco recibir subvenciones.