Los contratos reservados, el cómputo de los plazos y los medios electrónicos

• Cuando la ley no precisa si son hábiles o naturales
• Cuando el plazo no pasa de diez días de duración
• Cuando la propia ley lo indica de forma expresa
• Cuando el plazo lo tiene que cumplir un licitador

La disposición adicional duodécima invierte la regla de la Ley 39/2015: en la LCSP un plazo señalado por días se cuenta en días naturales, y solo se cuentan los hábiles cuando la propia ley lo indica expresamente. El distractor tentador es el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, que, si una ley no dispone otra cosa, excluye sábados, domingos y festivos; la LCSP sí dispone otra cosa, y la Ley 39/2015 solo se le aplica de forma subsidiaria. La ley no distingue por la duración del plazo ni por quién tiene que cumplirlo.

• Cuando el licitador es una persona física y prefiere el papel
• Cuando los pliegos piden presentar modelos físicos o a escala
• Cuando el plazo de presentación se ha reducido por urgencia
• Cuando el licitador carece de un certificado de firma electrónica

La disposición adicional decimoquinta quiere electrónica la presentación de ofertas, pero enumera casos en que el órgano de contratación no está obligado a exigirlo, y uno es que los pliegos requieran modelos físicos o a escala que no pueden transmitirse por medios electrónicos. El distractor tentador viene de la Ley 39/2015, cuyo artículo 14.1 deja a las personas físicas elegir cómo relacionarse con la Administración; la LCSP no recoge esa opción para presentar ofertas. Tampoco son excepciones la tramitación urgente ni que a un licitador concreto le falte la firma electrónica.

• Un suministro de fabricación
• Una concesión de servicios
• Un concurso de proyectos
• Un arrendamiento de equipos

La disposición adicional decimoquinta enumera los contratos de obras, de concesión de obras y de servicios, los concursos de proyectos y los mixtos que combinen esos elementos. El BIM suena a obra, pero la enumeración no se queda ahí: alcanza también al concurso de proyectos. No incluye el suministro —tampoco el de fabricación ni el arrendamiento de equipos, que son suministros— ni la concesión de servicios, que es un contrato distinto del de servicios. Fuera de esa enumeración, el apartado 7 permite exigir, cuando sea necesario, herramientas que no estén disponibles de forma general, siempre que se ofrezcan medios de acceso alternativos.

• Que el licitador la acepte antes por escrito
• Que la mesa de contratación la autorice antes
• Que se dirija a todos los licitadores a la vez
• Que su contenido quede suficientemente documentado

La disposición adicional decimoquinta quiere electrónicas las notificaciones y comunicaciones del procedimiento, pero admite la comunicación oral para lo que no toca a los elementos esenciales —los pliegos, las solicitudes de participación y las ofertas—, siempre que su contenido esté suficientemente documentado; si puede incidir sustancialmente en el contenido y la evaluación de las ofertas, con archivos o resúmenes escritos o sonoros. No pide el consentimiento del licitador, ni la autorización de la mesa, ni que se hable con todos a la vez.

• Se exige, aunque se puede reducir a la mitad de su cuantía
• No se exige, aunque el órgano la considere necesaria y lo motive
• Se exige, salvo que el contrato no esté sujeto a regulación armonizada
• No se exige, salvo que el órgano la justifique por motivos excepcionales

La disposición adicional cuarta excluye en los procedimientos con reserva la garantía definitiva del artículo 107, con una salvedad: que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, la considere necesaria y lo justifique motivadamente en el expediente. Por eso no es una exclusión sin vuelta atrás, que es el gemelo tentador: si hay motivos excepcionales y se justifican, puede exigirse. La ley tampoco prevé reducirla a la mitad ni la hace depender de que el contrato esté sujeto a regulación armonizada.

• Que cada licitador pueda ver qué empresas han presentado oferta
• Que la mesa pueda abrir cada oferta en cuanto se recibe
• Que se pueda determinar con precisión la fecha y la hora de recepción
• Que el licitador pueda cambiar su oferta hasta el acto de apertura

La disposición adicional decimoséptima enumera lo que, como mínimo, deben garantizar las herramientas y dispositivos de recepción electrónica, y lo primero es que pueda determinarse con precisión la hora y la fecha exactas de la recepción de las ofertas. El resto de la lista va contra los dos primeros distractores: nadie debe tener acceso a lo transmitido antes de que terminen los plazos, y solo las personas autorizadas pueden acceder a los datos y documentos, y dar acceso a ellos solo después de la fecha especificada. Que el licitador pueda cambiar su oferta no está entre esas garantías.

• El 5 %
• El 15 %
• El 20 %
• El 25 %

El párrafo tercero del apartado 1 de la disposición adicional cuarta fija, para los órganos de contratación del sector público estatal, un porcentaje mínimo de reserva del quince por ciento, calculado sobre el importe global de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios de los códigos CPV del anexo VI celebrados en el ejercicio anterior. La cifra la puso la Ley 1/2026, vigente desde el 10 de abril de 2026: la redacción anterior, que aún traen muchos manuales, fijaba el 7 %, que subía al 10 % a los cuatro años de la entrada en vigor de la ley, y ya no vale.

• Desde el día 5, en que se le envía el aviso
• Desde el día 7, en que se publica en el perfil
• Desde el día 9, en que recibe la notificación
• Desde el día 15, diez días después del aviso

La disposición adicional decimoquinta cuenta los plazos desde la fecha de envío de la notificación, o del aviso si se notifica por comparecencia electrónica, siempre que el acto se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante. Aquí se publicó dos días después, así que rige el «en caso contrario»: los plazos corren desde que el interesado recibe la notificación. La fecha de publicación en el perfil no es por sí sola un punto de partida, y los diez días son los del rechazo de la notificación electrónica a la que no se accede, que el artículo 43.2 de la Ley 39/2015 cuenta como diez días naturales desde la puesta a disposición; no viene al caso porque el licitador accedió.

• La previa inscripción de sus datos en el Registro de Licitadores
• Que adquieran a su costa la licencia de un programa elegido por el órgano de contratación
• Una copia de la oferta en papel, con la firma manuscrita del representante
• Un domicilio en España a efectos de las notificaciones

Entre las normas sobre el uso de medios electrónicos, la disposición adicional decimosexta permite exigir, como requisito para tramitar electrónicamente, la previa inscripción de los datos necesarios en el Registro de Licitadores que corresponda. No pueden obligar a comprar una licencia: los programas para presentar ofertas han de ser de amplio uso, fácil acceso y no discriminatorios, o ponerlos a disposición el órgano de contratación. La única copia que contempla la ley es una copia de seguridad en soporte físico electrónico, que el licitador puede presentar, y la ley no exige un domicilio en España para tramitar por medios electrónicos; a los empresarios de otros Estados de la Unión les permite acreditar su capacidad por las listas oficiales de su Estado.