La gestión de la tesorería, el endeudamiento del sector público institucional y los avales

• Del grado de ejecución de su presupuesto de gastos
• De los pagos que tenga previstos y de su tesorería disponible
• De las deudas que tenga pendientes con la Hacienda estatal
• De la antigüedad de cada una de las propuestas de pago

El art. 106.2 permite retener las propuestas de pago a favor de las entidades del sector público administrativo estatal cuyos recursos integran el Tesoro en función de dos datos de la propia entidad: los pagos que tenga previstos y su tesorería disponible, y sin interferir en sus competencias. Es un instrumento de gestión de la liquidez: si el organismo tiene caja suficiente para lo que debe pagar, el Tesoro puede esperar. No es una compensación de deudas ni un control de cómo ejecuta su presupuesto.

• La de sometimiento a arbitraje en caso de controversia
• La de remuneración mínima garantizada de los saldos
• La de renuncia del banco a cobrar gastos de administración
• La de exclusión de la facultad de compensación

El art. 109.1 exige que los contratos de estas cuentas excluyan la facultad de compensación: la entidad de crédito no puede cobrarse con los fondos depositados lo que el titular le deba. El mismo párrafo permite pactar, sin imponerlo, que los gastos de administración de la cuenta se reduzcan con cargo a sus intereses, y de ahí sale el distractor tentador. Ni el arbitraje ni una remuneración mínima figuran entre lo obligatorio.

• Su consejo de administración
• El ministerio de adscripción
• Su Junta General de Accionistas
• Su presidente o consejero delegado

El art. 111.4 traslada al sector público institucional las competencias que el art. 98 da para las operaciones de la Deuda del Estado, y las adapta a la forma de cada entidad: en las fundaciones, al patronato, y en las sociedades mercantiles, a la Junta General de Accionistas. El consejo de administración es la respuesta intuitiva, porque gestiona la sociedad, pero la ley reserva la decisión al órgano de los socios. La primera frase del apartado da esas competencias al presidente o director de cada entidad, y de ahí sale la opción del presidente; pero la última las reserva, en las sociedades mercantiles, a la Junta General. El ministerio de adscripción no las ejerce.

• El Instituto de Crédito Oficial
• Las sociedades mercantiles cotizadas
• Las fundaciones del sector público
• Las entidades públicas empresariales

El art. 111.3 somete a todo el sector público institucional estatal a los principios de prudencia financiera que fije la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, con una sola excepción expresa: el Instituto de Crédito Oficial. Las sociedades mercantiles cotizadas son la trampa: no quedan fuera, solo cambia lo que deben contener como mínimo sus principios, porque para las demás entidades han de referirse al menos al coste financiero máximo de las operaciones y a las limitaciones al uso de derivados.

• El ministro de adscripción
• El Ministro de Hacienda
• La Intervención General
• El Consejo de Ministros

El art. 114.2 permite al Consejo de Ministros, previa declaración del interés público que lo motiva, autorizar avales en garantía de operaciones concertadas por entidades públicas territoriales o institucionales, sociedades mercantiles estatales y organismos internacionales de los que España sea miembro, y también para ciertas inversiones que deban revertir al Estado. Una sociedad mercantil estatal está en esa lista. Ni el ministro de adscripción ni el de Hacienda autorizan el aval, y la Intervención General controla, pero no autoriza.

• Tres meses
• Seis meses
• Un año
• Dos años

El art. 108.2 permite autorizar operaciones pasivas de tesorería —de crédito, préstamo, depósito, anticipo de ingresos o venta con pacto de recompra— para facilitar la gestión de la tesorería, siempre a un plazo no superior a tres meses. Son endeudamiento de muy corto plazo para cubrir desfases de caja, no financiación del presupuesto. El año tienta porque es la frontera de los instrumentos de financiación a corto plazo de la Deuda, pero esa es otra regla.

• Cualquier obligación del avalado frente al prestamista
• El principal, los intereses, las comisiones y los gastos
• Solo el pago del principal y de los intereses
• Un porcentaje de las pérdidas que sufra el prestamista

El art. 115.1 limita lo que cubre el aval: el pago del principal y de los intereses, y nada más, salvo que la ley de presupuestos o la de concesión dispongan expresamente otra cosa. Las comisiones y los gastos quedan fuera por defecto, y el aval no es una garantía genérica de cualquier deuda del avalado ni un seguro parcial de las pérdidas de quien presta.

• Presupuestario, por el importe íntegro de cada operación
• No presupuestario, incluidos sus rendimientos y gastos
• No presupuestario, salvo los rendimientos y gastos que generen
• Presupuestario solo cuando la operación supera el ejercicio

El art. 108.2 da a las operaciones de gestión tesorera —adquisición temporal de activos, préstamos, depósitos, colocación de fondos y operaciones pasivas a corto plazo— carácter no presupuestario: el principal entra y sale de la tesorería sin pasar por el presupuesto. Lo que sí se aplica al presupuesto del Estado son los rendimientos o gastos que deriven de ellas. Quien deja fuera también los rendimientos olvida esa salvedad, y la duración de la operación no cambia su carácter.

• Solo las de entidades del sector público estatal
• Las tributarias de empresas en dificultades financieras
• Las nacidas de contratos con la propia Administración
• Las de operaciones de crédito de personas públicas o privadas

El art. 113.1 define el objeto del aval del Estado: afianzar las obligaciones derivadas de operaciones de crédito, concertadas en el interior o en el exterior, por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. No se limita al sector público, y lo que se garantiza es una deuda financiera frente a quien presta, no una deuda tributaria ni las obligaciones de un contrato con la propia Administración.