Los principios y las competencias de la contabilidad pública

• La propia Intervención General de la Seguridad Social
• El ministro competente en materia de Seguridad Social
• La Intervención General de la Administración del Estado
• El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda

El artículo 125.3.b) reparte el trabajo: la Intervención General de la Seguridad Social elabora la adaptación y la somete a la aprobación de la Intervención General de la Administración del Estado, que ejerce a través de ella las funciones directivas y gestoras de la contabilidad en el sistema. Lo que la de la Seguridad Social aprueba por sí misma viene después: la normativa de desarrollo de esa adaptación y los planes parciales o especiales. Ni el ministro del ramo ni el Consejo de Ministros intervienen.

• La Intervención General, a propuesta del Ministro de Hacienda
• El Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General
• La Intervención General, previo informe del Tribunal de Cuentas
• El Ministro de Hacienda, a propuesta de la Intervención General

El artículo 124.a) atribuye al Ministro de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, la aprobación del Plan General de Contabilidad Pública, y el artículo 125.1.a) lo confirma desde el otro lado al encargar a la Intervención General proponérselo. La opción que invierte los papeles es la trampa: la Intervención General propone el plan y aprueba su normativa de desarrollo, pero no el plan mismo. Ni el Consejo de Ministros ni el Tribunal de Cuentas intervienen en esa aprobación.

• El de precaución en las estimaciones, para no sobrevalorar activos
• El que mejor conduzca a que las cuentas reflejen la imagen fiel
• El de no variar los criterios contables de un ejercicio a otro
• El que en cada caso determine la Intervención General del Estado

El artículo 122.4 no fija una jerarquía entre principios, sino un criterio de resultado: prevalece el que mejor conduzca a que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial. La precaución tienta porque protege de sobrevalorar, pero en la ley es uno más de los principios del apartado 1, igual que el de no variar criterios. Ojo con los manuales viejos: hasta la Ley 26/2009 el artículo daba la prevalencia al devengo y al registro, y esa jerarquía ya no existe. Tampoco deja que la Intervención General decida caso por caso cuál se impone.

• Centralizar la información contable de las entidades del sector público estatal
• Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria contable del Ministro de Hacienda
• Aprobar las instrucciones de contabilidad de los entes con principios contables públicos
• Establecer los principios básicos de la contabilidad analítica de las entidades con principios contables públicos

El artículo 125 separa las dos condiciones en dos apartados. Como centro gestor (apartado 2), a la Intervención General le toca, entre otras tareas, llevar la contabilidad de la Administración General del Estado y centralizar la información contable de las entidades del sector público estatal. Promover la potestad reglamentaria del Ministro, aprobar las instrucciones de contabilidad y fijar los principios de la contabilidad analítica también son funciones suyas, pero como centro directivo (apartado 1): dirigir es fijar las reglas; gestionar, llevar las cuentas y reunir la información.

• Con el Plan General de Contabilidad Pública y sus normas de desarrollo
• Con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
• Con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
• Con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI

El artículo 120.5 pone entre los fines de la contabilidad del sector público estatal suministrar información para las cuentas económicas de las Administraciones públicas, de las sociedades no financieras públicas y de las instituciones financieras públicas, y manda hacerlo de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales: es la contabilidad nacional, con sus propias reglas europeas. El Plan General de Contabilidad Pública es la opción tentadora, porque rige la contabilidad de las entidades administrativas (art. 121), pero no es el marco de las cuentas económicas. Las normas internacionales para el sector público y el manual del FMI no los nombra la ley.

• A los principios contables públicos y al Plan General de Contabilidad Pública
• Al Código de Comercio y al Plan General de Contabilidad de la empresa española
• A la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
• A las normas contables que dicte para cada entidad su ministerio de adscripción

El artículo 121 reparte el régimen contable según el sector al que pertenece la entidad. Las del sector público administrativo aplican los principios contables públicos del artículo 122 y el Plan General de Contabilidad Pública con sus normas de desarrollo. Las dos opciones que nombran otros planes contables son regímenes que el mismo artículo reserva a otros sectores, no al administrativo, y ningún ministerio de adscripción dicta un régimen contable propio para cada entidad.

• Sí, cuando las dos partidas se refieran a la misma operación
• No, salvo en los casos excepcionales en que así se regule
• No, salvo que lo acuerde el órgano que formula las cuentas
• Sí, si lo autoriza el interventor delegado en la entidad

El artículo 122.1.e) prohíbe compensar las partidas del activo y del pasivo y las de gastos e ingresos de las cuentas anuales, y manda valorar por separado sus elementos, «salvo aquellos casos en que de forma excepcional así se regule». Quien solo recuerda la prohibición la cree sin excepciones, y no lo es. Que las dos partidas nazcan de la misma operación, que lo acuerde quien formula las cuentas o que lo consienta un interventor no abre esa puerta: la excepción solo puede venir de una regulación expresa.