Los registros oficiales y la Plataforma de Contratación del Sector Público

• Los inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
• Los inscritos en el registro general de apoderamientos de la comunidad
• Los que se inscribieron en fecha más reciente, en cualquiera de los dos
• Ninguno: el órgano de contratación pide al licitador que acredite sus poderes por otro medio

El artículo 337.4 resuelve la discrepancia a favor del registro de licitadores: lo inscrito en él prevalece frente a lo inscrito en cualquier otro registro de apoderamientos, y la ley no atiende a la fecha de cada inscripción. Por eso los órganos de contratación lo consultan primero, y solo si los poderes no están inscritos en él acuden, de forma subsidiaria y a través del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado, a los registros generales de apoderamientos de las Administraciones.

• Una copia completa de sus perfiles de contratante, con todos sus anuncios
• La convocatoria de todas sus licitaciones y sus resultados
• Solo la convocatoria de sus contratos sujetos a regulación armonizada
• Solo los anuncios de formalización de los contratos que adjudique

El artículo 347.3 deja a las comunidades autónomas crear servicios de información propios en los que alojar sus perfiles, pero su tercer párrafo añade que, elijan lo que elijan, deben publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público la convocatoria de todas sus licitaciones y sus resultados, directamente o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información. No basta con los contratos armonizados ni con las formalizaciones, y no se les exige duplicar los perfiles enteros.

• En la Plataforma de Contratación del Sector Público, de forma obligatoria
• En la página web institucional de cada órgano, con un enlace desde la Plataforma
• En la Plataforma o en su página web institucional, a elección del órgano
• En la sede electrónica del departamento u organismo del que dependan

El artículo 347.2, que rige para el sector público estatal, obliga a alojar sus perfiles de contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público y a gestionarlos y difundirlos exclusivamente a través de ella. La página web institucional de cada órgano no aloja el perfil: incluye un enlace a él, situado en la Plataforma, y no al revés. No hay elección entre la Plataforma y la web o la sede propias.

• Se queda en el registro estatal, que es el único que la recoge
• Se publica también en ellos, igual que en el registro estatal
• Se publica en el de la comunidad donde la empresa tenga su domicilio
• Se publica en los de las comunidades que lo hayan pactado por convenio

El tercer párrafo del artículo 341.1 manda publicar igualmente en los registros autonómicos de licitadores las prohibiciones de contratar que deban inscribirse en el registro estatal, y para ello remite al artículo 345: los registros se facilitan mutuamente la información sobre las prohibiciones inscritas en ellos. Son las restantes porque el primer párrafo del 341.1 reserva al registro autonómico las que declaran los órganos de la comunidad, de sus entidades locales o de sus entes dependientes. La ley no lo hace depender del domicilio de la empresa ni de un convenio, y el registro estatal no es el único que la recoge.

• A los servicios de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
• A los servicios de la Intervención General de la Administración del Estado
• A los órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
• A la secretaría del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

El artículo 337.2 hace depender el registro del ministerio competente en materia de Hacienda —la ley lo llama aún «de Hacienda y Función Pública», el nombre de 2017— y encarga su llevanza a los órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación supervisa, la Intervención General controla el gasto y el Tribunal Administrativo Central resuelve recursos: la ley no da a ninguno el registro.

• Sí, cuando no tenga ningún contrato en ejecución con el sector público
• No: una vez practicada, la inscripción solo la cancela de oficio el órgano que lleva el registro
• Sí, cuando haya pasado un año desde que se practicó cada una
• Sí, en todo momento, salvo las que son de inscripción obligatoria

La inscripción en los registros de licitadores es voluntaria para los empresarios (artículo 342.1), y por eso el 342.2 permite pedir la cancelación en todo momento, sin plazo de espera ni condición sobre los contratos en curso. Lo que no se puede cancelar a petición propia es lo que es de inscripción obligatoria, que el 342.1 identifica con lo que se inscribe de oficio según el artículo 338 y el 341.1. La cancelación la pide el propio interesado: no queda en manos del órgano que lleva el registro.

• Cuando medie dolo, culpa o negligencia de la empresa
• Cuando medie dolo, y no por simple negligencia
• Cuando la omisión se prolongue más de seis meses
• Cuando la omisión le haya dado ventaja en una licitación

El artículo 343.1 obliga al empresario inscrito a comunicar cualquier variación de sus datos, y si lo omite mediando dolo, culpa o negligencia, puede suspenderse su inscripción y sus efectos para la contratación pública. Basta la negligencia: no hace falta dolo, y la ley no fija un plazo de omisión ni exige que la empresa haya sacado ventaja en una licitación. Aparte, y fuera del registro, incumplir esa obligación por causa imputable a la empresa es una de las prohibiciones de contratar del artículo 71.1.e.