Las consultas preliminares, el expediente de contratación, el contrato menor y la tramitación urgente y de emergencia

• El Consejo de Ministros, a propuesta del ministerio
• La intervención, al fiscalizar el expediente
• El propio órgano de contratación, motivándola
• La mesa de contratación, al constituirse

La urgencia la declara el mismo órgano de contratación, y la declaración ha de estar debidamente motivada y figurar en el expediente. No hace falta acudir al Consejo de Ministros, que en estos artículos solo aparece en la emergencia de las entidades estatales, y ni la intervención ni la mesa deciden cómo se tramita el expediente.

• En los contratos de servicios
• En los contratos de suministro
• En los contratos de obras
• En las concesiones de servicios

Entre lo que el expediente ha de justificar, la ley pide el informe de insuficiencia de medios solo en los contratos de servicios: antes de encargar fuera una prestación que podría hacer la propia Administración, hay que acreditar que no tiene medios para hacerla. La concesión de servicios es otro contrato, con el riesgo operacional en el concesionario.

• Tramitar el expediente como urgente, con los plazos a la mitad
• Contratar sin publicidad, si antes acredita que hay crédito
• Contratar como menor, aunque supere los 40.000 euros de valor estimado
• Ordenar la ejecución sin tramitar expediente, aunque no haya crédito

La emergencia es un régimen excepcional: sin obligación de tramitar expediente, el órgano puede ordenar la ejecución de lo necesario o contratar libremente, sin sujetarse a los requisitos formales de la ley, incluso al de la existencia de crédito suficiente, que se dota después. La urgencia, en cambio, sí tramita expediente, y el contrato menor tiene su límite de valor sea cual sea la situación.

• El documento descriptivo
• El anuncio de información previa
• La memoria justificativa del contrato
• El documento de licitación

Al expediente se incorporan los dos pliegos, salvo en dos casos: en el diálogo competitivo los sustituye el documento descriptivo, y en los contratos basados en un acuerdo marco con nueva licitación, el documento de licitación. Este segundo es el distractor tentador, porque también sustituye a los pliegos, pero en otro procedimiento.

• Un mes desde la adopción del acuerdo de contratar
• Un mes desde la formalización del contrato
• Quince días hábiles desde la adjudicación
• Dos meses desde la formalización del contrato

En la tramitación urgente la ejecución ha de empezar en un mes como mucho, contado desde la formalización: el contrato se formaliza antes de ejecutarse, como cualquier otro. El mes contado desde la adopción del acuerdo es el de la emergencia, donde se ordena ejecutar sin expediente ni formalización previa; ese es el distractor que confunde las dos tramitaciones.

• El del Consejo de Estado sobre el proyecto
• El de las oficinas o unidades de supervisión
• El de la Abogacía del Estado sobre el contrato
• El de la intervención sobre el gasto

Un menor de obras que afecta a la estabilidad, la seguridad o la estanqueidad de la obra necesita, además del presupuesto, el informe de las oficinas o unidades de supervisión del artículo 235: es lo que separa este caso del de una obra menor que no toca nada de eso. La ley no pide para el expediente del menor un dictamen del Consejo de Estado, un informe de la Abogacía del Estado ni uno de la intervención.

• Puede seguir adelante mientras dure la situación de peligro
• Habrá que contratar esas prestaciones por la vía ordinaria
• Debe darse cuenta del retraso al Pleno de la corporación
• El contratista pierde el derecho a cobrar lo ejecutado

La ejecución de emergencia ha de empezar en un mes como mucho desde el acuerdo. Pasado ese plazo, lo que justificaba saltarse el procedimiento ya no se sostiene, y la contratación de esas prestaciones requiere tramitar un procedimiento ordinario. Que el peligro siga no lo prolonga: la ley ata la excepción al plazo, no a la duración de la situación.

• Con el valor estimado del contrato
• Con el presupuesto base de licitación
• Con el precio por el que se adjudica
• Con el importe final de la factura

Las cifras del contrato menor se miden sobre el valor estimado: la ley dice «contratos de valor estimado inferior a» 40.000 o 15.000 euros. El presupuesto base de licitación es otra magnitud, que es el límite de gasto y lleva el IVA; el precio de adjudicación y la factura llegan después y no deciden cómo se tramita el contrato.

• Sí, porque la exención vale para todo pago por caja fija
• No, porque supera los 5.000 euros hasta los que llega
• Sí, porque no supera los 10.000 euros hasta los que llega
• No, porque un pago por caja fija no admite contrato menor

Los menores pagados por caja fija quedan dispensados del informe que justifica la necesidad del contrato, pero solo «siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros». La caja fija no exime por sí sola, y la ley no habla de 10.000 euros: con 8.000 el informe vuelve a ser obligatorio. Pagar por caja fija sí es compatible con el contrato menor.

• El período de espera previo a formalizar el contrato
• El plazo para adjudicar una vez abiertas las proposiciones
• El de presentar proposiciones en el abierto no armonizado
• El del mejor clasificado para presentar su documentación

La regla de la urgencia es reducir a la mitad los plazos de licitación, adjudicación y formalización, con una lista cerrada de salvedades. La primera es el período de espera de quince días hábiles antes de formalizar, que protege la posibilidad de interponer el recurso especial. La salvedad de la presentación de proposiciones en el abierto es la de los contratos sujetos a regulación armonizada, no la de los demás.

• La designación de la mesa de contratación
• El compromiso del gasto con el contratista
• La publicación del anuncio de licitación
• La aprobación del gasto del contrato

La resolución que aprueba el expediente implica también la aprobación del gasto, salvo que el presupuesto no se haya podido establecer antes o que las normas de desconcentración o la delegación digan otra cosa. El compromiso del gasto es una fase posterior, que solo cabe cuando ya hay contratista, es decir, con la adjudicación.

• Al Tribunal de Cuentas
• A las Cortes Generales
• Al Consejo de Ministros
• A la Intervención General

Cuando la emergencia la acuerdan la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social o las demás entidades públicas estatales, se da cuenta del acuerdo al Consejo de Ministros, en el plazo máximo de treinta días. La ley no manda comunicarlo a las Cortes, al Tribunal de Cuentas ni a la Intervención General.

• Con los que fije la Junta Consultiva de Contratación Pública
• Hasta la mitad del crédito inicial del ejercicio en curso
• Los que fijen las normas presupuestarias de cada Administración
• Sin ninguno, porque el gasto se imputa al ejercicio siguiente

La ley de contratos permite la tramitación anticipada, pero no fija ella los límites del gasto: remite a las normas presupuestarias de cada una de las Administraciones Públicas sujetas a la ley, y para el Estado esas normas son las de la Ley General Presupuestaria. Que el gasto se impute al ejercicio siguiente no lo libera de límites, y la Junta Consultiva no fija cifras de crédito.

• La factura que el proveedor emite por el mobiliario
• El documento administrativo en que se formaliza el contrato
• El pliego de cláusulas administrativas particulares
• El justificante de la garantía definitiva constituida

El suministro de 11.000 euros es menor, y su expediente se cierra con la aprobación del gasto y la factura, que ha de reunir los requisitos de las normas de desarrollo. El menor no lleva pliegos ni garantía definitiva, ni el documento de formalización de los demás contratos: su existencia se acredita con lo que exige este artículo.

• Que su valor estimado no alcance el umbral del menor
• Que el órgano no disponga de crédito suficiente
• Que lo financien aportaciones de varios órganos
• Que el contrato responda a una necesidad inaplazable

Pueden tramitarse como urgentes los expedientes de contratos que respondan a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación haya que acelerar por razones de interés público. Lo demás no tiene nada que ver: lo que no alcanza el umbral del menor se tramita como menor, la falta de crédito no acelera nada y la financiación compartida solo obliga a un expediente único.

• La aprobación del gasto del contrato
• La incorporación de la factura al expediente
• Que su valor estimado no llegue a 15.000 euros
• El informe que motiva la necesidad del contrato

Los menores que se pagan por anticipo de caja fija u otro sistema similar de pagos menores, con un valor estimado que no pase de 5.000 euros, quedan fuera del apartado 2 del artículo: el informe del órgano que justifica la necesidad del contrato. La excepción no toca los demás apartados, así que siguen haciendo falta la aprobación del gasto y la factura, y el límite de valor del apartado 1 que todo menor respeta.

• Las soluciones técnicas que ya le han propuesto los operadores
• El informe con las respuestas de las entidades consultadas
• El pliego de prescripciones técnicas que prevé aprobar
• El objeto, cuándo se inicia y los terceros que participarán

Antes de empezar se publican el objeto de la consulta, cuándo se inicia y quiénes son los terceros que van a participar, para que cualquier interesado pueda acceder y hacer aportaciones. El informe con los estudios, las entidades consultadas y sus respuestas se hace y se publica después, al terminar la consulta. Los pliegos llegan más tarde aún, y las soluciones de cada participante no se revelan a los demás.

• Dos días
• Tres días
• Cinco días
• Diez días

Los expedientes urgentes gozan de preferencia en su despacho, y los órganos que intervienen disponen de cinco días para emitir sus informes o cumplir sus trámites. Los diez días son la prórroga: cuando la complejidad del expediente u otra causa justificada impide cumplir los cinco, el órgano lo pone en conocimiento del órgano de contratación que declaró la urgencia, y el plazo queda prorrogado hasta diez días.

• Sí, porque no supera los 40.000 euros del menor de obras
• Sí, si el informe justifica que no se ha fraccionado el objeto
• No, porque el menor de obras ha de ser inferior a 40.000
• No, porque ningún contrato menor puede pasar de 15.000 euros

El menor de obras exige un valor estimado «inferior a» 40.000 euros, no igual o inferior: con 40.000 exactos ya no cabe. La trampa es leer la cifra como un techo que se puede alcanzar. Los 15.000 euros son el límite del suministro y los servicios, no de todos los menores, y el informe sobre el fraccionamiento se hace dentro del límite; no sirve para superarlo.

• Que se han pedido al menos tres presupuestos a empresas distintas
• Que el contratista no ha firmado otros menores que superen la cifra
• Que no se altera su objeto para eludir los umbrales del contrato menor
• Que el contratista acredita la solvencia y la clasificación exigidas

El informe justifica dos cosas: la necesidad del contrato y que no se altera su objeto para evitar los umbrales del menor, es decir, que no se trocea un contrato mayor. Comprobar que el contratista no ha suscrito otros menores que superen la cifra lo exigía la redacción original del artículo, y lo suprimió el Real Decreto-ley 3/2020: hoy no se pide. Tampoco piden los tres presupuestos ni la solvencia y la clasificación.