Las relaciones financieras con la Unión Europea, las comunidades autónomas y las entidades locales

• En la propia Ley 47/2003, de forma permanente
• En una orden que dicta cada año el Ministro de Hacienda
• En la Ley de Presupuestos Generales de cada ejercicio
• En un convenio de cada entidad local con el Estado

El art. 87.2 fija la mecánica —entregas a cuenta durante el ejercicio y liquidación definitiva en el siguiente— y deja la cuantía y la periodicidad de las entregas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. Es una remisión: la Ley 47/2003 no da la cifra, y por eso no la fija de forma permanente. Ni una orden ministerial ni un convenio con cada entidad tienen ese papel.

• Los cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
• Los que gestiona el Estado para asegurar igual acceso en todo el territorio
• Los destinados a financiar prestaciones de carácter personal o social
• Los que la Ley de Presupuestos no transfiere directamente a las comunidades

El art. 86.1 manda distribuir territorialmente los créditos de materias en las que las comunidades tienen competencias de ejecución y que la Ley de Presupuestos no les transfiere directamente: esa opción describe justo lo que sí se reparte. La excepción está en su segundo párrafo: no se distribuyen los que debe gestionar un órgano de la Administración General del Estado, o un organismo suyo, para asegurar su plena efectividad dentro de la ordenación básica del sector, garantizar idénticas posibilidades de obtención o disfrute a sus destinatarios en todo el territorio o no sobrepasar la cuantía global de los fondos. Los cofinanciados por el FEADER y los de prestaciones personales o sociales también se distribuyen; la ley solo regula aparte cómo se libran.

• Por doceavas partes, al comienzo de cada mes
• Por cuartas partes, en la segunda quincena del trimestre
• De una vez, cuando la Conferencia Sectorial acuerda el reparto
• Por mitades, en la primera quincena de cada semestre

La regla general de la quinta del art. 86.2 es librar los créditos por cuartas partes en la segunda quincena natural de cada trimestre, y por eso es el distractor que más tienta. Para las prestaciones de carácter personal o social la ley hace una excepción: se libran por doceavas partes, al comienzo del mes. El libramiento de una vez, tras el acuerdo de la Conferencia Sectorial y el refrendo del Consejo de Ministros, lo prevé para ciertas actuaciones cofinanciadas por fondos europeos agrícolas y pesqueros, no para estas.

• A la Administración General del Estado, en su totalidad
• A todas las Administraciones que anticiparon, a partes iguales
• Al Estado y a la comunidad autónoma afectada, por mitades
• A cada Administración, en relación con sus respectivas actuaciones

El art. 84 reparte la carga según lo que hizo cada Administración: el importe que la Unión no reembolsa afecta a las Administraciones públicas «en relación con sus respectivas actuaciones». No lo absorbe entero el Estado por ser el interlocutor ante la Unión, ni se divide a partes iguales o por mitades, que repartiría la carga sin mirar quién gestionó. Para el reintegro de ayudas y la responsabilidad financiera en general, el mismo artículo remite a la Ley General de Subvenciones y a la normativa comunitaria.

• Con el producto de una emisión de Deuda del Estado
• Con un crédito extraordinario aprobado por ley
• Con los reintegros que realice la propia Unión
• Con las aportaciones de las comunidades autónomas

El art. 82.1.a) incluye entre las operaciones de tesorería con la Unión Europea las del FEAGA y el FEADER, y dice que los anticipos hechos a favor o por cuenta de la Unión se cancelan con los reintegros que ella misma realiza: el Estado adelanta y la Unión repone. No hace falta un crédito extraordinario ni endeudarse para cerrar un adelanto que tiene su propia vía de reembolso, y la ley no carga ese adelanto sobre las comunidades autónomas.

• Que las reglas de cálculo de los recursos transferidos estén en una norma con rango de ley
• Que los Presupuestos Generales de cada ejercicio contengan los créditos para esas transferencias
• Que las comunidades puedan disponer de anticipos a cuenta de los recursos que se les transfieran
• Que cada comunidad consigne en su propio presupuesto los recursos que espera recibir del Estado

El art. 85 somete estas relaciones a tres principios, y las opciones tentadoras son los otros dos: que las reglas de cálculo y gestión estén en norma con rango de ley es el de legalidad, y que las comunidades puedan disponer de anticipos a cuenta es el de concesión de anticipos de tesorería. La dotación presupuestaria mira al presupuesto del Estado: obliga a que los Presupuestos Generales de cada ejercicio contengan los créditos necesarios para las transferencias del sistema. Lo que cada comunidad consigne en el suyo no lo regula este artículo.

• Basta el acuerdo de la Conferencia Sectorial, por ser una cuantía menor
• Vale la autorización inicial, que cubre lo que se reparta en el ejercicio
• Autorización del Consejo de Ministros solo si con la inicial se pasa del umbral
• Una nueva autorización del Consejo de Ministros, sea cual sea el importe

El art. 86.2, regla segunda, letra b), cierra el paso a trocear el reparto: si el Consejo de Ministros ya autorizó la distribución de unos créditos, cualquier cuantía adicional que les afecte necesita otra autorización suya, con independencia de su importe. La opción de sumar las cuantías es la tentadora porque la ley fija un umbral para la primera autorización, pero para calcularlo dice lo contrario: no se acumulan la distribución inicial y las adicionales. No bastan ni la Conferencia Sectorial por sí sola ni la autorización ya dada.

• A solicitud de la entidad local afectada, justificando el beneficio
• De oficio, al practicar la liquidación definitiva de su participación
• A solicitud de la comunidad autónoma en la que está la entidad local
• De oficio, por el Ministerio de Hacienda, al cierre de cada ejercicio

El art. 89.2 exige, «en cualquier caso», que la compensación la soliciten las entidades afectadas, por el procedimiento que determine el Ministerio de Hacienda y justificando de forma explícita que el beneficio se reconoció a los contribuyentes. No llega de oficio: ni con la liquidación definitiva de la participación en tributos, que es otro circuito del mismo título, ni por decisión del Ministerio, que solo fija el procedimiento. La comunidad autónoma no interviene.

• Puede cancelarse en el ejercicio siguiente
• Tenía que cancelarse antes del cierre, sin excepción
• Puede cancelarse en cualquier ejercicio posterior
• Se da de baja al cierre con cargo al presupuesto

La regla del art. 82.3 es que los anticipos producidos por la intermediación del Banco de España o por la tramitación especial de las relaciones con la Unión quedan cancelados antes de que termine el ejercicio en que nacen. Su segundo párrafo abre una excepción para los que financian acciones y programas con fondos europeos: si quedan pendientes al cierre, pueden cancelarse en el ejercicio siguiente. La regla sin excepción es la trampa de quien solo recuerda el primer párrafo; y la excepción tiene un límite, el ejercicio siguiente, no cualquier ejercicio posterior.