Los presupuestos de las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles y las fundaciones estatales

• Le obliga a presentarlos consolidados con las entidades del grupo
• Le obliga a presentarlos de forma individual, sin consolidar
• Le permite presentarlos consolidados con las entidades del grupo
• Le permite consolidarlos solo si lo autoriza el Consejo de Ministros

El art. 66.3 dice que estas entidades «podrán» presentar sus presupuestos de forma consolidada con las del grupo: es una facultad, no un deber, y no pide ninguna autorización. La obligación de consolidar es la trampa, porque convierte la facultad en un mandato. La presentación individual solo se exige «en todo caso» a ciertas entidades —entre ellas, las sociedades que piden aportaciones con cargo a los Presupuestos—, y esta no las pide. El enunciado descarta además que otra entidad obligada a elaborar esos presupuestos la participe mayoritariamente, que es el único caso en que la facultad no se aplica.

• El balance previsto y el estado de cambios en el patrimonio neto
• Una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo
• Una previsión del balance y de la cuenta de resultados del ejercicio
• Un estado de gastos con sus créditos y otro estado de ingresos

El art. 64.2 dice que esos presupuestos están constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del ejercicio. El balance es la trampa: también se prevé, pero se acompaña como anexo a los presupuestos, no forma parte de ellos, y por eso fallan las opciones que lo meten dentro. Un estado de gastos con sus créditos y otro de ingresos no es lo que el art. 64 describe para estas entidades, cuyo presupuesto se arma con estados financieros propios de la contabilidad empresarial.

• Una entidad pública empresarial del Estado
• Una sociedad mercantil estatal con balance abreviado
• Una fundación del sector público estatal
• Una sociedad mercantil estatal sin balance abreviado

El art. 66.2 dispensa a las fundaciones del sector público estatal sin condición alguna: da igual que reciban subvenciones. La sociedad mercantil estatal que puede formular balance abreviado es la trampa: también está dispensada, pero solo si no recibe subvenciones de explotación o de capital ni otra aportación con cargo a los Presupuestos, y en el caso las recibe. La otra sociedad y la entidad pública empresarial no encajan en ninguna dispensa, porque ni cotizan ni tienen acciones de sociedades cotizadas: tienen que formularlo, como manda el art. 65.1.

• Al Ministro de Hacienda
• Al director general del Patrimonio
• Al Consejo de Ministros
• Al ministerio del que depende

El art. 67.2.b) reparte la autorización por tramos del aumento sobre el presupuesto de capital: por encima de 300.000 euros y sin pasar de 600.000, el ministerio del que la sociedad depende funcionalmente; por encima, primero el Ministro de Hacienda y, en los importes mayores, el Consejo de Ministros. Con 450.000 euros se está en el primer tramo, y por eso los dos órganos superiores sobran. La Dirección General del Patrimonio del Estado no autoriza: emite un informe previo favorable cuando se aplica el art. 177 de la Ley 33/2003.

• Por su importe bruto al cierre del ejercicio
• Por su saldo neto al cierre del ejercicio
• Operación a operación, por su saldo neto
• Operación a operación, por su importe bruto

El art. 67.3 manda medir la variación en términos netos y con relación al fin del ejercicio, y aclara que no se computan las variaciones de pasivo circulante por operaciones de tesorería con las filiales y las empresas participadas mayoritariamente. Las opciones combinan dos ejes —neto o bruto, cierre del ejercicio u operación por operación— y solo una acierta en los dos: el importe bruto sumaría operaciones que se compensan entre sí, y mirar cada operación por separado ignora que la ley compara la situación al cierre con la prevista.

• El ejercicio corriente y ese
• El último cerrado, el corriente y ese
• Ese y el inmediatamente siguiente
• Ese y los dos inmediatamente siguientes

El art. 65.2 extiende el programa al ejercicio del proyecto de Presupuestos y a los dos inmediatamente siguientes, según las líneas estratégicas y los objetivos definidos para la entidad: mira hacia delante. La opción del último ejercicio cerrado y el corriente es la tentadora porque sale del art. 64.3: son los otros ejercicios a los que se refieren los estados financieros que acompañan al presupuesto anual, no el horizonte del programa. Quedarse en un solo año siguiente acorta el periodo que fija la ley.

• Del departamento del que depende funcionalmente
• De la Intervención General de la Administración del Estado
• De la Dirección General del Patrimonio del Estado
• De la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos

El art. 66.1 canaliza la remisión a través del departamento del que la entidad depende funcionalmente, que la hace llegar al Ministerio de Hacienda; ese Ministerio fija además la estructura básica, la documentación complementaria y el plazo de remisión. La Intervención General, que es el órgano de control, no hace de conducto del presupuesto. La conformidad financiera de la Dirección General del Patrimonio del Estado que pide el art. 177.2 de la Ley 33/2003 para algunas sociedades es otro trámite, no el conducto de la remisión; la Comisión Delegada no aparece en este artículo.

• Sigue teniendo que elaborar los dos documentos
• El contrato sustituye a los dos mientras esté vigente
• Los dos se incorporan al contrato como anexos
• Los dos pasan a aprobarse junto con el contrato

El art. 68.3 es tajante: suscribir el contrato-programa no excluye la elaboración del presupuesto de explotación y de capital ni la del programa de actuación plurianual. El contrato se suma a esos documentos con sus cláusulas mínimas del art. 68.1 —hipótesis, objetivos, aportaciones del Estado, medios de adaptación, efectos del incumplimiento y control de su ejecución—, pero no los sustituye ni los absorbe como anexos, y la ley no cambia por él cómo se tramitan.