El ámbito de aplicación y el sector público estatal

• En el empresarial, al no cumplir ninguna característica del administrativo
• En el administrativo, por tratarse de una entidad de derecho público
• En el fundacional, por depender de la Administración del Estado
• En ninguno, mientras no adopte la forma de entidad pública empresarial

El art. 3.2.c) integra en el sector público empresarial a las entidades de derecho público, los consorcios y los fondos no incluidos en el sector público administrativo. Esta entidad no cumple ninguna de las dos características del art. 3.1.b): su actividad principal es de mercado, no redistribuye renta y vive de ingresos comerciales. El distractor tentador es el administrativo por su naturaleza pública, pero para estas entidades la ley no decide por su naturaleza, sino por las dos características del art. 3.1.b).

• Al empresarial, porque no cumple las dos características a la vez
• Al administrativo, porque cumple una de las características
• Al fundacional, porque carece de ánimo de lucro
• A ninguno, porque los consorcios quedan fuera de la ley

El art. 3.1.b) lleva al sector público administrativo a los consorcios, los fondos sin personalidad jurídica y las entidades de derecho público que cumplan alguna de dos características; basta una. La primera es que su actividad principal no sea la producción en régimen de mercado de bienes y servicios. El empresarial es el sector de los consorcios que no cumplen ninguna. Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado sí forman parte del sector público estatal (art. 2.2.d).

• Su organización, su funcionamiento y las relaciones entre sus entidades
• Su régimen patrimonial y la gestión de sus bienes y derechos
• Su régimen presupuestario, contable, de intervención y de control
• Su régimen de personal y la provisión de sus puestos de trabajo

El art. 1 fija el objeto de la ley: el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención y de control financiero del sector público estatal. El distractor tentador es la organización y el funcionamiento: es el objeto de la Ley 40/2015, que regula el sector público institucional desde otro ángulo. El patrimonio y el personal tienen también sus propias leyes.

• En el empresarial, por ser asociaciones de empresarios
• En el fundacional, porque actúan sin ánimo de lucro
• En ninguno, por ser entidades de naturaleza privada
• En el administrativo, como las entidades gestoras

El art. 3.1.a) incluye en el sector público administrativo a las entidades gestoras, los servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, con sus centros mancomunados. El distractor tentador es el empresarial, por quiénes forman las mutuas, pero la ley las pone en el administrativo sin más condiciones. Tampoco quedan fuera: el art. 2.2.h) las incluye en el sector público institucional estatal en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

• En el sector público empresarial
• En el sector público fundacional
• En el sector público administrativo
• En el que resulte de su financiación

El art. 3.1.a) nombra directamente a los organismos autónomos entre los que integran el sector público administrativo, junto a la Administración General del Estado. El distractor tentador es decidirlo por la financiación: ese criterio solo se aplica a los demás organismos y entidades de derecho público, a los consorcios y a los fondos sin personalidad jurídica del art. 3.1.b), no a los organismos autónomos.

• Porque aprueban su presupuesto por una ley orgánica propia
• Porque gozan de autonomía presupuestaria según la Constitución
• Porque sus cuentas solo puede fiscalizarlas el Tribunal de Cuentas
• Porque no tienen dotación diferenciada en los Presupuestos

El art. 2.3, párrafo segundo, excluye a las Cortes Generales porque gozan de autonomía presupuestaria conforme al art. 72 de la Constitución; aun así, se mantiene la coordinación necesaria para elaborar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. La ley no da como razón ni una ley orgánica propia ni la fiscalización del Tribunal de Cuentas, y la falta de dotación diferenciada no es el motivo de la exclusión.

• No, porque carece de personalidad jurídica propia
• No, salvo que su norma de creación lo disponga
• Sí, aunque esta ley no se le aplica en ninguna materia
• Sí, y esta ley regula su régimen económico-financiero

El art. 2.3 los incluye en el sector público estatal aunque no tengan personalidad jurídica ni estén dentro de la Administración General del Estado, y regula por esta ley su régimen económico-financiero, sin perjuicio de las especialidades de sus normas de creación, organización y funcionamiento. Por eso falla el «sí» que les niega toda aplicación de la ley. La pertenencia la decide el propio art. 2.3: no depende de su norma de creación, y la falta de personalidad jurídica es justo la circunstancia que la ley declara irrelevante.

• La Administración General del Estado y el sector público institucional estatal
• La Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas
• Los organismos públicos estatales y las sociedades mercantiles estatales
• Los órganos de las Cortes Generales y la Administración General del Estado

El art. 2.1 divide el sector público estatal en dos: la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal, que es donde están los organismos públicos, las sociedades mercantiles y el resto de entidades del art. 2.2. Los organismos y las sociedades son solo una parte del segundo componente, no los dos componentes. Las comunidades autónomas no son sector público estatal, y las Cortes Generales quedan expresamente fuera de la ley.

• Las de derecho común y, en su defecto, las de derecho administrativo
• La Ley General Tributaria y, en su defecto, el Código Civil
• Las demás de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho común
• La normativa comunitaria y, en su defecto, las de derecho común

El art. 4.3 fija el orden: primero las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho común. El distractor tentador invierte ese orden. La normativa comunitaria aparece en el art. 4.1 como límite de la regulación de la ley, no como derecho supletorio, y la Ley General Tributaria rige el sistema tributario, que es materia aparte.