Las responsabilidades por los daños a la Hacienda Pública

• Al Gobierno de la Nación
• Al Ministro de Hacienda
• Al Tribunal de Cuentas
• Al ministro de su departamento

El artículo 180.2 encauza por expediente administrativo hechos como comprometer gastos sin crédito suficiente, y reparte la competencia según quién sea el presunto responsable: el acuerdo de incoación, el nombramiento de instructor y la resolución corresponden al Gobierno cuando se trata de personas con la condición de autoridad, y en los demás casos al Ministro de Hacienda. Por eso el Ministro de Hacienda es la opción tentadora: es el órgano competente cuando el responsable no es autoridad. Al Tribunal de Cuentas se le da conocimiento de los hechos, pero no instruye este expediente, aunque puede recabar el conocimiento del asunto (LO 2/1982, art. 41.1), y el ministro del departamento no tiene competencia en él.

• Desde el día en que se causaron los perjuicios
• Desde que se declaró insolvente al deudor directo
• Desde que es firme la resolución del expediente
• Desde el día en que se le requiera el pago

El artículo 181.2 da a la Hacienda Pública estatal derecho al interés del artículo 17 sobre el importe de los alcances, malversaciones, daños y perjuicios desde el día en que se irrogan. Pero añade una excepción: cuando por insolvencia del deudor directo se deriva la acción a los responsables subsidiarios, el interés se calcula desde el día en que se les requiera el pago. La fecha del perjuicio es la opción tentadora porque es la regla general, que aquí no se aplica. Ni la declaración de insolvencia ni la firmeza de la resolución marcan el inicio del cómputo.

• Mancomunadamente, cada una por su parte
• Solo responde quien firmó la resolución
• Solidariamente, cada una por el total
• La Administración, que luego repite contra ellas

El artículo 178.3 fija la regla y su excepción: la responsabilidad de quienes participan en la resolución o en el acto es mancomunada, «excepto en los casos de dolo, que será solidaria». Con dolo, a cada partícipe se le puede exigir la totalidad. La mancomunidad es la opción tentadora porque es la regla general, pero cede justo en este supuesto. Tampoco se limita a quien firma la resolución, y no es la Administración la que responde para repetir después: el título VII hace responder directamente a quienes causaron el daño a la Hacienda.

• La intervención delegada que controla esa unidad
• El jefe del presunto responsable de los hechos
• El instructor del expediente de responsabilidad
• El Tribunal de Cuentas, que actúa de oficio

El artículo 182 ordena actuar en cuanto se tiene noticia de un hecho constitutivo de las infracciones del 177.1: instruyen las diligencias previas los jefes de los presuntos responsables —y los ordenadores de pagos cuando lo que falta es justificar órdenes de pago o fondos—, que además adoptan las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Hacienda. Las diligencias previas van antes del expediente y de que actúe el Tribunal de Cuentas: por eso no las instruye el instructor del expediente ni el Tribunal. La intervención delegada controla la gestión, pero la ley no le encarga estas diligencias.

• Por la vía de apremio, como derecho de la Hacienda
• Mediante demanda ante la jurisdicción civil ordinaria
• Mediante el procedimiento de reintegro por alcance
• Mediante la ejecución que inste el Tribunal de Cuentas

El artículo 181.1 convierte los perjuicios declarados en los expedientes de responsabilidad en derechos de la Hacienda Pública estatal o del ente respectivo, les aplica el régimen del artículo 10.1 y dispone que se cobren, en su caso, por la vía de apremio. El reintegro por alcance es el tentador, pero es el procedimiento del Tribunal de Cuentas para exigir la responsabilidad por alcance, no la vía de cobro de lo declarado en el expediente. Tampoco hace falta acudir a un juez civil ni que el Tribunal de Cuentas inste la ejecución.

• El Ministro de Hacienda, en expediente administrativo
• El titular del departamento en el que presta sus servicios
• El Tribunal de Cuentas, por su procedimiento propio
• La Intervención General, tras el control que lo detecta

El artículo 180.1 reserva el supuesto del alcance o la malversación, la letra a) del 177.1, al Tribunal de Cuentas, que exige la responsabilidad mediante el procedimiento de reintegro por alcance de su legislación específica. Los demás hechos del 177.1 siguen otro cauce, el expediente administrativo, y por eso las opciones que sitúan la exigencia en un órgano de la Administración son las tentadoras. La Intervención General puede detectar el alcance al ejercer sus controles, pero no es quien exige la responsabilidad.

• Esperar a que recaiga sentencia penal firme sobre los hechos
• Obtener la conformidad previa del Tribunal de Cuentas
• Exigírsela ya al funcionario, sin otro trámite
• Ir primero contra quien la percibió para que la reintegre

El artículo 178.2 añade una regla para la culpa grave: la Administración «tendrá que proceder previamente contra los particulares para el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas». Primero se intenta recuperar lo pagado de quien lo cobró, y después se exige al funcionario. Ir directamente contra él es la opción tentadora, porque es quien causó el daño, pero con culpa grave la ley impone ese paso previo. No hace falta esperar a una sentencia penal ni obtener la conformidad del Tribunal de Cuentas.

• Comunicar de palabra sus reparos a su superior jerárquico
• Pedir antes un informe a la Intervención sobre ese pago
• Dejar constancia escrita en el expediente de su improcedencia
• Dar cuenta inmediata de la orden al Tribunal de Cuentas

El artículo 179 extiende la obligación de indemnizar, además de a quien adopta la resolución o realiza el acto, a los interventores respecto de lo que abarca la función interventora y a los ordenadores de pago «que no hayan salvado su actuación en el respectivo expediente, mediante observación escrita acerca de la improcedencia o ilegalidad del acto o resolución». La salvaguarda es documental y queda en el expediente: un aviso de palabra al superior no sirve, y la ley no la condiciona a pedir un informe a la Intervención ni a avisar al Tribunal de Cuentas.

• Ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas
• Ante la Audiencia Nacional, en vía contenciosa
• Ante el Consejo de Ministros, en alzada
• Ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo

El artículo 180.2 termina diciendo que la resolución del expediente «será recurrible ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas», en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación. Aunque la dicte un órgano de la Administración, la revisión no va a la jurisdicción contencioso-administrativa ni a una alzada ante el Consejo de Ministros: la ley la lleva al órgano jurisdiccional del Tribunal de Cuentas. La Sala Tercera del Tribunal Supremo es la tentadora para quien lleva la resolución administrativa al contencioso, pero la ley no la manda allí.