Las normas específicas de contratación en las entidades locales

La disposición adicional tercera suma a las adhesiones del artículo 228.3 las centrales que creen, conforme a la LCSP, las asociaciones de entidades locales de la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, y las creadas por la Administración General del Estado. El artículo 228.3, por su parte, solo alcanza a los sistemas de adquisición centralizada de entidades del sector público. Los colegios profesionales, las comunidades de regantes y las cofradías de pescadores son corporaciones de derecho público que no figuran en la lista del sector público del artículo 3.1 (el 3.5 solo las somete a la ley cuando son poder adjudicador), y la disposición adicional tercera no las nombra.

En los municipios de menos de 5.000 habitantes, la disposición adicional tercera permite sustituir la aprobación del gasto por una certificación de existencia de crédito, que expide el Secretario-Interventor o, en su caso, el Interventor. Lo que se simplifica es esa fase: el compromiso del gasto y la ordenación del pago son fases posteriores que la certificación no sustituye, y la ley no la presenta como alternativa a la fiscalización.

La disposición adicional tercera aplica a los contratos de obras locales las normas de supervisión de proyectos del artículo 235. La supervisión la hacen las oficinas o unidades de la propia entidad y, si el municipio no las tiene, las de la Diputación provincial o de la Administración autonómica uniprovincial que corresponda. La ley no la encomienda a la Administración General del Estado, a una mancomunidad ni a un técnico que elija el Alcalde. Y el acuerdo que aprueba el proyecto ha de recoger expresamente que la supervisión fue favorable.

En las concesiones de obras y de servicios de las entidades locales, la disposición adicional tercera une dos piezas que piden normas distintas: el expediente de conveniencia y oportunidad del art. 86.1 de la Ley 7/1985 y el estudio de viabilidad que regula la propia LCSP, y ordena tramitarlos conjuntamente. No lo une al pliego de prescripciones técnicas, que define la prestación, ni a un anteproyecto, ni al presupuesto de la entidad.

La disposición adicional tercera hace preceptivo el informe jurídico del Secretario en una lista de actos: la aprobación de los expedientes de contratación, la modificación, la revisión de precios, las prórrogas, el mantenimiento del equilibrio económico, la interpretación y la resolución de los contratos. La prórroga está en ella; la adjudicación, la recepción y la formalización, no.

En los municipios de régimen común, los informes que la LCSP asigna a los servicios jurídicos los emite el Secretario. En los de gran población, la disposición adicional tercera, apoyándose en la disposición adicional octava de la Ley 7/1985, los traslada al titular de la asesoría jurídica. El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno también aparece en ese apartado, pero para otra función: coordinar las obligaciones de publicidad e información de la Ley 19/2013.

El límite de la concesión que agrupa varios servicios se mide por la anualidad media del contrato, no por su valor estimado, y la cifra es 200.000 euros. El valor estimado, que suma toda la duración de la concesión, es otra base, y la ley no lo usa aquí. Además, el pliego de cláusulas administrativas particulares tiene que precisar el ámbito funcional y territorial del contrato.