Los órganos de contratación, de asistencia y consultivos

• Las de su sector público y, si cada entidad local lo acuerda, las locales de su territorio
• Las de su sector público, pero en ningún caso las locales de su territorio
• Las de su sector público y, si sus normas lo prevén, las locales de su territorio
• Las de su sector público y, si sus normas lo prevén, las estatales de su territorio

Según el artículo 330, los órganos consultivos que crean las comunidades autónomas ejercen su competencia en su territorio sobre la contratación de las entidades del sector público autonómico y, si sus normas reguladoras lo establecen, sobre la de las entidades locales incluidas en él, sin perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Lo que extiende su competencia a las entidades locales es la norma que regula el órgano, no el acuerdo de cada entidad; y ninguna norma autonómica puede llevarla al sector público estatal.

• La legalidad de la adjudicación de los contratos armonizados
• El cumplimiento de los plazos de pago a los contratistas
• La eficiencia de los encargos hechos a medios propios
• La sostenibilidad financiera de las concesiones

El artículo 333.1 da a la Oficina Nacional de Evaluación, órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, la finalidad de analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios; por eso informa antes de su licitación en los casos del artículo 333.3 y también los acuerdos de restablecimiento del equilibrio. No revisa la legalidad de las adjudicaciones, ni los plazos de pago, ni los encargos a medios propios.

• Por orden del ministro titular del departamento
• Por resolución del propio órgano de contratación
• Por acuerdo de la Junta de Contratación del departamento
• Por real decreto acordado en Consejo de Ministros

Según el artículo 325.1, las competencias en materia de contratación pueden desconcentrarse por real decreto acordado en Consejo de Ministros, en cualesquiera órganos, dependan o no del órgano de contratación. No basta una orden del ministro ni una resolución del propio órgano, y la Junta de Contratación es un órgano que actúa como órgano de contratación (323.4), no el que reparte la competencia. En las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, la desconcentración sigue la Ley General de la Seguridad Social (325.2).

• Un informe preceptivo y vinculante de la Intervención General del Estado
• Un informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda
• Un informe preceptivo y vinculante de la Junta Consultiva de Contratación
• Un dictamen preceptivo y vinculante del Consejo de Estado

En el sector público estatal, el artículo 324.6 exige un informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda (la ley aún lo llama «de Hacienda y Función Pública») antes de celebrar una concesión de obras o de servicios cuyo valor estimado alcance el mismo umbral que obliga a pedir la autorización del Consejo de Ministros: por eso este caso necesita las dos. El informe se pronuncia sobre las repercusiones presupuestarias, los compromisos financieros y la estabilidad presupuestaria. Ni la Intervención General, ni la Junta Consultiva, ni el Consejo de Estado tienen atribuido ese informe.

• En la tramitación abreviada del abierto simplificado
• En la tramitación ordinaria del abierto simplificado
• En la tramitación urgente del procedimiento abierto
• En la tramitación urgente del procedimiento restringido

El artículo 326.1 obliga a los órganos de contratación de las Administraciones Públicas a estar asistidos por una mesa en los procedimientos abierto, abierto simplificado, restringido, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación (salvo que contrate una Junta de Contratación), y deja la mesa como potestativa solo en la tramitación abreviada del abierto simplificado, la del artículo 159.6. La tramitación ordinaria del simplificado sí lleva mesa, y que el expediente sea urgente no figura entre las excepciones del 326.1: el abierto y el restringido urgentes siguen necesitándola.

• Se celebran sin nueva autorización del Consejo de Ministros
• Se celebran sin nueva autorización, pero se da cuenta de cada uno al Consejo
• Se celebran con una nueva autorización del Consejo de Ministros
• Se celebran con una nueva autorización si se convoca una nueva licitación

El artículo 324.1.c somete a la autorización del Consejo de Ministros los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición por su valor estimado, y añade que, autorizada su celebración, no hace falta autorización para los contratos basados ni para los contratos específicos. No hay una autorización por cada contrato basado, tampoco cuando se convoca a las empresas del acuerdo a una nueva licitación, y la ley no prevé dar cuenta al Consejo de cada uno.

• Un asesor jurídico del órgano y un experto independiente
• Un técnico del servicio promotor y un interventor
• Un técnico del servicio promotor y un experto independiente
• Un asesor jurídico del órgano y un interventor

El artículo 326.5 exige que entre los vocales figuren un funcionario de los que tienen atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor (o, a falta de ellos, quienes tengan atribuidas esas funciones de asesoramiento jurídico y de control económico-presupuestario). Los demás vocales los determina el reglamento (326.3): la ley no exige un técnico del servicio promotor. Y los expertos independientes no son vocales: la mesa puede pedirles asesoramiento, con autorización del órgano de contratación.

• El fundado en que solo un empresario puede ejecutar el contrato
• El fundado en que el abierto anterior no recibió ninguna oferta
• El fundado en una imperiosa urgencia por hechos imprevisibles
• El fundado en entregas adicionales del proveedor inicial

En los negociados sin publicación de anuncio, el artículo 326.1 deja la mesa a elección del órgano de contratación, salvo cuando el procedimiento se funda en la imperiosa urgencia del artículo 168.b.1.º, resultante de acontecimientos imprevisibles: entonces la mesa es obligatoria. Que solo un empresario pueda ejecutar el contrato, que el procedimiento abierto anterior no recibiera ofertas o que se trate de entregas adicionales del proveedor inicial son también supuestos del negociado sin publicidad (168.a y c), pero ninguno hace obligatoria la mesa.

• Con voz pero sin voto, y al menos un tercio de la mesa
• Con voz y voto, y como máximo un tercio de la mesa
• Con voz y voto, y al menos un tercio de la mesa
• Con voz pero sin voto, y como máximo un tercio de la mesa

El artículo 327 forma la mesa especial del diálogo competitivo y de la asociación para la innovación con la composición ordinaria (presidente, vocales y secretario) más personas especialmente cualificadas en la materia, designadas por el órgano de contratación. Su número es igual o superior a un tercio de los componentes de la mesa —un mínimo, no un tope— y participan en las deliberaciones con voz y voto, no como simples asesores.

• El órgano específico de regulación y consulta en la contratación del sector público estatal
• El órgano específico de regulación y consulta en la contratación de todo el sector público
• El órgano específico de consulta y supervisión en la contratación del sector público estatal
• El órgano específico de consulta y supervisión en la contratación de todo el sector público

El artículo 328.1 define la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado como el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal: su ámbito es el estatal, no todo el sector público, y su función es regular y consultar, no supervisar. La supervisión es la tarea de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que la coordina en el conjunto del sector público (332.6.a).

• Cuando el contrato está sujeto a regulación armonizada
• Cuando se ha adjudicado por un procedimiento negociado sin publicidad
• Cuando en la licitación se ha rechazado alguna oferta por anormalmente baja
• Cuando su valor estimado supera el límite del contrato menor

El artículo 336.1 obliga a los órganos de contratación a redactar un informe escrito sobre cada contrato de obras, suministros o servicios o acuerdo marco sujetos a regulación armonizada, y cada vez que establecen un sistema dinámico de adquisición. El informe recoge, entre otras cosas, por qué se acudió a un negociado sin publicidad o por qué se rechazó una oferta anormalmente baja, pero eso es su contenido, no lo que lo hace obligatorio: lo decide que el contrato esté sujeto a regulación armonizada. El informe, o sus elementos principales, se remite a la Comisión Europea o al Comité de cooperación cuando lo piden (336.2).

• El expediente completo del contrato, con los pliegos y las ofertas recibidas
• Una copia certificada del documento de formalización y un extracto del expediente
• La mención del contrato en la relación de los demás contratos celebrados
• Un informe de la intervención sobre la fiscalización previa del gasto

El artículo 335.1 obliga a remitir al Tribunal de Cuentas (o al órgano externo de fiscalización autonómico), dentro de los tres meses siguientes a la formalización, una copia certificada del documento de formalización con un extracto del expediente cuando el precio de adjudicación excede de 600.000 euros en obras, concesiones y acuerdos marco (en estos, el valor estimado), de 450.000 en suministros y de 150.000 en servicios y contratos administrativos especiales. La relación del resto de contratos es para los que no superan esos importes, y el Tribunal puede reclamar además cuantos documentos estime pertinentes (335.3). En la Administración General del Estado, las comunicaciones las hace el órgano de contratación (335.4).

• Por las Cortes Generales, para un mandato que no puede prorrogarse
• Por el Consejo de Ministros, para un mandato que no puede prorrogarse
• Por el Consejo de Ministros, para un mandato renovable por otro igual
• Por las Cortes Generales, para un mandato renovable por otro igual

El artículo 332.3 atribuye la designación del presidente y de los demás miembros de la Oficina al Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda (que la ley aún llama «de Hacienda y Función Pública»), por un periodo improrrogable de seis años. No los designan las Cortes Generales, y el mandato no se renueva; mientras dura, sus miembros son inamovibles y solo pueden ser removidos por las causas que enumera la ley.

• El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda
• La Junta Consultiva, a propuesta del Comité de cooperación
• El Consejo de Ministros, a propuesta de la Oficina Independiente
• La Oficina Independiente, a propuesta del Comité de cooperación

Según el artículo 334.4 (y el 332.7.a), el Comité de cooperación en materia de contratación pública eleva la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública y la aprueba la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación; después se remite a la Comisión Europea. Es un instrumento vinculante con un horizonte de cuatro años (334.1). El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, toma conocimiento de ella y la eleva a las Cortes Generales: no la aprueba. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado tampoco; en su seno se crea el Comité de cooperación (329.1).

• Para los órganos de contratación de todas las Administraciones
• Para los órganos de contratación que le hayan pedido criterio
• Para los órganos de contratación de las comunidades adheridas
• Para los órganos de contratación del sector público estatal

El artículo 332.7.d permite a la Oficina aprobar instrucciones con pautas de interpretación y aplicación de la legislación de contratación, y precisa que son obligatorias para todos los órganos de contratación del sector público del Estado. La Oficina coordina la supervisión del conjunto del sector público (332.6.a), pero sus instrucciones obligan solo en el ámbito estatal; no dependen de que el órgano le haya consultado, y la adhesión de una comunidad autónoma es un mecanismo de la Oficina Nacional de Evaluación (333.3), no de estas instrucciones.