Las competencias en materia de contratación en las entidades locales

• Sí, porque su valor no supera los límites de cuantía
• No, porque de esos bienes decide la Junta de Gobierno Local
• Sí, con el informe previo del Secretario de la Corporación
• No, porque de esos bienes decide el Pleno del Ayuntamiento

El apartado 9 da al Alcalde la enajenación del patrimonio que no supera el porcentaje ni la cuantía que fija, pero el apartado 10 aparta los bienes declarados de valor histórico o artístico: su enajenación corresponde al Pleno cualquiera que sea su valor. No basta con que el importe quepa en los límites del Alcalde, la disposición no la da a la Junta de Gobierno Local, y un informe del Secretario no cambia el órgano.

• La Junta de Gobierno Local
• El Alcalde del municipio
• El Pleno del Ayuntamiento
• El Consejo de Ministros

El apartado 4 cambia quién contrata en los municipios de gran población, pero deja expresamente en el Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales, igual que el apartado 2 lo hace en los de régimen común. La disposición no atribuye esa aprobación ni a la Junta de Gobierno Local, ni al Alcalde, ni al Consejo de Ministros, que aprueba los pliegos generales de la Administración General del Estado.

• Cuatro años, sin contar las prórrogas
• Cuatro años, prórrogas incluidas
• Cinco años, sin contar las prórrogas
• Cinco años, prórrogas incluidas

El apartado 1 deja al Alcalde los contratos plurianuales cuya duración no pase de cuatro años, y en ese cómputo entran las eventuales prórrogas: un contrato de tres años con dos de prórroga posible ya no le corresponde. Los cinco años, prórrogas incluidas, son la duración máxima general de los contratos de servicios de prestación sucesiva (art. 29.4), una regla distinta que no decide qué órgano contrata.

• Sí, porque no supera el porcentaje de los recursos ordinarios
• No, porque supera el porcentaje de los recursos ordinarios
• No, porque supera la cuantía máxima en euros que fija la ley
• Sí, porque su duración no supera el máximo que fija la ley

Los límites del apartado 1 son acumulativos: el Alcalde contrata si el valor estimado no supera el porcentaje de los recursos ordinarios «ni, en cualquier caso», los seis millones de euros. Aquí el porcentaje no es problema (7,5 millones no llegan al 4 % de 200) y el plazo tampoco, pero el contrato rebasa los seis millones, y con un solo límite superado ya no es del Alcalde: pasa al Pleno, que según el apartado 2 contrata lo que por su valor o duración no corresponde al Alcalde.

• Sí, sin que superen la mitad del total de miembros
• Sí, pero solo como vocales con voz y sin voto
• No, los cargos públicos representativos están excluidos
• Sí, sin que superen un tercio del total de miembros

En la Mesa de una entidad local pueden sentarse miembros electos de la Corporación, pero el apartado 7 limita su peso: no pueden suponer más de un tercio del total de sus miembros, y la disposición no les quita el voto. La opción del «no» es la confusión que hay que evitar: la exclusión de los cargos públicos representativos es la regla del art. 326.5, que rige las mesas del Estado, no la de la Mesa local, que tiene sus propias normas en esta disposición.

• La Junta de Gobierno Local
• El Pleno del Ayuntamiento
• Una Comisión del Pleno
• El Alcalde del municipio

En los municipios de gran población, el apartado 4 de la disposición adicional segunda entrega a la Junta de Gobierno Local las competencias de órgano de contratación, sin mirar el importe ni la duración. Por eso no importa que el contrato sea grande y largo: en un municipio de régimen común ese mismo contrato iría al Pleno, y es la trampa de la opción. Ni el Alcalde ni una Comisión del Pleno reciben esta competencia en la disposición.

• Un técnico economista especializado en costes y precios
• Un técnico del servicio que ha propuesto el contrato
• Un técnico de la Diputación especializado en contratación
• Un técnico jurista especializado en contratación pública

El apartado 8 adapta a las entidades locales el comité de expertos del art. 146.2.a): lo puede integrar cualquier funcionario de carrera o laboral fijo con la cualificación apropiada que no haya participado en redactar la documentación técnica del contrato, y entre ellos tiene que estar, en todo caso, un técnico jurista especializado en contratación pública. La ley no exige un economista ni a alguien de la Diputación, y lo que importa del servicio que propone el contrato es no haber redactado su documentación técnica. El personal de la Diputación puede integrarse en la Mesa (apartado 7), pero no se exige en el comité.

• El 5 %
• El 10 %
• El 15 %
• El 20 %

El apartado 1 fija el límite en el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto, medido sobre el valor estimado del contrato. Ni el 5 % ni el 15 % aparecen en esta disposición. El 20 % es tentador porque la Ley 7/1985 lo usa en su art. 47.2.j) para exigir mayoría absoluta en las concesiones de bienes o servicios de más de cinco años, pero eso es una mayoría de votación, no el reparto de la competencia para contratar.

• Se prescinde de su intervención en ellos
• Asiste a la Junta y le propone la adjudicación
• Valora solo los criterios sujetos a juicio de valor
• Interviene cuando el procedimiento es abierto

Las Juntas de Contratación son potestativas: las constituye el Pleno, y actúan como órgano de contratación en ciertos contratos, como los suministros de bienes consumibles o de fácil deterioro. Cuando actúan, el apartado 5 manda prescindir de la Mesa. Lo mismo dice el art. 326.1, que no es básico, para las mesas del Estado: exige mesa en los procedimientos abiertos «salvo» cuando la competencia corresponde a una Junta de Contratación: por eso tampoco interviene en un abierto, ni para proponer la adjudicación ni para valorar parte de las ofertas.