Los efectos, las prerrogativas de la Administración y la ejecución de los contratos

• Los salarios devengados por su personal en la ejecución de ese contrato
• Los salarios de su personal destinado a otros contratos de la empresa
• Un préstamo bancario con el que financió la maquinaria de la obra
• Las facturas de un proveedor de material para otra obra suya

El art. 198.7 solo deja embargar los abonos a cuenta en dos supuestos, los dos ligados a la ejecución de ese contrato: los salarios devengados por el personal del contratista en esa ejecución, con sus cuotas sociales, y las deudas con los subcontratistas y suministradores referidas a ella. Ni un préstamo de la empresa ni los salarios o los proveedores de otros contratos entran.

• La autorización expresa y previa del órgano de contratación
• La notificación fehaciente a la Administración del acuerdo de cesión
• La inscripción de la cesión en el Registro de Contratos del Sector Público
• Que el contratista haya ejecutado al menos el 20 % del contrato

El art. 200.2 hace de la notificación fehaciente del acuerdo de cesión el requisito imprescindible para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración. La autorización previa y expresa y el 20 % ejecutado son requisitos de otra figura, la cesión del contrato (art. 214.2), en la que el cesionario se subroga en todos los derechos y obligaciones; aquí solo se transmite el cobro. La ley no pide inscribirla en ningún registro.

• 20.000 euros
• 24.200 euros
• 40.000 euros
• 48.400 euros

El art. 193.4 faculta al órgano de contratación para resolver el contrato o acordar que continúe con nuevas penalidades cada vez que las penalidades por demora alcanzan un múltiplo del 5 % del precio, IVA excluido: el primero, 20.000 euros sobre 400.000. Los 40.000 euros son el segundo múltiplo, no el primero; los 24.200 y los 48.400 salen de hacer las mismas cuentas con el IVA dentro.

• Condición cuyo incumplimiento solo da lugar a penalidades
• Accesoria, salvo que el pliego la califique de esencial
• Contractual esencial, cuyo incumplimiento es causa de resolución
• Compromiso de la oferta, valorable como criterio de adjudicación

El art. 202.1 manda advertir al contratista de que su obligación de someterse a la normativa nacional y europea de protección de datos tiene el carácter de obligación contractual esencial, de conformidad con el art. 211.1.f: su incumplimiento es causa de resolución. No depende de que el pliego la califique así, porque la propia ley le da ese carácter; no se queda en las penalidades; y no es algo que se puntúe en la oferta, sino una obligación de la ejecución.

• Ninguna: el contratista ha de esperar una resolución expresa para recurrir
• Se entiende desestimada la reclamación y cabe recurso potestativo de reposición
• Se entiende desestimada y cabe recurso especial en materia de contratación
• Se entiende reconocido el vencimiento y cabe contencioso por inactividad

El art. 199 da al silencio de un mes un efecto propio: se entiende reconocido el vencimiento del plazo de pago, y el contratista puede interponer recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pidiendo como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. No se entiende desestimada la reclamación ni hace falta esperar una resolución expresa, y el pago no es un acto contra el que quepa el recurso especial.

• Es nulo, y la Administración tiene que pagar de nuevo al cesionario
• Libera a la Administración cuando el cesionario da su conformidad
• Libera a la Administración, que no tiene que volver a pagar
• Hace responder a la Administración junto al contratista ante el cesionario

El art. 200.4 da efectos liberatorios a los mandamientos de pago expedidos a nombre del contratista o del cedente antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración: ha pagado bien y no tiene que pagar otra vez. Solo desde que la Administración conoce la cesión tiene que expedir el mandamiento a favor del cesionario.

• 150 euros
• 1.500 euros
• 1.815 euros
• 15.000 euros

El art. 193.3 fija la penalidad diaria por demora en 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio, IVA excluido: 0,60 × 250 = 150 euros al día, y 1.500 euros en diez días. Los 150 euros son un solo día; los 1.815, el cálculo hecho sobre el precio con IVA; y los 15.000 salen de aplicar 0,60 euros por cada 100. El pliego podría fijar otras penalidades si lo justificaran las características del contrato, pero en este caso no lo hace.

• Al responsable del contrato
• A la mesa de contratación
• Al servicio jurídico de la entidad
• Al órgano de contratación

El art. 190 pone todas las prerrogativas —interpretar, resolver las dudas de cumplimiento, modificar por interés público, declarar la responsabilidad del contratista, suspender, resolver y determinar los efectos de la resolución— en manos del órgano de contratación. El responsable del contrato supervisa la ejecución y dicta instrucciones dentro de lo que se le atribuya (art. 62.1); la mesa asiste en la valoración de las ofertas; y el servicio jurídico, en la Administración del Estado, informa antes del acuerdo (art. 191.2), pero no lo adopta.

• El contratista, que después puede repetir contra la Administración
• La Administración, dentro de los límites señalados en las leyes
• Los dos, solidariamente y por partes iguales frente al tercero
• El contratista, salvo que advirtiera por escrito del riesgo de la orden

La regla del art. 196.1 es que el contratista indemniza los daños que las operaciones del contrato causen a terceros, pero el art. 196.2 la invierte cuando los daños son consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración: entonces responde ella, dentro de los límites que señalan las leyes. No paga primero el contratista para repetir después, no hay reparto solidario a partes iguales y la ley no hace depender esa responsabilidad de que el contratista advirtiera del riesgo.

• Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada
• Cuando la resolución la haya propuesto el responsable del contrato
• Cuando el contratista formule oposición a la resolución
• Cuando la causa sea la demora, aunque el contratista no se oponga

El art. 191.3.a exige el dictamen del Consejo de Estado, o del órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, en la interpretación, la nulidad y la resolución de los contratos cuando el contratista se opone. Lo que lo activa es la oposición, no la regulación armonizada ni quién propone la resolución. Y la demora no es excepción: si la Administración opta por resolver por demora, el art. 195.1 pide la audiencia del contratista y el dictamen solo cuando este se opone.

• Sí, con un requerimiento fehaciente del órgano de contratación
• No, pero debe concederle antes un plazo para que subsane
• No: basta con que venza el plazo sin que haya cumplido
• Sí, salvo que el pliego disponga expresamente lo contrario

El art. 193.2 es tajante: la constitución en mora del contratista no precisa intimación previa por parte de la Administración. Basta con que venza el plazo total o, en su caso, los parciales, que el contratista está obligado a cumplir (art. 193.1). No hace falta un requerimiento ni un plazo de subsanación, y el pliego no cambia esa regla.

• Cabe contra él recurso de alzada y no se ejecuta hasta que se resuelva
• Pone fin a la vía administrativa y es inmediatamente ejecutivo
• Pone fin a la vía administrativa, pero se suspende si el contratista recurre
• No pone fin a la vía administrativa, aunque es inmediatamente ejecutivo

El art. 191.4 dice de todos los acuerdos adoptados en ejercicio de las prerrogativas que ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos. Como agotan la vía administrativa, no cabe alzada; y como son ejecutivos de inmediato, recurrirlos no los suspende por sí solo.

• Prevista en el pliego, del 20 % del precio inicial, en un contrato de 8.000.000 €
• No prevista en el pliego, del 20 % del precio inicial, en un contrato de 8.000.000 €
• No prevista en el pliego, del 25 % del precio inicial, en un contrato de 4.000.000 €
• No prevista en el pliego, del 25 % del precio inicial, en un contrato de 8.000.000 €

El art. 191.3.b pide el dictamen para las modificaciones que reúnen tres cosas a la vez: que no estén previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que su cuantía supere el 20 % del precio inicial, IVA excluido, y que el precio del contrato sea igual o superior a 6.000.000 de euros. Solo la cuarta las reúne. La prevista en el pliego no lo exige; la del 20 % justo no lo supera, porque la ley dice «superior»; y el contrato de 4.000.000 € no llega a los seis millones.

• Suspende la ejecución del contrato hasta que se emita el informe
• Obliga al contratista a indemnizarla sin esperar al informe
• Traslada la responsabilidad a la Administración, que repite después
• Interrumpe el plazo de prescripción de la acción para reclamar

El art. 196.3 permite a los terceros dirigir ese requerimiento previo al órgano de contratación dentro del año siguiente al hecho, y le atribuye un efecto: interrumpe el plazo de prescripción de la acción. No suspende el contrato ni decide nada por sí solo. El requerimiento solo pide un informe sobre a quién corresponde la responsabilidad: no la traslada ni obliga a nadie a pagar sin más.

• Valorarse como criterio de adjudicación al puntuar la oferta de cada licitador
• Estar vinculadas al objeto del contrato e indicarse en el anuncio y en los pliegos
• Pactarse con el adjudicatario una vez formalizado el contrato, antes de ejecutarlo
• Ceñirse a los contratos sujetos a regulación armonizada y constar en el pliego técnico

El art. 202.1 admite condiciones especiales de ejecución siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. Son condiciones de la ejecución, no criterios que puntúen las ofertas; se conocen desde la licitación, no se pactan después; y la ley no las limita a los contratos armonizados.

• Sí: al menos una de las que la propia ley enumera
• No: el órgano de contratación decide si las incluye
• Sí, pero de tipo social y cuando el contrato emplee personal
• No, salvo en los contratos sujetos a regulación armonizada

Aunque el primer párrafo del art. 202.1 diga que los órganos de contratación «podrán» establecer condiciones especiales de ejecución, el segundo añade que en todo caso es obligatorio que el pliego de cláusulas administrativas particulares recoja al menos una de las que enumera el apartado 2: económicas, de innovación, medioambientales o sociales. No depende de la regulación armonizada ni tiene que ser de tipo social.

• Una de al menos dos meses, salvo que el contratista pida otra menor
• Una de dos meses como máximo, que el órgano fija a su criterio
• La que el órgano estime oportuna, sin ningún mínimo legal
• Una de exactamente dos meses, sin que quepa pedir otra menor

El art. 195.2 obliga al órgano de contratación a conceder la ampliación cuando el retraso no es imputable al contratista y este ofrece cumplir, y le fija un suelo: un plazo por lo menos igual al tiempo perdido, salvo que el contratista pida uno menor. Por eso dos meses son el mínimo, no el máximo ni una cifra cerrada, y el órgano no la fija libremente. El responsable del contrato informa sobre si el retraso fue imputable al contratista.

• El pliego de cláusulas administrativas particulares, sin los técnicos
• Los dos pliegos particulares, con la oferta por encima de ambos
• Los pliegos de cláusulas y de prescripciones técnicas, generales y particulares
• Los pliegos particulares del contrato, sin los pliegos generales

El art. 188 remite a las normas del art. 25.2 —la propia LCSP y su desarrollo, con el derecho administrativo y el privado como supletorios— y a los pliegos: los de cláusulas administrativas y los de prescripciones técnicas, generales y particulares, o el documento descriptivo que los sustituya. No es solo el pliego particular, y los generales también cuentan. Y la oferta no está por encima de los pliegos: presentarla supone aceptar incondicionadamente todas sus cláusulas (art. 139.1).

• Cada una, hasta el 5 % del precio; todas juntas, hasta el 20 %
• Cada una, hasta el 5 % del precio; todas juntas, hasta el 50 %
• Cada una, hasta el 10 % del precio; todas juntas, hasta el 20 %
• Cada una, hasta el 10 % del precio; todas juntas, hasta el 50 %

El art. 192.1 exige que las penalidades sean proporcionales a la gravedad del incumplimiento y les pone dos techos sobre el precio del contrato, IVA excluido: cada una no puede pasar del 10 %, y todas juntas no pueden superar el 50 %. Los otros pares cambian una de las dos cifras.

• Suspender el cumplimiento, comunicándolo con un mes de antelación
• Resolver el contrato y exigir el resarcimiento de los perjuicios
• Suspender el cumplimiento de inmediato y comunicarlo después
• Reclamar los intereses, sin poder suspender antes del sexto mes

Con una demora en el pago superior a cuatro meses, el art. 198.5 permite al contratista suspender el cumplimiento del contrato, pero tiene que comunicarlo a la Administración con un mes de antelación. Resolver el contrato y pedir el resarcimiento de los perjuicios exige una demora superior a seis meses (art. 198.6), que aquí no se da. Se sitúa en un ministerio porque las comunidades autónomas pueden reducir esos plazos (art. 198.8).