La gestión del gasto y la ordenación de pagos

• Pasan a ser las acreedoras de la Hacienda en lugar del titular del crédito
• Asumen la ordenación del pago en lugar del Ordenador general
• Reconocen la obligación en nombre del centro gestor del gasto
• Actúan como intermediarias para la posterior entrega a los acreedores

El art. 75.3 las trata como intermediarias: reciben la orden de pago para su posterior entrega a los acreedores, igual que las entidades colaboradoras de la Ley General de Subvenciones y otros agentes mediadores en el pago. El acreedor sigue siendo el mismo, así que la habilitación no ocupa su lugar; tampoco ordena el pago, que sigue siendo función del Ordenador general, ni reconoce obligaciones, que es una fase anterior y corresponde al órgano gestor.

• En las que reciben transferencias de los Presupuestos
• En las que tienen presupuesto de carácter limitativo
• En las que tienen presupuesto de carácter estimativo
• En todas las que forman el sector público empresarial

El art. 73.1 extiende las fases a las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo. El presupuesto estimativo es el régimen contrario, y por eso es el distractor que hay que saber descartar: la ley no lo nombra entre los que se gestionan por fases. Recibir transferencias no decide el régimen de gestión, y el artículo no mete en la lista al sector público empresarial en bloque.

• El equilibrio anual entre los ingresos y los gastos
• La ejecución íntegra de los créditos del ejercicio
• El desarrollo de objetivos y el control de resultados
• La reducción progresiva del gasto de cada ministerio

El art. 69.2 orienta la programación y la ejecución de la actividad económico-financiera al desarrollo de objetivos y al control de la gestión de los resultados, para mejorar de forma continua los procedimientos, los servicios y las prestaciones públicas. Gastar todo lo consignado no es un fin de la gestión: la ley la mide por los objetivos y los resultados, no por el volumen ejecutado. El equilibrio entre ingresos y gastos es materia de la estabilidad presupuestaria, no de este artículo, y la ley no fija como finalidad reducir el gasto de cada ministerio, sino ajustarse a las políticas de gasto y a los recursos disponibles.

• No implica relaciones con ellos; inicia la ejecución del gasto
• Vincula a la Hacienda frente a ellos en la cuantía aprobada
• Les reconoce un crédito exigible contra la Hacienda Pública
• Les da derecho a exigir que el gasto se comprometa

La aprobación es un acto interno: inicia el procedimiento de ejecución del gasto sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social (art. 73.2). Vincular a la Hacienda frente a terceros es el efecto del compromiso, la fase siguiente, y es la confusión que se busca; el crédito exigible lo declara el reconocimiento de la obligación. Y como la aprobación no crea relación con nadie, tampoco da a un tercero derecho a que el gasto se comprometa.

• De la orden de pago expedida a favor del acreedor
• De la inclusión del gasto en el programa plurianual
• De la realización de la prestación o del derecho del acreedor
• Del informe favorable del centro gestor sobre el gasto

El art. 73.4 exige acreditar documentalmente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que aprobaron y comprometieron el gasto: primero se comprueba que el acreedor ha cumplido, y solo entonces se declara su crédito exigible. La orden de pago, la inclusión en el programa plurianual y un informe del centro gestor no son lo que la ley pide acreditar: lo que importa es que la prestación se haya hecho o que el derecho del acreedor exista.

• El titular de la Intervención General de la Seguridad Social
• El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social
• El director de cada entidad gestora o servicio común
• El Director General de Ordenación de la Seguridad Social

El art. 75.2 atribuye esas funciones al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, en paralelo a lo que el apartado 1 hace con el Ordenador general de pagos del Estado. El director de cada entidad gestora es el distractor tentador porque gestiona el gasto de su entidad, pero no es quien ordena los pagos. La Intervención General de la Seguridad Social controla y no paga, y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social no tiene en esta ley funciones de pago.

• Por una cuantía cierta o aproximada
• Por el importe total del crédito presupuestario
• Por el importe que acredite después el acreedor
• Por un importe determinado o determinable

El art. 73.3 dice que el compromiso acuerda la realización de gastos previamente aprobados «por un importe determinado o determinable». La cuantía cierta o aproximada es la de la aprobación (73.2), la fase anterior, que todavía puede trabajar con una estimación: es la celda vecina y el distractor que hay que saber descartar. El compromiso no se mide por el crédito entero, del que la aprobación reserva la totalidad o una parte, y lo que acredita el acreedor no fija el importe del compromiso: sirve más adelante, para reconocer la obligación.

• Ordenarlo él mismo, como ordenador de pagos de su departamento
• Interesar su realización del Ordenador general de pagos
• Proponerlo al Consejo de Ministros para que lo autorice
• Remitirlo a la Intervención General para que lo ordene

El art. 74.1 da a los ministros las tres primeras fases y, para el pago, el verbo justo: interesar del Ordenador general de pagos del Estado la realización de los pagos. El ministro no ordena el pago, ni como ordenador de su departamento ni de ningún otro modo: esa función la tiene un órgano distinto, y la opción que se la atribuye al ministro es la confusión que esta pregunta busca. El Consejo de Ministros no autoriza cada pago, y la Intervención General controla, pero no ordena pagos.

• A asegurar los objetivos finales de los programas
• A asegurar la ejecución total de los créditos
• A asegurar el ahorro sobre los créditos iniciales
• A asegurar el equilibrio de ingresos y gastos

El art. 70.2 orienta los sistemas de gestión y control de los gastos públicos a asegurar la realización de los objetivos finales de los programas presupuestarios, y a informar de su cumplimiento, de las desviaciones y de sus causas. Lo que se mide es si el programa logra lo que se propuso, no cuánto crédito se gasta ni cuánto se ahorra sobre lo consignado; y el equilibrio entre ingresos y gastos es un objetivo de la estabilidad presupuestaria, no el fin de estos sistemas.