La suspensión y la extinción de los contratos

• Se extingue la responsabilidad del contratista
• Empieza a contar el plazo para liquidar el contrato
• Nace el derecho del contratista a cobrar el precio
• La recepción del suministro pasa a ser definitiva

El plazo de garantía se cuenta desde la recepción o conformidad, y el art. 210.3 dispone que, transcurrido sin objeciones de la Administración, queda extinguida la responsabilidad del contratista, salvo que la propia ley u otras normas fijen otro plazo; para el suministro lo repite el art. 305.4. La liquidación tampoco espera a que acabe la garantía (art. 210.4), el precio se abona a partir de la conformidad (art. 198.4), y la recepción, que ya se hizo, no tiene en la ley una segunda fase «definitiva».

• La resolución del contrato, si así lo pide el contratista
• La revisión del precio del contrato a favor del contratista
• La reducción de la garantía definitiva del contratista
• El pago al contratista de los daños y perjuicios que le cause

El art. 213.2 liga el incumplimiento de la Administración, con carácter general, al pago de los daños y perjuicios que por esa causa sufra el contratista. No lleva por sí solo a la resolución: el art. 212.7 dice que solo la origina en los casos previstos en la ley, como la demora en el pago de más de seis meses (art. 198.6). Tampoco revisa el precio ni reduce la garantía.

• Los salarios del personal que deba quedar adscrito al contrato
• El beneficio industrial que deja de obtener mientras dura la suspensión
• Los gastos generales de la estructura de la empresa contratista
• Los intereses del capital que invirtió en la ejecución del contrato

Salvo que el pliego diga otra cosa, el art. 208.2.a) cierra la lista de lo que se abona por una suspensión: los gastos de mantener la garantía definitiva, las indemnizaciones por extinguir o suspender los contratos de trabajo, los salarios del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante la suspensión, los alquileres o el mantenimiento de la maquinaria que no pudo emplearse para otros fines y las pólizas de seguro previstas en el pliego. El abono «solo comprenderá» esos conceptos: ni el beneficio que se deja de ganar, ni los gastos generales de la empresa, ni los intereses del capital invertido están en la lista. El antiguo 5.º, un 3 % del precio de las prestaciones que debían ejecutarse durante la suspensión, lo suprimió el Real Decreto-ley 36/2020.

• Cuando ha entregado la prestación dentro del plazo de ejecución fijado en el contrato
• Cuando ha realizado toda la prestación según el contrato y a satisfacción de la Administración
• Cuando ha realizado toda la prestación y la Administración le ha abonado su precio
• Cuando ha realizado toda la prestación sin que se le haya impuesto ninguna penalidad

El art. 210.1 pide dos cosas: que el contratista haya realizado la totalidad de la prestación de acuerdo con los términos del contrato, y que lo haya hecho a satisfacción de la Administración. Entregar en plazo no basta si la prestación no satisface; el pago es una obligación de la Administración, que viene después; y una penalidad impuesta durante la ejecución no impide que el contrato llegue a cumplirse. El cumplimiento es, con la resolución, una de las dos formas de extinción de los contratos (art. 209).

• Que se haya ejecutado al menos la mitad de la prestación contratada
• Que el contratista renuncie a toda indemnización por la resolución
• Que no concurra otra causa de resolución imputable al contratista
• Que lo dictamine antes el Consejo de Estado u órgano equivalente

El art. 212.4 solo admite la resolución por mutuo acuerdo si se cumplen dos condiciones: que no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. La ley no pide un porcentaje ejecutado ni que el contratista renuncie a nada: en esta resolución, los derechos de las partes se acomodan a lo que válidamente estipulen (art. 213.1). Y el dictamen del Consejo de Estado se exige en la resolución cuando el contratista se opone (art. 191.3.a), que aquí no es el caso.

• Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca
• Que el contratista las acepte expresamente al formalizar el contrato
• Que el pliego fije una penalidad propia para cada una de ellas
• Que se reproduzcan también en el anuncio de licitación

Además del incumplimiento de la obligación principal, el art. 211.1.f) hace causa de resolución el de las demás obligaciones esenciales si los pliegos las califican así y se cumplen dos requisitos: que respeten los límites de la libertad de pactos del art. 34.1 y que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca, sin que se admitan cláusulas de tipo general. Declarar esenciales «todas» las obligaciones es justamente una cláusula general. La ley no pide que el contratista las acepte aparte, ni una penalidad para cada una, ni que se repitan en el anuncio.

• Dentro de los quince días siguientes a la entrega
• Dentro del mes siguiente a la entrega
• Dentro de los dos meses siguientes a la entrega
• Dentro de los tres meses siguientes a la entrega

El art. 210.2 exige siempre a la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto, o en el plazo que fije el pliego por razón de sus características. Aquí el pliego calla, así que rige el mes. Los tres meses son el plazo para aprobar la certificación final de las obras, que se cuenta desde la recepción (art. 243.1). Se sitúa en un ministerio porque ese mes es un máximo para las comunidades autónomas y los entes locales, que pueden fijar uno menor (disposición final primera, apartado 3).

• Sí, y puede adjudicar el nuevo aunque no haya terminado el expediente
• No, hasta que haya terminado el expediente de resolución
• Sí, aunque no puede adjudicarlo hasta que termine el expediente
• No, hasta que se haya liquidado el contrato que se resuelve

El art. 213.6 permite, al incoar la resolución por las causas de las letras b), d), f) y g) del art. 211.1, iniciar a la vez el procedimiento para adjudicar el nuevo contrato, y los dos se tramitan por urgencia. Pero la adjudicación del nuevo queda condicionada a que termine el expediente de resolución. No hay que esperar a que acabe ese expediente para empezar, ni a liquidar el contrato que se resuelve; tampoco puede adjudicarse antes de que termine.

• Desde el 2 de marzo, la fecha del acta de recepción
• Desde que la Administración apruebe la factura
• Desde el 20 de marzo, la fecha de presentación de la factura
• Desde que venza el plazo de garantía del suministro

Salvo en obras, el art. 210.4 da treinta días desde la fecha del acta de recepción o conformidad para acordar y notificar al contratista la liquidación y abonarle el saldo. Pero si la factura llega después de la recepción, como aquí, esos treinta días se cuentan desde su correcta presentación en el registro. La ley no espera a que la Administración apruebe la factura ni a que venza el plazo de garantía. Se sitúa en un ministerio porque la DF 1.ª.3 declara máximos «los plazos de un mes» de los apartados 2 y 4 del art. 210, que en el 210.4 están escritos como treinta días.

• Se resuelve, sin que la Administración pueda continuarlo con sus herederos
• Puede continuar con sus herederos o sucesores, si la Administración lo acuerda
• Continúa con sus herederos o sucesores, sin que haga falta acordarlo
• Queda suspendido hasta que sus herederos acepten la herencia

La muerte o la incapacidad sobrevenida del contratista individual es causa de resolución (art. 211.1.a), pero el art. 212.3 deja a la Administración acordar que el contrato continúe con sus herederos o sucesores. Es una facultad suya: el contrato no pasa a ellos por sí solo, tampoco queda resuelto sin remedio, y la ley no lo suspende a la espera de la herencia.

• El 3 % del importe de la prestación dejada de realizar
• El 3 % del precio inicial del contrato
• El 6 % del importe de la prestación dejada de realizar
• El 6 % del precio inicial del contrato

Cuando la resolución se debe a la letra g) del art. 211.1, el art. 213.4 da al contratista una indemnización del 3 % del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa le sea imputable o que rechace la modificación que la Administración le proponga al amparo del art. 205. La base es lo que queda por ejecutar, no el precio entero. El 6 % es el de otro supuesto: el desistimiento de una obra ya empezada (art. 246.4).

• Justificarlo en el expediente y recogerlo en el documento de formalización
• Pedir informe a la Intervención y consignarlo expresamente en el pliego
• Pedir informe a la Intervención y recogerlo en el documento de formalización
• Justificarlo en el expediente y consignarlo expresamente en el pliego

Como regla, el art. 210.3 manda fijar en los contratos un plazo de garantía, que se cuenta desde la recepción o conformidad. Solo se exceptúan los contratos que por su naturaleza o características no lo necesiten, y la excepción pide dos cosas: justificarlo debidamente en el expediente de contratación y consignarlo expresamente en el pliego. No basta con recogerlo al formalizar el contrato, y la ley no pide para ello un informe de la Intervención.

• Se le incauta la garantía, y con ella queda cubierta toda su responsabilidad
• Se le incauta la garantía y, además, indemniza los daños que excedan de ella
• Indemniza todos los daños, y la garantía se le devuelve después
• Indemniza todos los daños y, además, se le incauta la garantía

El art. 213.3 combina las dos cosas sin duplicarlas: al contratista culpable se le incauta la garantía, y además indemniza los daños y perjuicios en lo que excedan del importe incautado. La garantía no agota su responsabilidad; no se le devuelve, porque la devolución anticipada se reserva a la resolución sin culpa del contratista (art. 111.1); y la Administración no cobra dos veces la parte del daño que ya cubre la garantía.

• La declaración de insolvencia del contratista en cualquier procedimiento
• La demora de la Administración en el pago del precio del contrato
• La demora del contratista en el cumplimiento de los plazos
• El incumplimiento por el contratista de la obligación principal

El art. 212.2 hace automáticas dos causas: la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del contrato que no se ajustan a los arts. 204 y 205. Las demás son causas de resolución, pero no obligan a resolver: ante la demora del contratista, la Administración puede optar entre resolver o imponer penalidades (art. 193.3); ante la demora en el pago de más de seis meses, es el contratista quien tiene derecho a resolver (art. 198.6); y en los restantes casos la resolución puede instarla la parte a la que no le sea imputable la circunstancia (art. 212.2, párrafo tercero). No es el concurso: en él la Administración puede continuar el contrato si el contratista presta garantías adicionales suficientes (art. 212.5); por eso la insolvencia del 212.2 se entiende declarada en un procedimiento distinto (art. 211.1.b). Ese apartado no es básico; por eso el caso es de un ministerio.

• Uno superior a seis meses
• Uno superior a ocho meses
• Uno superior a doce meses
• Uno superior a dieciséis meses

El art. 211.1.d) añade a la demora en los plazos una regla fija: es causa de resolución en todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos, en cualquier actividad, superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas. Aquí son tres años más uno de prórroga, 48 meses, y su tercio es 16 meses. Los doce meses son la trampa: el tercio de los tres años sin contar la prórroga.