La capacidad, las prohibiciones de contratar y la sucesión del contratista

• No, ni a la constructora ni a ninguna de sus empresas vinculadas
• No a la constructora, pero sí a una empresa vinculada a ella
• Sí, si lo adjudica en un procedimiento distinto y con publicidad
• Sí, si el órgano de contratación motiva que no hay conflicto

El art. 70.2 prohíbe adjudicar los contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de cualquier contrato, y los de coordinación en materia de seguridad y salud, a las adjudicatarias de los contratos correspondientes y a las empresas vinculadas a ellas. La prohibición alcanza a las vinculadas, y no la levantan ni un procedimiento separado ni una motivación del órgano.

• Puede ser excluida si no hay otro medio de garantizar la igualdad, oyéndola antes
• Puede ser excluida si no hay otro medio de garantizar la igualdad, sin oírla antes
• Queda excluida en todo caso, después de oírla para que alegue lo que le convenga
• Queda excluida en todo caso, sin que haga falta darle un trámite de audiencia

El art. 70.1 obliga al órgano de contratación a tomar medidas para que la participación de quien preparó o asesoró no falsee la competencia —por ejemplo, comunicar a los demás la información intercambiada y dar plazos adecuados—, y solo como último recurso, cuando no haya otro medio de garantizar la igualdad de trato, puede excluirla a ella y a sus empresas vinculadas. Antes de excluirla tiene que darle audiencia para que justifique que su participación previa no falsea la competencia. No hay exclusión automática.

• Sigue en el procedimiento, si la unión conserva la misma clasificación
• Queda excluida, salvo que la empresa que sale fuera la minoritaria
• Sigue en el procedimiento, y su oferta pasa a las dos que quedan
• Queda excluida del procedimiento de adjudicación del contrato

Según el art. 69.8, si durante la tramitación y antes de la formalización cambia la composición de la unión temporal, la unión queda excluida del procedimiento. Lo que no cuenta como cambio de composición es alterar la participación de las empresas manteniendo la misma clasificación, y aquí no se altera una participación: sale una empresa. El peso de la que se va no importa, y su oferta no pasa a las demás.

• Mancomunadamente, según su participación, y con un representante único
• Solidariamente, y cada empresa con su propio representante ante la entidad
• Solidariamente, y con un representante o apoderado único de la unión
• Mancomunadamente, según su participación, y cada una con su representante

El art. 69.3 dice que los empresarios agrupados en una unión temporal quedan obligados solidariamente y que deben nombrar un representante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones del contrato hasta su extinción. Lo único mancomunado que menciona son los poderes que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa, que no cambian el carácter solidario de la obligación.

• No, salvo que acredite solvencia técnica bastante para ese servicio
• Sí, siempre que subcontrate la parte ajena a sus fines estatutarios
• Sí, porque el pliego no limita la licitación por el objeto social
• No, porque esa prestación queda fuera de los fines de sus estatutos

El art. 66.1 solo deja ser adjudicatarias a las personas jurídicas de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas en los fines, el objeto o el ámbito de actividad que les son propios según sus estatutos o reglas fundacionales. La limpieza viaria queda fuera de unos fines culturales. La solvencia mide otra cosa —los medios económicos y técnicos para ejecutar el contrato— y no amplía lo que la entidad puede hacer; y el límite lo pone la ley, no el pliego.

• En los contratos de obras y en los de servicios
• En las concesiones de obras y en las de servicios
• En los contratos de obras y en las concesiones de obras
• En los contratos de suministro y en los de servicios

El art. 66.2 lo prevé para la licitación de una concesión de obras o de servicios: se puede concurrir, individualmente o con otros, con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión, con la forma que en su caso exija su legislación específica. Para los contratos de obras, de suministro y de servicios el artículo no lo dice; quien quiera concurrir con otros a ellos tiene la unión temporal de empresarios del art. 69.

• Un año, contado desde que se puso al corriente
• Mientras siga sin estar al corriente de esas obligaciones
• El plazo que fije la resolución que la declare
• Tres años como máximo, aunque se ponga al corriente

El art. 72.1 agrupa las prohibiciones de las letras c), d), f), g) y h) del art. 71.1: se aprecian directamente, sin declaración previa, y subsisten mientras concurran las circunstancias que las determinan. Por eso no hay resolución que fije un plazo ni un año o tres años de duración: la prohibición dura lo que dure la deuda, y deja de aplicarse cuando la empresa se pone al corriente.

• Comunicar la sustitución al órgano de contratación una vez hecha
• Un informe favorable de la mesa de contratación sobre la entrante
• Que el órgano de contratación la autorice antes de hacerla
• Una nueva adjudicación del contrato a la unión que resulte

Con el contrato ya formalizado, el art. 69.9.a) exige para aumentar, reducir o sustituir las empresas de la unión la autorización previa y expresa del órgano de contratación, y además que el contrato se haya ejecutado al menos en un 20 % de su importe (en las concesiones, que se haya explotado al menos la quinta parte del plazo), que se mantenga la solvencia o clasificación y que las empresas tengan plena capacidad y no estén incursas en prohibición. No basta con avisar después, la mesa no interviene en la ejecución y no hay una nueva adjudicación.

• Que obtenga además la clasificación española para ese servicio
• Que acredite que cuenta con esa autorización de su propio Estado
• Que pida en España una autorización equivalente antes de licitar
• Que acredite solo que está establecida en un Estado de la Unión

Las empresas de los Estados de la Unión y del Espacio Económico Europeo tienen capacidad para contratar si, con arreglo a la legislación del Estado en que están establecidas, están habilitadas para la prestación de que se trate (art. 67.1). Si ese Estado exige una autorización especial o pertenecer a una organización para prestar allí el servicio, tienen que acreditar que la cumplen (art. 67.2). La referencia es la legislación de su Estado, no una autorización española; la clasificación no la sustituye, y estar establecida en la Unión no basta.

• No, porque la condena es personal y recae solo en el administrador
• No, salvo que la propia sociedad sea declarada penalmente responsable
• Sí, y la mantiene aunque el administrador cese después en el cargo
• Sí, mientras el administrador siga en su cargo y hasta que cese

La letra a) del art. 71.1 extiende la prohibición a dos clases de personas jurídicas: las declaradas penalmente responsables y aquellas cuyos administradores o representantes, de hecho o de derecho, estén en la situación de esa letra, vigente su cargo o representación y hasta su cese. No hace falta que la sociedad sea condenada; basta su administrador. Y la prohibición de la sociedad por esta vía dura lo que dure el cargo: con el cese, deja de alcanzarla.

• Sí, salvo que el juez del concurso la autorice expresamente a licitar
• No, salvo que en el concurso se haya abierto ya la fase de liquidación
• Sí, salvo que en el concurso ya sea eficaz un convenio
• No, mientras conserve la solvencia económica que exige el pliego

Hallarse declarada en concurso es una de las circunstancias de la letra c) del art. 71.1, con una salvedad: que en el concurso haya adquirido eficacia un convenio (el texto añade el inicio de un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos). Mientras no la haya, la empresa está incursa aunque conserve la solvencia, que es un requisito distinto, y la ley no condiciona la prohibición a la fase de liquidación ni la levanta con una autorización del juez.

• La Misión Diplomática Permanente de España o la Oficina Consular
• La Oficina Económica y Comercial de España en el exterior
• El registro mercantil del Estado en que la empresa esté establecida
• La embajada de ese Estado acreditada ante el Reino de España

El art. 84.3 pide a los empresarios extranjeros que no son de la Unión ni del Espacio Económico Europeo un informe de la Misión Diplomática Permanente de España en su Estado o de la Oficina Consular en cuyo ámbito esté el domicilio de la empresa. La Oficina Económica y Comercial elabora otro informe, el de reciprocidad del art. 68.1; la inscripción en el registro de su Estado es una de las vías de las empresas de la Unión (art. 84.2), y la embajada extranjera no interviene.

• Se resuelve, y el ministerio puede adjudicarlo al siguiente licitador
• Queda en suspenso hasta que se autorice su cesión a la absorbente
• Se resuelve, salvo que la absorbente pida subrogarse en un mes
• Continúa con la absorbente, que se subroga en sus derechos y obligaciones

El art. 98.1 hace continuar el contrato vigente, en las fusiones en que participe la sociedad contratista, con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que queda subrogada en todos los derechos y obligaciones que nacen de él. Es una sucesión que dispone la ley: no hace falta tramitar una cesión ni pedir la subrogación, y la fusión no resuelve el contrato. La empresa sí tiene que comunicar la operación al órgano de contratación.

• No, porque la prohibición es personal de la sociedad que la sufrió
• Sí, pero solo si se prueba que se transformó para eludir la prohibición
• No, salvo que la nueva sociedad conserve la misma denominación social
• Sí, si por quienes la rigen puede presumirse que es su continuación

El art. 71.3 extiende las prohibiciones a las empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras en las que concurrían. Mantener a los mismos administradores tras una transformación es el caso típico. La ley no exige probar la intención de eludir la prohibición, y lo que cuenta es quién rige la empresa, no su nombre.

• La clasificación de la sociedad suple esa habilitación
• La solvencia técnica acreditada suple esa habilitación
• La sociedad contratista tiene que contar con esa habilitación
• La habilitación se exige a sus empleados, no a la sociedad

El art. 65.2 añade a las condiciones de aptitud la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para realizar las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, y se la exige a los contratistas. Ni la clasificación ni la solvencia la sustituyen: son requisitos distintos, que se suman a ella. Y quien tiene que contar con la habilitación es el contratista, no solo las personas que trabajan para él.

• No, porque la deuda aplazada sigue pendiente de pago
• Sí, si el aplazamiento lo concedió la Administración que contrata
• Sí, porque las deudas aplazadas se consideran al corriente
• No, salvo que haya suspendido la deuda al impugnarla

La letra d) del art. 71.1 prohíbe contratar a quien no está al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, y el mismo precepto aclara que se está al corriente cuando las deudas están aplazadas, fraccionadas o suspendidas con ocasión de su impugnación. El aplazamiento basta por sí solo: no hace falta pagar la deuda entera, ni impugnarla, y da igual qué Administración contrate.

• Se resuelve, porque el concurso de una integrante es causa de resolución
• Sigue con las demás empresas, si cumplen la solvencia o clasificación exigidas
• Sigue con la unión entera, si el administrador concursal lo autoriza
• Queda en suspenso hasta que concluya el concurso de esa empresa

El art. 69.9.c) da a las uniones temporales una regla propia: si una o varias de sus empresas son declaradas en concurso, aunque se haya abierto la liquidación, la ejecución continúa con las restantes siempre que cumplan los requisitos de solvencia o clasificación exigidos. La declaración de concurso es causa general de resolución (art. 211.1.b), pero para este caso el art. 69.9.c) dispone que el contrato sigue. La concursada no continúa, y la ley no prevé suspenderlo.

• Hasta quince días después de la adjudicación
• Hasta un mes después de la adjudicación
• Hasta dos meses después de la adjudicación
• Hasta tres meses después de la adjudicación

El art. 72.7 impide iniciar el procedimiento en el caso de la letra b) del art. 71.2 si han transcurrido más de tres meses desde la adjudicación. Es un plazo propio, más corto que el que el mismo apartado fija para los demás supuestos. Quince días, un mes o dos meses no son plazos de ese artículo.

• Acreditar su solvencia y no estar incurso en la prohibición del art. 71.1.a)
• Acreditar su solvencia y no estar incurso en ninguna prohibición del art. 71
• Acreditar su clasificación y no estar incurso en la prohibición del art. 71.1.a)
• Acreditar su clasificación y no estar incurso en ninguna prohibición del art. 71

En los contratos subvencionados el art. 65.3 pide al contratista dos cosas: que acredite su solvencia, no su clasificación, y que no esté incurso en la prohibición de la letra a) del art. 71.1, la de haber sido condenado por sentencia firme por los delitos que esa letra enumera. Las opciones que le exigen no estar en ninguna de las prohibiciones del art. 71 trasladan aquí la regla general del art. 65.1, y el apartado 3 no la aplica.

• Desde que se inscribe en el registro de licitadores que corresponda
• Desde la fecha en que la resolución sancionadora quedó firme
• Desde que la resolución se publica en el diario oficial que corresponda
• Desde que la resolución sancionadora se notifica a la empresa

El art. 73.3 distingue: las prohibiciones de las letras a) y b) del art. 71.1 producen efectos desde que la sentencia o la resolución administrativa devino firme cuando se pronunció sobre el alcance y la duración. En el resto de los supuestos los efectos empiezan con la inscripción en el registro correspondiente, y esa es la opción que tienta. Ni la publicación ni la notificación son la fecha que fija la ley.