Las relaciones con el Estado y las comunidades autónomas

• Los Secretarios y, de forma inmediata, los Interventores
• Los Secretarios y, de forma inmediata, los Presidentes
• Los Interventores y, de forma inmediata, los Secretarios
• Los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios

El art. 56.1 hace responsables, en primer lugar, a los Presidentes de las Corporaciones y, de forma inmediata, a sus Secretarios. La trampa es el orden: el Secretario es quien custodia las actas y certifica los acuerdos, y por eso parece el primer responsable, pero la ley lo pone en segundo término, detrás del Presidente. El Interventor no figura en este deber.

• Los órganos competentes del propio ayuntamiento que la aporta
• El Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma afectada
• La Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma afectada
• La Diputación de la provincia de los municipios dañados

El art. 57.4, que añadió el Real Decreto-ley 7/2024, permite que una entidad local aporte medios humanos y materiales a las entidades locales gravemente afectadas por una emergencia civil, y deja la decisión en manos de sus propios órganos competentes, con sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y por el principio de solidaridad. Es tentador pensar que hace falta el visto bueno de la comunidad autónoma, de la Delegación del Gobierno o de la Diputación porque coordinan la emergencia, pero la ley no les da esta decisión: es la entidad que ayuda la que resuelve.

• El Consejo de Ministros, previo acuerdo favorable del Congreso
• El Consejo de Gobierno autonómico, previo acuerdo favorable del Senado
• El Consejo de Ministros, previo acuerdo favorable del Senado
• El Consejo de Gobierno autonómico, previo acuerdo favorable del Congreso

El art. 61.1 atribuye la disolución al Consejo de Ministros, mediante real decreto, y exige en todo caso el acuerdo previo favorable del Senado. La comunidad autónoma interviene, pero no decide: su Consejo de Gobierno puede solicitar la disolución o, si la inicia el Consejo de Ministros, tiene conocimiento de ella. El Congreso es el distractor más tentador, porque es la cámara que suele asociarse al control del Gobierno, pero la ley pide el acuerdo del Senado y no el suyo, y la decisión nunca es del Consejo de Gobierno autonómico, con el acuerdo de una cámara o de la otra.

• Deliberantes o consultivas, y decisorias en lo que acepte cada entidad
• Ejecutivas, con facultad de gestionar servicios locales
• Deliberantes, y ejecutivas en la planificación de inversiones
• Deliberantes o consultivas, sin capacidad de decisión

El art. 58.1 permite a las leyes del Estado y de las comunidades autónomas crear estos órganos de colaboración con las entidades locales, pero dice que serán únicamente deliberantes o consultivos, de ámbito autonómico o provincial y de carácter general o sectorial. No adoptan decisiones, ni siquiera en lo que una entidad acepte, ni gestionan servicios o ejecutan inversiones: un órgano que impusiera su criterio a las entidades locales dejaría de ser de colaboración.

• Que la comunidad retenga sus transferencias al ayuntamiento hasta que cumpla
• Que la comunidad la cumpla a costa y en sustitución del ayuntamiento
• Que la comunidad sancione al Alcalde por el incumplimiento
• Que la comunidad le conceda un segundo plazo, improrrogable

El art. 60 regula la sustitución: si, pasado el plazo del recordatorio —que nunca puede ser inferior a un mes—, el incumplimiento persiste, la Administración afectada adopta las medidas necesarias para cumplir la obligación a costa y en sustitución de la entidad local. No hay un segundo plazo: el recordatorio ya fue la oportunidad de cumplir. Retener transferencias o sancionar al Alcalde no son las medidas que prevé este artículo, que no castiga el incumplimiento, sino que lo remedia con cargo a la entidad local.

• De planes sectoriales que fijan objetivos y prioridades en la materia
• De instrucciones y órdenes de servicio a los órganos locales
• De convenios que el Consejo de Gobierno suscribe con cada entidad
• De requerimientos de cumplimiento dirigidos a cada entidad local

El art. 59.1 dice que la coordinación se hace definiendo los intereses generales o comunitarios en una materia, servicio o competencia concretos a través de planes sectoriales, que fijan los objetivos y las prioridades de la acción pública; las entidades locales ejercen después su planificación dentro de ellos. Los convenios son tentadores, pero son cooperación voluntaria, y la coordinación solo entra cuando los procedimientos anteriores no bastan o son manifiestamente inadecuados. Las instrucciones y órdenes de servicio son propias de la jerarquía dentro de una Administración, y la ley tampoco da a la coordinación la forma de requerimientos a cada entidad.

• Cuando prefieran un ente con personalidad propia a suscribir un convenio
• Cuando la cooperación sea técnica o administrativa y no económica
• Cuando no quepa un convenio y el consorcio asigne mejor los recursos
• Cuando el convenio que tenían suscrito haya agotado su plazo de vigencia

El art. 57.3 hace del consorcio la fórmula de segunda opción: solo se constituye si la cooperación no puede formalizarse con un convenio y, además, si en términos de eficiencia económica asigna mejor los recursos. Preferir un ente con personalidad propia no basta, porque la ley antepone el convenio. Que un convenio anterior haya vencido tampoco demuestra que no quepa otro. Y la cooperación económica no queda fuera: el art. 57.1 admite consorcios y convenios para la económica, la técnica y la administrativa.