Los anticipos de caja fija, los pagos a justificar y la gestión de los ingresos

• Un anticipo de caja fija a la habilitación del propio servicio
• Un anticipo de Tesorería que acuerda el Gobierno
• La incorporación del gasto al ejercicio siguiente
• Propuestas de pago y libramientos de fondos a justificar

El art. 79.1 prevé exactamente este caso: cuando, excepcionalmente, no puede aportarse la documentación justificativa en el momento previsto en el art. 73.4, el del reconocimiento de la obligación, pueden tramitarse propuestas de pago y librarse fondos con el carácter de a justificar; la justificación llega después, con la cuenta. El anticipo de caja fija es el distractor tentador por vecindad, pero no responde a la falta de documentación: es un sistema distinto, que el art. 78 regula para otro tipo de gastos. El anticipo de Tesorería atiende a la falta de crédito, no de justificantes, y la incorporación es una modificación de crédito.

• Los que se realizan en una localidad sin dependencia del ministerio u organismo
• Los que no superan el límite fijado para los anticipos de caja fija
• Los que se aplican al capítulo de gastos de personal del departamento
• Los que no pueden demorarse al ejercicio siguiente sin causar perjuicio

El art. 79.2 extiende el carácter de a justificar a las propuestas de pago para gastos que se van a realizar en una localidad donde no existe dependencia del ministerio, organismo, entidad gestora o servicio común: allí no hay quien pueda tramitar el gasto por la vía ordinaria. No hay en el artículo ningún umbral de importe, ni ninguna remisión a la caja fija, y la naturaleza del gasto (de personal o no) o su urgencia no son lo que lo convierte en pago a justificar.

• Un error material, aritmético o de hecho al pagar
• Un error de derecho al aplicar la norma del crédito
• Cualquier error que aprecie la Intervención Delegada
• Un error de hecho, siempre que sea imputable al perceptor

El art. 77.1 define el pago indebido como el realizado por error material, aritmético o de hecho, a favor de quien no tiene derecho a cobrar o en cuantía mayor que la reconocida. La lista es cerrada y no incluye el error de derecho: equivocarse al interpretar la norma no convierte el pago en indebido a estos efectos, y lo que se derive de un acto inválido sigue otro camino, la revisión del apartado 3. La ley no exige que el error de hecho sea imputable al perceptor: basta con que el pago se haya hecho por error a quien no tenía derecho o por más de lo reconocido. Y no deja la calificación al juicio de la Intervención.

• El Ministro de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración
• El ministro del departamento, previo informe de su Intervención Delegada
• La Intervención General, con normas comunes para toda la Administración del Estado
• El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro que corresponda en cada caso

El art. 78.1 descentraliza esta regulación: los ministros y los presidentes o directores de los organismos autónomos, previo informe de su Intervención Delegada, establecen en su ámbito las normas de los anticipos de caja fija, con los criterios generales de los gastos, los conceptos presupuestarios y los límites de cada uno. La opción del Ministro de Hacienda a propuesta de la Intervención General es la tentadora, porque ese es el reparto que la ley usa para otras normas comunes del gasto, pero aquí no. La Intervención informa, no regula, y el Consejo de Ministros no aparece en el artículo.

• Desde que se detectó el error hasta la devolución del dinero
• Desde el pago hasta que se acuerda la procedencia del reintegro
• Desde el requerimiento hasta la devolución de los fondos
• Desde el pago hasta que los fondos vuelven al Tesoro Público

El art. 77.4 cuenta los intereses desde el momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro; solo si el perceptor devuelve el dinero voluntariamente, sin requerimiento previo, el final se adelanta a la fecha de esa devolución. La opción que alarga el cómputo hasta que los fondos vuelven al Tesoro acierta en el inicio y falla en el final, y es la que hay que saber descartar. Ni el descubrimiento del error ni el requerimiento abren el período: el perceptor tuvo el dinero desde el pago.

• El Ministro de Hacienda, para todos los departamentos
• La Intervención Delegada en el propio departamento
• El ministro, o el órgano en quien delegue
• El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro

El art. 79.4 da la ampliación al ministro, o a quien él delegue, y en su caso a los presidentes o directores de los organismos autónomos y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, siempre a propuesta del órgano gestor del crédito. La Intervención Delegada es el distractor tentador, porque interviene en el trámite, pero solo informa la propuesta: no decide. Ni el Ministro de Hacienda ni el Consejo de Ministros tienen esta competencia sobre los plazos de otro departamento.

• Seis meses, también en expropiaciones y en el extranjero
• Tres meses; doce en expropiaciones y en el extranjero
• Tres meses; seis en expropiaciones y en el extranjero
• Seis meses; doce en expropiaciones y en el extranjero

El art. 79.4 fija tres meses para rendir las cuentas y seis para las de pagos de expropiaciones y en el extranjero, donde reunir los justificantes cuesta más. La pareja de seis y doce meses es el distractor tentador: son los plazos hasta los que pueden ampliarse, excepcionalmente, la regla y la excepción, no los plazos ordinarios. La opción de tres meses y doce acierta la regla y se pasa en la excepción, y la de seis meses para todo borra la diferencia que la ley hace entre los pagos ordinarios y los de expropiaciones y en el extranjero.

• Remitirla de todos modos al órgano competente para que la complete
• Practicar el embargo y pedir después los datos que le falten
• Devolver los documentos, de forma motivada, a quien dictó el acto
• Archivarla y comunicar el archivo al particular cuyo cobro se embarga

El párrafo segundo del art. 76 solo obliga a esos órganos a reenviar el embargo cuando reúne los requisitos del párrafo primero (la identificación del afectado con su NIF, el importe y el derecho de cobro afectado). Si no los reúne, la ley les manda devolver los documentos, de forma motivada, al órgano judicial o administrativo que dictó el acuerdo. Reenviarlo igualmente es la salida tentadora, pero es justo lo que la ley reserva para el embargo completo. Ni practican el embargo, que no les corresponde, ni lo archivan: el destinatario de la devolución es quien lo dictó, no el particular.

• El acto que reserva crédito para el ingreso que prevé el presupuesto anual
• El acto que declara un crédito exigible contra la Hacienda Pública
• El acto que extingue el derecho por su cobro en metálico o en especie
• El acto que declara y liquida un crédito a favor de la Administración

El art. 80.2 lo define como el acto que, conforme a la normativa de cada recurso, declara y liquida un crédito a favor de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos o de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. La opción del crédito exigible contra la Hacienda es la tentadora porque suena parecida, pero mira en la dirección contraria: es lo que se declara al reconocer una obligación en el lado del gasto. El cobro es una forma de extinción, la fase siguiente, y reservar crédito es propio de los gastos, no de los ingresos.