Las modificaciones de crédito y quién las autoriza

• Mediante un proyecto de ley remitido a las Cortes
• Según la escala de importes y porcentajes del capítulo
• Por el Consejo de Ministros, sea cual sea su importe
• Por el Ministro de Hacienda, con informe de la Intervención

El art. 56.7 saca este caso de la escala del apartado 3: si el crédito extraordinario o el suplemento atiende obligaciones de ejercicios anteriores sin crédito anulado en el de procedencia, se remite un proyecto de ley a las Cortes, por el procedimiento del art. 55. Es la misma regla que rige en el Estado. El distractor tentador es la escala de importes y porcentajes, que vale para el resto de los créditos extraordinarios y suplementarios del organismo.

• El Ministro de Hacienda, a propuesta de los ministros
• Los ministros afectados, con informe de Hacienda
• Las Cortes Generales, mediante una ley específica
• El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda

La regla es que no caben transferencias entre secciones (art. 52.1.b), pero el art. 52.2 levanta la restricción en las reorganizaciones administrativas, y el art. 61.a) da su autorización al Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y a iniciativa de los ministros afectados. Los distractores invierten los papeles: el Ministro de Hacienda propone pero no autoriza, y los ministros afectados tienen la iniciativa. No hace falta una ley.

• A las de los créditos para pensiones de Clases Pasivas
• A las que se refieren al pago de la Deuda Pública
• A las que atienden obligaciones de ejercicios anteriores
• A las de los créditos para gastos de personal del Estado

El art. 59 aparta de las reglas de financiación de los arts. 50, 54 y 58 —el Fondo de Contingencia o la baja en otros créditos— tres grupos: las modificaciones relativas al pago de la Deuda Pública, las de los créditos que financian a comunidades autónomas y entidades locales por sus sistemas de financiación, y las que no reducen la capacidad de financiación del Estado. Las Clases Pasivas tientan porque el art. 54.1 las declara ampliables, como la Deuda, pero el art. 59 no las saca de las reglas de financiación. Tampoco lo hace con las obligaciones de ejercicios anteriores ni con los gastos de personal, que siguen la regla general.

• El presidente o director de la entidad
• El Gobierno, previo informe de Hacienda
• El Ministro de Hacienda, por resolución
• Las Cortes Generales, mediante ley

El art. 57.2 fija en la Seguridad Social un solo umbral: por encima del dos por ciento del presupuesto inicial de gastos de la entidad autoriza el Gobierno, y por debajo, el ministro responsable de la entidad, con informe previo de Hacienda, salvo en las mutuas. El art. 57.3 manda sumar las del ejercicio, salvo las financiadas con más aportación del Estado. El distractor tentador es el Ministro de Hacienda, que tiene su papel en otras modificaciones, pero en estas de la Seguridad Social el umbral solo reparte entre el Gobierno y el ministro responsable de la entidad. Las Cortes solo intervienen en las obligaciones de ejercicios anteriores sin crédito anulado (art. 57.5), que el enunciado excluye.

• El de la Intervención General y el dictamen del Consejo de Estado
• El de la Dirección General de Presupuestos y el del Tribunal de Cuentas
• El de la Intervención General y el informe del Tribunal de Cuentas
• El de la Dirección General de Presupuestos y el dictamen del Consejo de Estado

El art. 55.2 exige, antes de proponer la remisión del proyecto, informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado. Las demás parejas cambian una pieza o las dos: la Intervención General de la Administración del Estado es el órgano de control interno de la gestión económico-financiera, no el que informa estos proyectos, y el Tribunal de Cuentas es el control externo, que llega después y depende de las Cortes.

• El 1 %
• El 2 %
• El 5 %
• El 7 %

El art. 60.1 limita los anticipos de Tesorería, en cada ejercicio, al uno por ciento de los créditos autorizados al Estado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado: es una vía excepcional y la ley la mantiene pequeña. El 2 %, el 5 % y el 7 % no son el tope de esta figura: el anticipo es una vía excepcional y la ley lo deja en el uno por ciento.

• Cuando se hayan efectuado los ingresos
• Cuando se haya reconocido el derecho de cobro
• Cuando exista un compromiso firme de aportación
• Cuando se apruebe la previsión de ingresos

El art. 53.3 ata la generación al ingreso efectivo: solo puede realizarse cuando se han efectuado los ingresos que la justifican. El reconocimiento del derecho y el compromiso firme de aportación tientan porque el mismo apartado los admite en un supuesto concreto, que no es el del presupuesto del Estado; aquí no adelantan la generación. La aprobación de la previsión de ingresos no basta en ningún caso: la generación nace de un ingreso realizado, no de uno previsto.

• En los de operaciones de la misma naturaleza económica
• En los de gastos como los que originó el ingreso
• En los destinados a pagar intereses de préstamos recibidos
• En los destinados a la concesión de nuevos préstamos

El art. 53.4 da a cada origen del ingreso su destino: el reembolso de préstamos solo genera crédito en los créditos para conceder nuevos préstamos, de modo que el dinero vuelve a prestarse. Los dos distractores tentadores salen del mismo apartado: la venta de bienes y la prestación de servicios generan en créditos de gastos de la misma naturaleza que los que los originaron, y la enajenación de inmovilizado, en operaciones de la misma naturaleza económica.

• El Consejo de Ministros
• Las Cortes, mediante ley
• El Ministro de Hacienda
• El Consejo de Estado

El art. 55.3 da al Consejo de Ministros los créditos extraordinarios y suplementos que atienden obligaciones del ejercicio corriente —o de ejercicios anteriores si se anuló crédito en el de procedencia— cuando se financian con el Fondo de Contingencia; el art. 61.d) lo repite como competencia del Gobierno. Las Cortes son el distractor tentador: intervienen en los casos del art. 55.2, pero ninguno de ellos es el de unas obligaciones del ejercicio corriente financiadas con el Fondo. El Consejo de Estado dictamina los expedientes que van a las Cortes, pero no autoriza.