Las competencias en materia de contratación en las entidades locales

En la Mesa de una entidad local pueden sentarse miembros electos de la Corporación, pero el apartado 7 limita su peso: no pueden suponer más de un tercio del total de sus miembros, y la disposición no les quita el voto. La opción del «no» es la confusión que hay que evitar: la exclusión de los cargos públicos representativos es la regla del art. 326.5, que rige las mesas del Estado, no la de la Mesa local, que tiene sus propias normas en esta disposición.

El apartado 8 adapta a las entidades locales el comité de expertos del art. 146.2.a): lo puede integrar cualquier funcionario de carrera o laboral fijo con la cualificación apropiada que no haya participado en redactar la documentación técnica del contrato, y entre ellos tiene que estar, en todo caso, un técnico jurista especializado en contratación pública. La ley no exige un economista ni a alguien de la Diputación, y lo que importa del servicio que propone el contrato es no haber redactado su documentación técnica. El personal de la Diputación puede integrarse en la Mesa (apartado 7), pero no se exige en el comité.

El apartado 4 cambia quién contrata en los municipios de gran población, pero deja expresamente en el Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales, igual que el apartado 2 lo hace en los de régimen común. La disposición no atribuye esa aprobación ni a la Junta de Gobierno Local, ni al Alcalde, ni al Consejo de Ministros, que aprueba los pliegos generales de la Administración General del Estado.

El apartado 1 fija el límite en el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto, medido sobre el valor estimado del contrato. Ni el 5 % ni el 15 % aparecen en esta disposición. El 20 % es tentador porque la Ley 7/1985 lo usa en su art. 47.2.j) para exigir mayoría absoluta en las concesiones de bienes o servicios de más de cinco años, pero eso es una mayoría de votación, no el reparto de la competencia para contratar.

El apartado 7 sienta como vocales al Secretario (o, en su caso, al titular del órgano de asesoramiento jurídico) y al Interventor (o al titular del órgano de control económico-presupuestario). El Tesorero no figura, y un técnico del servicio que promueve el contrato puede estar entre los demás vocales que designe el órgano de contratación, pero la ley no lo exige.

En los municipios de gran población, el apartado 4 de la disposición adicional segunda entrega a la Junta de Gobierno Local las competencias de órgano de contratación, sin mirar el importe ni la duración. Por eso no importa que el contrato sea grande y largo: en un municipio de régimen común ese mismo contrato iría al Pleno, y es la trampa de la opción. Ni el Alcalde ni una Comisión del Pleno reciben esta competencia en la disposición.

Para los contratos privados, las concesiones sobre bienes y la adquisición de inmuebles y derechos patrimoniales, el apartado 9 tiene sus propios límites: se mide el presupuesto base de licitación del art. 100.1, no el valor estimado, y el tope es de tres millones de euros. Las opciones del valor estimado y de la otra cifra mezclan esta regla con la del apartado 1, que es la de los contratos de obras, suministro, servicios y concesiones.

El apartado 6, pensado para los municipios de menos de 5.000 habitantes, permite encomendar por convenio la gestión del procedimiento de contratación a las Diputaciones provinciales o a las Comunidades Autónomas uniprovinciales: no a una comunidad con varias provincias, ni a órganos del Estado como la Subdelegación del Gobierno o la Junta Consultiva.

En los contratos plurianuales, el apartado 1 suma todas las anualidades y compara ese importe acumulado con los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio. No se mira la anualidad más alta ni se compara cada anualidad con el presupuesto de su propio año.