Las clases de competencias locales y las relaciones con las demás Administraciones

• Necesarios, pero no vinculantes
• Potestativos, pero vinculantes
• Potestativos y no vinculantes
• Necesarios y vinculantes

El art. 7.4 los declara «necesarios y vinculantes»: sin ellos la entidad no puede ejercer la competencia, y si uno es desfavorable, tampoco. La trampa es la regla general del procedimiento, que hace a los informes facultativos y no vinculantes salvo disposición en contrario (art. 80.1 de la Ley 39/2015): aquí la Ley 7/1985 es esa disposición en contrario, y en los dos sentidos.

• Bajo la tutela de su Comunidad Autónoma, que controla la oportunidad de su ejercicio
• En régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad de cada entidad
• En los términos del acuerdo de la Administración que se las atribuye
• Con sujeción a los planes anuales que apruebe para ellas el Estado

El art. 7.2 dice que las competencias propias solo las determina la ley y que se ejercen «en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad», con la debida coordinación con las demás Administraciones: coordinarse no es quedar bajo tutela. Ejercerlas «en los términos» de una disposición o un acuerdo de otra Administración es lo propio de las competencias delegadas (art. 7.3), no de las propias, y el control de oportunidad tampoco cabe sobre lo que es de la entidad.

• Con los Estatutos de Autonomía y con la legislación de las Comunidades Autónomas
• Con la legislación básica del Estado y el reglamento orgánico de cada Diputación
• Con los Estatutos de Autonomía y los convenios con la Administración General del Estado
• Con los planes provinciales de cooperación a las obras y servicios municipales

El art. 8 se remite a los Estatutos de Autonomía y a la legislación de las Comunidades Autónomas, porque el servicio es de la Comunidad y es ella quien decide si y cómo lo gestiona la provincia o la isla. La legislación básica del Estado no ordena la gestión de un servicio autonómico, el Estado no es parte de esa relación y los planes provinciales de cooperación sirven a las obras y servicios de competencia municipal, no a los de la Comunidad.

• Sí, si prestarlo no pone en riesgo la sostenibilidad financiera de su Hacienda
• No, porque una entidad local no puede ejercer más competencias que las propias y las delegadas
• Sí, si lo acuerda su Pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros
• No, porque incurriría en la ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración

El art. 7.4 admite competencias distintas de las propias y de las delegadas, pero con dos condiciones que se suman: que no peligre la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y que no se incurra en ejecución simultánea del mismo servicio con otra Administración. Aquí falla la segunda, así que una Hacienda saneada no basta. Decir que solo caben las propias y las delegadas es la lectura del art. 7.1 sin el 7.4, y ningún acuerdo del Pleno, por mayoría que sea, salva la duplicidad.

• La competente por razón de materia, sobre duplicidades, y la que tiene la tutela financiera, sobre sostenibilidad
• La que tiene la tutela financiera, sobre duplicidades, y la competente por razón de materia, sobre sostenibilidad
• El secretario de la entidad, sobre la legalidad, y el interventor, sobre la sostenibilidad financiera
• La Diputación provincial, sobre duplicidades, y el Ministerio de Hacienda, sobre la estabilidad presupuestaria

Cada informe lo da quien sabe de lo suyo: la Administración competente por razón de la materia es la que conoce el sector y puede señalar la inexistencia de duplicidades, y la que tiene atribuida la tutela financiera es la que valora si las nuevas competencias son sostenibles. Cruzarlos es la trampa más fina. Los informes del secretario y del interventor son internos de la entidad, y el art. 7.4 pide informes de otras Administraciones.

• Técnicas de control de legalidad a cargo de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
• Técnicas de tutela financiera a cargo de la Diputación provincial
• Técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia por la delegante
• Técnicas de control de oportunidad a cargo del Pleno de la entidad delegada

La competencia delegada sigue siendo de quien la delega, y por eso el art. 7.3 exige que la delegación prevea técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. Ese control lo ejerce la Administración delegante, no la entidad que recibe la competencia: el art. 27.4 le permite dictar instrucciones técnicas, recabar información y formular requerimientos. El control de legalidad de los actos locales es otra cosa (art. 6.2), y el art. 7.3 no pone a la Diputación entre quien delega y quien recibe.

• Sí, si el Pleno del municipio afectado la acepta antes de su entrada en vigor
• No, porque desarrollar la Ley 7/1985 es tarea de las Cortes Generales y no de las Comunidades Autónomas
• No, porque una norma de desarrollo no puede limitarse a una entidad con carácter singular
• Sí, si se aprueba con el informe previo de la Diputación de su provincia

El art. 9 impide que las normas de desarrollo que afectan a las entidades locales territoriales limiten su ámbito a una o varias de ellas con carácter singular: se regula por categorías, no con nombre propio. La salvedad son los regímenes municipales o provinciales especiales que prevé la propia ley, y el caso la descarta. Las comunidades autónomas sí desarrollan la Ley 7/1985: la propia ley habla de las competencias legislativas o de desarrollo de la legislación del Estado sobre régimen local que han asumido según sus Estatutos (DA 1.ª.1), y ni la aceptación del municipio ni un informe provincial convierten en general una norma singular.