El contrato de concesión de servicios

• Seguir prestando el servicio hasta que se adjudique el nuevo contrato
• Seguir prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo contrato
• Entregar ya el servicio a la Administración, que lo presta entretanto
• Seguir prestando el servicio si acepta que se le prorrogue el contrato

El artículo 288.a) obliga al concesionario a prestar el servicio con la continuidad convenida y, si el contrato se extingue por cumplimiento, a seguir prestándolo hasta que se formalice el nuevo contrato. No basta con la adjudicación: el hito es la formalización, que es posterior. Es una obligación, no una prórroga que el concesionario pueda aceptar o rechazar, y entregar ya el servicio a la Administración es justo lo que el artículo 288.a) aplaza hasta la formalización.

• En los casos de modificación que admite la ley, sin necesidad de interés público
• Solo en los casos que el pliego haya previsto de forma expresa
• Por razones de interés público, aunque no concurran los casos que admite la ley
• Por razones de interés público y en los casos de modificación que admite la ley

El artículo 290.1 deja a la Administración modificar las características del servicio y las tarifas de los usuarios únicamente por razones de interés público y si concurren las circunstancias de la subsección que regula la modificación de los contratos (artículos 203 a 207): hacen falta las dos cosas. El interés público no basta sin esas circunstancias, ni estas sin aquel. Y no se limita a lo que previó el pliego: esa subsección admite también modificaciones no previstas, en los casos del artículo 205.

• Todas, si el pliego de cláusulas administrativas lo prevé expresamente
• Todas, si el órgano de contratación autoriza antes la hipoteca
• Las que conllevan obras o instalaciones fijas necesarias para el servicio
• Las adjudicadas a una sociedad de propósito específico creada para ello

El artículo 287.3 solo admite hipotecar una concesión de servicios en los casos en que conlleve la realización de obras o instalaciones fijas necesarias para prestar el servicio. La autorización previa del órgano de contratación es lo que pide el art. 273.1 para la concesión de obras; en la de servicios no abre la hipoteca si no hay obras o instalaciones fijas, y tampoco lo hace el pliego. La sociedad de propósito específico sale del artículo 285.1.e), que trata de la cesión de sus participaciones, no de la hipoteca.

• Sobre cualquier prestación, hasta el porcentaje que fije el pliego
• Sobre las prestaciones accesorias, y no sobre las principales
• Sobre la principal, si lo autoriza antes el órgano de contratación
• Sobre cualquier prestación, salvo las que el pliego reserve

El artículo 296 limita la subcontratación en la concesión de servicios a las prestaciones accesorias, y para lo demás remite a los artículos 215 a 217. El tentador es la regla general del artículo 215, que deja subcontratar la prestación con sujeción a los pliegos, salvo las tareas que estos reserven al contratista: en la concesión de servicios el límite es más estrecho y lo pone la ley, no el pliego. Ninguna autorización abre la subcontratación de la prestación principal.

• Por cuenta de la Administración, que asume el resultado de la explotación
• Por cuenta y riesgo del concesionario, al que se devuelve con su saldo
• Por cuenta de la Administración, que indemniza al concesionario al acabar
• Por cuenta del concesionario, con las pérdidas a cargo de la Administración

El artículo 293.1 permite a la Administración acordar el secuestro o la intervención de un servicio público concedido cuando, por causas ajenas al concesionario o por su incumplimiento, se derive una perturbación grave y no reparable por otros medios, y lo hace «en los términos establecidos en el artículo 263». El 263.2 dice que la explotación durante el secuestro se efectúa por cuenta y riesgo del concesionario, al que se devuelve al terminar con el saldo que quede después de pagar todos los gastos, incluidos los honorarios de los interventores, y de deducir las penalidades impuestas. El tentador es que la asuma la Administración, porque es ella quien explota el servicio y percibe la contraprestación mientras dura; pero el riesgo sigue siendo del concesionario, aunque la causa le sea ajena, y la ley no prevé indemnizarle ni cargar las pérdidas a la Administración.

• Nada, porque la supresión responde al interés público
• Los daños emergentes, sin contar los beneficios futuros
• Los daños y perjuicios, con los beneficios futuros que pierda
• Las inversiones aún sin amortizar, y nada por otros perjuicios

El artículo 295.4 dice que en los supuestos de las letras b), c), d) y e) del artículo 294, y en general cuando la resolución es imputable a la Administración, esta indemniza al contratista los daños y perjuicios, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir, sin perjuicio del abono de las inversiones del apartado 1. El tentador es que no haya indemnización alguna, que sale del artículo 290.6: ahí es el concesionario quien desiste por un cumplimiento extraordinariamente oneroso. Quedarse en las inversiones o en los daños sin los beneficios futuros se queda corto.

• En las que estén sujetas a regulación armonizada
• En las que prevean ayudas a construirlas o explotarlas
• En las que comprendan la ejecución de obras
• En las que recaigan sobre un servicio público

El artículo 285.2 exige el anteproyecto de construcción y explotación, cuando proceda según el artículo 248.1, en las concesiones de servicios que comprendan la ejecución de obras, y además la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del proyecto. El tentador son las ayudas: cuando la viabilidad de la concesión cuenta con ayudas a la construcción o la explotación, el mismo apartado pide que el estudio de viabilidad se pronuncie sobre una posible ayuda de Estado, no un anteproyecto. Ni la regulación armonizada ni que el servicio sea público lo exigen.

• Que una ley los haya declarado antes servicio público
• Que sean susceptibles de explotación económica por particulares
• Que la Administración no los preste ya con medios propios
• Que puedan financiarse con tarifas de los usuarios

El artículo 284.1 deja gestionar indirectamente por concesión los servicios de titularidad o competencia de la Administración siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. El tentador son las tarifas, pero la ley no exige que el servicio se financie con lo que pagan los usuarios: el artículo 289.1 no limita a ellos quién abona la retribución del concesionario. Tampoco hace falta que el servicio sea público —el 284.2 regula ese caso como uno más— ni que la Administración no lo preste hoy por sí misma. Lo que sí excluye el mismo apartado es la concesión de los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

• Recibir la prestación y abrir un plazo de garantía tras la entrega
• Pedir a la Intervención un informe sobre el estado de los bienes
• Preparar la entrega de los bienes en el período que fije el pliego
• Prorrogar el contrato hasta estar lista para gestionar el servicio

El artículo 291.2 manda que, durante un período prudencial anterior a la reversión, que tiene que fijarse en el pliego, el órgano competente de la Administración adopte las disposiciones para que la entrega de los bienes se haga en las condiciones convenidas. El tentador es el plazo de garantía, que es lo propio de la recepción del artículo 210; pero el artículo 286 excluye ese artículo de la concesión de servicios. Ni el informe de la Intervención ni una prórroga para preparar la gestión están en la ley como paso previo a la reversión.

• Que la Administración carece de medios para prestarla
• Que la actividad queda reservada en exclusiva al sector público
• Que la gestión indirecta es la forma más adecuada de prestarla
• Que la Administración asume la actividad como propia

El artículo 284.2 exige que, antes de contratar la concesión de un servicio público, se haya establecido su régimen jurídico, y que este declare expresamente que la actividad queda asumida por la Administración respectiva como propia; además, determina el alcance de las prestaciones a los administrados y regula sus aspectos jurídicos, económicos y administrativos. El tentador es la falta de medios, pero el art. 284.2 no le pide al régimen jurídico que la justifique: le pide declarar la actividad asumida como propia, fijar el alcance de las prestaciones y regular su prestación. Asumir la actividad como propia tampoco es reservarla en exclusiva, y la ley no pide declarar que la gestión indirecta sea la más adecuada.