La impugnación de los actos y acuerdos locales

• Obligatorio: sin él, el recurso contencioso no se admite a trámite
• Potestativo: puede impugnar el acuerdo directamente, sin formularlo
• Obligatorio cuando el acuerdo menoscaba competencias del Estado o de la comunidad
• Sustitutivo del recurso: si se rechaza, ya no cabe acudir a la jurisdicción

El art. 65.4 permite a la Administración del Estado o a la de la comunidad autónoma impugnar el acto o acuerdo directamente, sin necesidad de formular antes el requerimiento, dentro del plazo que fija la ley de la jurisdicción. El requerimiento es, por tanto, una vía a su elección, no un requisito para que se admita el recurso. Tampoco cierra el camino judicial si la entidad lo rechaza: el apartado anterior prevé justamente el recurso después del requerimiento. Y los actos que menoscaban competencias estatales o autonómicas pueden impugnarse por cualquiera de las vías del art. 65, según dice el art. 66.

• Desde el día siguiente a aquel en que recibió la comunicación del acuerdo
• Desde el día siguiente a aquel en que el ayuntamiento recibió el requerimiento
• Desde el día siguiente al vencimiento del requerimiento o a su rechazo, si llega en plazo
• Desde el día siguiente a la publicación del acuerdo en el boletín de la provincia

El art. 65.3 no fija cuánto dura el plazo para recurrir —remite a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa—, pero sí cuándo empieza: el día siguiente a aquel en que vence el plazo dado en el requerimiento o, si la entidad local lo rechaza antes, el día siguiente a recibir la comunicación del rechazo. Contar desde que se recibió el acuerdo o desde que el ayuntamiento recibió el requerimiento le comería el tiempo que la ley le da para anular, y la publicación en el boletín no es la referencia de este cómputo.

• Pedir a la comunidad autónoma que ejerza la acción en lugar del ayuntamiento
• Recurrir en reposición el silencio del ayuntamiento antes de acudir al juez
• Ejercer él mismo la acción, en nombre e interés de la entidad local
• Ejercer él mismo la acción, en nombre propio y sin derecho a reembolso

El art. 68 obliga a las entidades locales a defender sus bienes y derechos, y da a cualquier vecino en pleno goce de sus derechos civiles y políticos un modo de empujarlas: requerirles que ejerzan la acción. Ese requerimiento suspende el plazo de la acción durante treinta días hábiles, y si en ese tiempo la entidad no acuerda ejercerla, el vecino puede ejercerla él, pero en nombre e interés de la entidad, porque el bien es de ella. Si prospera, la entidad le reembolsa las costas y le indemniza los daños y perjuicios. La ley no prevé que la comunidad autónoma la sustituya ni un recurso de reposición contra el silencio.

• En la sentencia que ponga fin al proceso, con el fondo
• Tras oír a la entidad local en una pieza separada de diez días
• Cuando el ayuntamiento haya remitido el expediente
• En el primer trámite siguiente a la presentación de la impugnación

El art. 66 permite impugnar los actos locales que menoscaban competencias del Estado o de la comunidad autónoma con una especialidad: si la impugnación pide expresamente la suspensión, razonándola en el interés general o comunitario afectado, el tribunal la acuerda, si la estima fundada, en el primer trámite tras presentarse la impugnación. No espera a la sentencia ni a recibir el expediente, ni abre antes un incidente para oír a la entidad local: a ella la oye después, si pide que se alce la suspensión porque causa al interés local un perjuicio que el interés general no justifica.

• Tres días
• Cinco días
• Diez días
• Quince días

El art. 67 es un procedimiento urgente, y sus plazos son cortos: el que el requerimiento da al Presidente de la corporación para anular el acto no puede pasar de cinco días. Diez días es la cifra que más se repite en este artículo —para formular el requerimiento, para suspender y para impugnar la suspensión—, y de ahí la confusión, pero no es el plazo que se concede al Presidente. Tres y quince días no aparecen en el artículo.

• Cinco días hábiles
• Diez días hábiles
• Quince días hábiles
• Veinte días hábiles

El art. 64 permite al Estado y a la comunidad autónoma pedir que se amplíe la información que las entidades locales les remiten sobre sus actos y acuerdos, y fija para remitirla un plazo máximo de veinte días hábiles. Es la regla general: el plazo más corto que prevé el mismo artículo es para otro procedimiento, el del art. 67, reservado a los actos que atentan gravemente al interés general de España. Cinco, diez o quince días hábiles no son el plazo de este caso.

• El Delegado del Gobierno
• El Consejo de Ministros
• El Gobierno de la comunidad autónoma
• El ministro competente en régimen local

El art. 67 es una vía excepcional, para los actos que atentan gravemente al interés general de España, y la pone en manos del Delegado del Gobierno: requiere al Presidente de la corporación que anule el acto y, si no lo hace, puede suspenderlo y adoptar las medidas que protejan ese interés, y después tiene que llevar la suspensión ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Ni el Consejo de Ministros ni un ministro intervienen en este artículo, y la comunidad autónoma no puede usar esta vía: frente a un acto local ilegal tiene el requerimiento y la impugnación del art. 65.

• Diez días
• Quince días
• Un mes
• Dos meses

En el requerimiento del art. 65, la Administración del Estado o la de la comunidad autónoma concede a la entidad local un plazo para anular el acto que considera ilegal, y la ley lo limita a un mes como máximo. Dos meses es la cifra que suele asociarse al recurso contencioso-administrativo, pero ese plazo lo fija la ley de la jurisdicción, no este artículo. Diez o quince días no son el tope que pone este apartado.

• Los cuatro concejales que votaron en contra del acuerdo
• Los que votaron en contra y también los que se abstuvieron
• Cualquiera de los diecisiete concejales que forman el Pleno
• Los que votaron en contra, si los respalda su grupo político

El art. 63.1 suma a quienes ya pueden recurrir según la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa dos legitimados propios del régimen local, y uno de ellos son los miembros de la corporación que votaron en contra del acto o acuerdo. Abstenerse no basta: quien se abstiene no se opuso, y la ley no le da esa legitimación. La Ley 7/1985 no se la da a cualquier concejal por el hecho de serlo, y el artículo no la hace depender de lo que decida su grupo político.