El contrato de obras

• En un mes contado desde la recepción
• En un mes contado desde la terminación
• En tres meses contados desde la terminación
• En tres meses contados desde la recepción

El art. 243.1 da al órgano de contratación tres meses desde la recepción para aprobar la certificación final, que se abona a cuenta de la liquidación. El plazo corre desde la recepción, no desde que terminan las obras. El mes es el plazo del art. 210.2 para el acto de recepción de los contratos en general, no el de la certificación final de las obras. Solo en obras de más de doce millones de valor estimado con liquidación especialmente compleja pueden los pliegos ampliar el plazo.

• Seis meses
• Un año
• Dos años
• Cinco años

El art. 243.3 deja al pliego de cláusulas administrativas particulares fijar el plazo de garantía según la naturaleza y la complejidad de la obra, con un suelo: no puede ser inferior a un año, salvo casos especiales. Hay obras que no lo tienen, como los sondeos infructuosos o los dragados (art. 243.4). Seis meses quedan por debajo del suelo, y dos y cinco años son plazos que el pliego puede fijar, no el mínimo.

• No, porque el precio ofertado se mantiene invariable
• Sí, porque no pasa del 20 % del precio inicial
• No, salvo que llegue a pasar del 10 % del precio
• Sí, a los precios nuevos que fije la Administración

Lo que define el precio cerrado (art. 241.2) es que el precio ofertado por el adjudicatario se mantiene invariable y que no son abonables las modificaciones necesarias para corregir errores u omisiones de la redacción del proyecto. El 20 % es el límite hasta el que una modificación es obligatoria para el contratista (art. 206), no una regla de abono, y en el precio cerrado no hay umbral a partir del cual el error del proyecto se pague.

• Un pago a cuenta, que no supone aprobarla ni recibirla
• Una recepción parcial de la obra que comprende
• Su aprobación, quedando pendiente solo de recibirla
• Un pago definitivo, que no se corrige en la medición final

Las certificaciones mensuales comprenden la obra ejecutada conforme a proyecto en ese periodo, y el art. 240.1 dice que sus abonos son pagos a cuenta: quedan sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medición final y no suponen en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden. Por eso no es una recepción parcial, que tiene su propio régimen en el art. 243.5, ni una aprobación, ni un pago definitivo.

• Tres meses desde la adjudicación del contrato
• Un mes desde la adjudicación del contrato
• Tres meses desde la formalización del contrato
• Un mes desde la formalización del contrato

La ejecución de la obra empieza con el acta de comprobación del replanteo, y el art. 237 deja al contrato fijar el plazo para hacerla con un tope: un mes desde la formalización, salvo casos excepcionales justificados. El plazo se cuenta desde la formalización, no desde la adjudicación, y tres meses no son el límite de la ley, se cuenten desde donde se cuenten.

• Preceptivo, por afectar la obra a la estanqueidad del edificio
• Facultativo, por no alcanzar el presupuesto el mínimo legal
• Preceptivo, por tratarse de una obra en la cubierta del edificio
• Facultativo, por no tratarse de una obra de nueva planta

Por debajo del presupuesto que lo hace obligatorio, el informe de supervisión es facultativo, pero el art. 235 exceptúa las obras que afectan a la estabilidad, la seguridad o la estanqueidad: en ellas es igualmente preceptivo, sea cual sea el presupuesto. Por eso no basta mirar el importe. Lo que decide es la afectación a la estanqueidad, no que la obra se haga en la cubierta ni que sea o no de nueva planta.

• El 3 % del importe suprimido, 2.700 euros
• El 6 % del importe suprimido, 5.400 euros
• Ninguna, por tratarse de una supresión
• Los daños y perjuicios que acredite sufrir

La modificación, acordada conforme al art. 206, es obligatoria para el contratista, y el art. 242.1 añade que si supone supresión o reducción de unidades de obra no tiene derecho a reclamar indemnización alguna. Los porcentajes del 3 % y del 6 % son indemnizaciones de ciertos casos de resolución del contrato, y aquí no hay resolución, sino una modificación obligatoria.

• No, porque la acción prescribe a los dos años de manifestarse
• Sí, porque la acción prescribe a los cinco años de manifestarse
• Sí, porque la acción no prescribe mientras dure su responsabilidad
• No, porque la acción prescribe al año de que se manifiesten

Una cosa es cuánto dura la responsabilidad del contratista y otra cuánto tiempo hay para exigirla. Por los daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, el art. 244.2 da dos años desde que se producen o se manifiestan: tres años es tarde. Que la responsabilidad siga viva no impide que la acción prescriba, y ni el año ni los cinco años son el plazo. El mismo precepto deja a salvo, «sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual».

• Una modificación obligatoria para el contratista, con su expediente
• Un exceso de mediciones, que se recoge en la certificación final
• Una modificación que exige la conformidad escrita del contratista
• Un exceso de mediciones, que exige aprobar un proyecto modificado

Los 120.000 euros son el 8 % del precio inicial. El art. 242.4 no considera modificación el exceso de mediciones, la variación solo en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas, siempre que en global no supere el 10 % del precio del contrato inicial, y lo manda recoger en la certificación final. Por eso no hace falta expediente de modificación, proyecto modificado ni conformidad del contratista.

• Sí, porque su presupuesto base con IVA pasa de 500.000 euros
• No, porque su presupuesto base sin IVA no llega a 500.000 euros
• Sí, porque su valor estimado pasa de los 500.000 euros
• No, porque se exige desde el umbral de regulación armonizada

El art. 235 hace preceptivo el informe de supervisión cuando el presupuesto base de licitación es igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido: aquí son 460.000. Con el IVA no se cuenta, aunque el presupuesto base lo incluya. Y el valor estimado es la base de otro 500.000, el de la clasificación exigible al contratista de obras (art. 77.1.a), que no decide la supervisión. El umbral armonizado no tiene nada que ver con este informe.

• A la oficina de supervisión de proyectos, que antes lo ha informado
• Al director facultativo de la obra, que después dirigirá su ejecución
• Al órgano de contratación, que es quien tramita el expediente
• A la Intervención, que lo aprueba al fiscalizar el gasto del expediente

El art. 231.1 atribuye la aprobación del proyecto al órgano de contratación, con una sola salvedad: que una norma jurídica atribuya específicamente esa competencia a otro órgano. La oficina de supervisión informa el proyecto pero no lo aprueba; el director facultativo dirige la ejecución de la obra ya contratada, y la Intervención fiscaliza el gasto, no aprueba proyectos.

• No, porque dura diez años desde la recepción
• No, porque dura diez años desde que vence la garantía
• Sí, porque dura quince años desde la recepción
• Sí, porque dura quince años desde que vence la garantía

El art. 244.1 extiende la responsabilidad del contratista más allá del plazo de garantía cuando la obra se arruina o sufre deterioros graves por vicios ocultos debidos a su incumplimiento: responde de los daños que se produzcan o manifiesten durante quince años, contados desde la recepción. Doce años están dentro. Los quince años no se cuentan desde que vence la garantía, y los diez no son el plazo de esta ley.

• Como obras de restauración
• Como obras de gran reparación
• Como obras de primer establecimiento
• Como obras de rehabilitación

Restauración y rehabilitación comparten casi todo: reparar la construcción conservando su estética y respetando su valor histórico. Las separa la función: la restauración la mantiene (art. 232.6) y la rehabilitación dota al inmueble de una nueva funcionalidad compatible con sus valores originales (art. 232.7), que es convertir el cuartel en biblioteca. La gran reparación enmienda un menoscabo de la estructura resistente y no da al inmueble una función nueva. No es primer establecimiento, porque no se crea un inmueble nuevo, y la ley define aparte, y con más precisión, la rehabilitación.

• Como obras de conservación
• Como obras de reparación simple
• Como obras de gran reparación
• Como obras de reforma

El art. 232.5 da carácter de conservación a las obras que enmiendan un menoscabo producido en el tiempo por el natural uso del bien, que es el desgaste del firme por el tráfico; y añade que las de mantenimiento tienen ese mismo carácter. La reparación, simple o gran reparación, enmienda un menoscabo por causas fortuitas o accidentales (art. 232.4), y la reforma amplía, mejora, moderniza o refuerza un inmueble existente (art. 232.3).

• Ninguno hasta el acto formal, que sigue siendo necesario
• Los efectos de la recepción, si el contratista da su conformidad
• Los efectos de una recepción parcial de la parte abierta al uso
• Los efectos de la recepción, desde la puesta en servicio

Según el art. 243.6, cuando el órgano de contratación acuerda, por razones excepcionales de interés público motivadas, la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público sin el acto formal de recepción, desde ese momento se producen los efectos propios de la recepción. No depende de la conformidad del contratista, y no es una recepción parcial, que es la de las partes ejecutadas por fases que prevea el contrato (art. 243.5).

• No, porque haría falta que pasara del 20 % del precio inicial
• Sí, porque basta con que pase del 10 % del precio inicial
• No, porque haría falta que pasara del 15 % del precio inicial
• Sí, porque basta con que pase del 5 % del precio inicial

Los 260.000 euros son el 13 % del precio inicial. El art. 315 fija en un 20 % la desviación que hace responder al proyectista, pero cuando lo que falla es el estudio geotécnico el art. 233.4 sustituye ese 20 % por un 10 %: pasado ese umbral, la indemnización es exigible. Por eso el 20 % del art. 315, que es el distractor tentador, no se aplica aquí; y ni el 15 % ni el 5 % son el umbral de este precepto: con el 5 % no bastaría.

• No, porque el replanteo exige tener ya los terrenos disponibles
• Sí, y la obra puede empezar en cuanto se formalice el contrato
• Sí, pero la obra no puede empezar hasta formalizar la ocupación
• No, salvo que el expediente se declare de tramitación urgente

El replanteo comprueba, entre otras cosas, la disponibilidad de los terrenos (art. 236.1), pero en las obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras el art. 236.2 dispensa de ese requisito previo. La dispensa tiene un límite: la ejecución no puede iniciarse hasta que se formalice la ocupación conforme a la Ley de Expropiación Forzosa. No depende de declarar la urgencia.

• Que hay crédito adecuado y suficiente para financiar la obra
• Que los terrenos precisos para ejecutar la obra están disponibles
• Que el proyecto es la solución más económica para la necesidad
• Que el proyecto respeta las normas legales, reglamentarias y técnicas

Según el art. 235, las oficinas de supervisión verifican que el proyecto ha tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario y la normativa técnica aplicable a su tipo. Comprobar la disponibilidad de los terrenos es parte del replanteo (art. 236), que se hace una vez aprobado el proyecto; la existencia de crédito se acredita en el expediente de contratación, y la elección de la solución se justifica en la memoria del propio proyecto (art. 233.1.a).