Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: título preliminar y libro primero 

• No, porque cada contrato supera el límite del contrato menor de obras
• Sí, siempre que adjudique cada contrato a una empresa distinta
• Sí, porque cada contrato queda por debajo del límite del contrato menor
• No, porque lo fracciona para rebajar la cuantía y eludir requisitos

El artículo 99.2 prohíbe fraccionar un contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o de procedimiento, y eso es lo que hace el organismo: parte una sola obra para que cada trozo quepa en el contrato menor. Que cada contrato quede por debajo del límite es precisamente el efecto que la ley prohíbe buscar, y repartirlos entre empresas distintas no lo arregla. Y cada contrato no supera el límite del menor de obras, que está en un valor estimado inferior a 40.000 euros: lo que falla aquí es la división artificial.

• Están excluidas, salvo si superan el importe del contrato menor
• Están excluidas del ámbito de aplicación de la LCSP
• Están sujetas a la LCSP como encargos a medios propios
• Están sujetas a la LCSP como contratos administrativos

El art. 6.3 deja fuera de la LCSP las encomiendas de gestión que regula la legislación de régimen jurídico del sector público (hoy, el art. 11 de la Ley 40/2015). No hay que confundirlas con los encargos a medios propios, que sí regula la LCSP (arts. 32 y 33), ni son contratos administrativos; y su exclusión no depende del importe.

• Todos los licitadores, junto con la declaración responsable de su oferta
• Cada entidad comprometida, directamente ante la mesa de contratación
• El licitador con la mejor oferta, cuando se le requiera la documentación
• El adjudicatario, en el momento de formalizar el contrato con la Administración

El art. 75.2 dice que el compromiso por escrito lo presenta «el licitador que hubiera presentado la mejor oferta», previo el requerimiento de documentación del art. 150.2, que se hace al que queda primero en la clasificación de las ofertas. No va en el sobre de todos, ni lo llevan las entidades por su cuenta a la mesa, ni se deja para la formalización, que llega después de adjudicar. La salvedad del art. 140.3 permite al órgano o a la mesa pedir antes la documentación si tienen dudas razonables, pero no cambia quién la presenta como regla.

• Cuando guarden relación con el objeto del contrato
• Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada
• Cuando el órgano de contratación lo considere oportuno
• Cuando el valor estimado supere el del contrato menor

El art. 1.3 manda incorporarlos de manera transversal y preceptiva en toda contratación pública, con un solo límite: que guarden relación con el objeto del contrato. Por eso no es una decisión que quede al criterio del órgano de contratación, y no depende de la cuantía: la ley no la liga ni a la regulación armonizada ni al importe del contrato menor.

• Se le adjudica, y la garantía se retiene del precio
• Se le concede un nuevo plazo de quince días para que la constituya
• Se le adjudica, pero el contrato no se formaliza hasta que la constituya
• No se le adjudica, y se entiende que ha retirado su oferta

Acreditar la definitiva es requisito para adjudicar: si el licitador mejor clasificado no lo hace en el plazo del art. 150.2 por causa imputable a él, no se le adjudica el contrato y se aplica lo que ese artículo prevé para ese caso. No hay segundo plazo ni adjudicación condicionada. La retención en el precio es una forma de constituir la garantía que tiene que prever el pliego (art. 108.2), no un remedio para quien no la ha constituido.

• Sí, en documento administrativo, como todo contrato de una Administración
• Sí, pero le basta con la firma de aceptación de la adjudicación
• No, porque basta con que lo publique en el perfil de contratante
• No, porque para los menores rige lo dispuesto sobre su expediente

El art. 37.2 manda formalizar los contratos de las Administraciones Públicas conforme al art. 153, pero «sin perjuicio» de lo que el art. 118 dispone para los contratos menores. Por eso el art. 153.2 dice que la existencia de un menor se acredita con los documentos de su expediente, entre ellos la factura (art. 118.3), y no con un documento administrativo de formalización. La firma de aceptación de la adjudicación es la forma de formalizar de la tramitación abreviada del simplificado (art. 159.6.g), y publicar el menor en el perfil (art. 63.4) es una obligación de publicidad, no lo que sustituye a la formalización.

• Sí: gestiona un servicio de titularidad municipal
• No: el derecho de explotación no le transfiere el riesgo operacional
• Sí: basta con que el pliego lo califique como concesión
• No: el transporte urbano solo puede prestarse por gestión directa

El artículo 15.2 exige que el derecho de explotación de los servicios implique la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos del 14.4: que, en condiciones normales, no tenga garantizado cubrir sus costes. Aquí la empresa cobra del ayuntamiento una cantidad por kilómetro que no depende de los viajeros, así que no soporta la demanda y no hay concesión; lo que hay es un contrato de servicios (artículo 17): una actividad a cambio de un precio. La tentadora es la de la titularidad municipal, pero gestionar un servicio público no basta si el riesgo se queda en la Administración, y el nombre que le dé el pliego no cambia lo que el contrato es.

• La del plazo de garantía del equipo suministrado
• La de la vida útil del producto adquirido
• Diez años, incluidas las prórrogas
• Un año, prorrogable año a año mientras dure la exclusividad

El tercer párrafo del artículo 29.4 permite que el mantenimiento contratado junto con la compra del bien, cuando por exclusividad solo puede prestarlo quien lo suministró, dure toda la vida útil del producto. No se limita al plazo de garantía, que mide otra cosa: el tiempo en que el contratista responde de los defectos de lo entregado.

• No, salvo que el contrato previera expresamente la prórroga
• No, porque la ley excluye la prórroga tácita
• Sí, si el contrato preveía la posibilidad de prorrogarlo
• Sí, hasta que se formalice un nuevo contrato que lo sustituya

El artículo 29.2 lo cierra sin excepciones: en ningún caso hay prórroga por consentimiento tácito. La prórroga tiene que acordarla el órgano de contratación, aunque el contrato la prevea. Seguir prestando hasta el nuevo contrato recuerda a la prórroga excepcional del apartado 4, pero esa también la decide el órgano de contratación y exige sus propias condiciones.

• Que se asocien con una empresa española, en los contratos de obras
• Que abran una sucursal en España, en cualquier clase de contrato
• Que se asocien con una empresa española, en cualquier clase de contrato
• Que abran una sucursal en España, en los contratos de obras

El art. 68.2 permite al pliego exigir a las empresas no comunitarias adjudicatarias de contratos de obras que abran una sucursal en España, con apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. La previsión es solo para las obras, y el artículo no contempla obligarlas a asociarse con una empresa española.

• Las rechaza, porque el pliego pide un certificado concreto
• Las admite si las avala un organismo establecido en España
• Las acepta, aunque no sean el certificado que pedía
• Las admite si el licitador está clasificado en el grupo

El art. 93.2 obliga a los órganos de contratación a reconocer los certificados equivalentes de organismos de cualquier Estado de la Unión Europea y a aceptar también «otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad» que presenten los empresarios. No puede rechazarlas por no ser el certificado pedido, ni exigir que las avale un organismo español o que el licitador esté clasificado.

• Ante los órganos de la Administración General del Estado, salvo prueba en contrario
• Ante todos los órganos de contratación del sector público, sin admitir prueba en contrario
• Ante todos los órganos de contratación del sector público, salvo prueba en contrario
• Ante los órganos de la Administración General del Estado, sin admitir prueba en contrario

El art. 96.1 da a la inscripción en ese registro estatal efecto «frente a todos los órganos de contratación del sector público», no solo ante los de la Administración General del Estado, y lo hace «salvo prueba en contrario»: lo inscrito vale mientras no se pruebe que no responde a la realidad. Acredita la personalidad y la capacidad de obrar, la representación, la habilitación, la solvencia, la clasificación y la concurrencia o no de prohibiciones de contratar.

• Tres años en el primer caso y cinco en el resto
• Cinco años en el primer caso y también en el resto
• Tres años en el primer caso y también en el resto
• Cinco años en el primer caso y tres en el resto

El art. 72.6 distingue: si la sentencia penal firme prevé la duración, rige la suya; si no la fija, no puede exceder de cinco años desde la fecha de la condena firme. En el resto de los supuestos el tope es de tres años, que se computan como dice el art. 73.3. Las opciones que invierten las cifras o las igualan confunden los dos límites. Ese tope no alcanza a las prohibiciones que el art. 72.1 aprecia directamente —las de las letras c), d), f), g) y h) del art. 71.1—, que subsisten mientras concurran las circunstancias que las determinan.

• Con un anuncio de información previa que recoja, al menos, los contratos sujetos a regulación armonizada
• Con su publicación en el diario oficial de la Administración a la que pertenecen, antes de empezar el ejercicio
• Con su remisión a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que lo publique
• Con su inclusión como anexo en el presupuesto del ejercicio en que se va a ejecutar

El artículo 28.4 obliga a programar la contratación, por ejercicio o por períodos plurianuales, y a anunciar el plan con el anuncio de información previa del artículo 134, que debe recoger como mínimo los contratos sujetos a regulación armonizada. No se publica como disposición en un diario oficial ni va anexo al presupuesto, y la Junta Consultiva es un órgano consultivo, no quien publica la programación de cada entidad.

• Haber incurrido en falsedad al facilitar datos sobre su solvencia
• Haber sido excluida de una licitación por una oferta anormalmente baja
• Haber sido multada por interponer un recurso especial con temeridad
• Haber visto rebajada su clasificación en una revisión de la misma

La letra e) del art. 71.1 recoge la falsedad al efectuar la declaración responsable o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a la capacidad y la solvencia. Las demás tienen consecuencias propias en otros artículos, pero ninguno las convierte en prohibición de contratar: la oferta anormalmente baja no justificada se excluye de esa licitación (art. 149), la temeridad o la mala fe al recurrir se castigan con multa (art. 58.2) y la clasificación se revisa cuando varían sus circunstancias (art. 82).

• En relación con cada uno de los lotes
• Sobre el importe del contrato entero
• Sobre el lote de mayor importe del contrato
• Sobre la suma de los lotes a los que licite

El art. 87.1.a manda aplicar el volumen de negocios «en relación con cada uno de los lotes»: lo que se le pide a quien licita a un lote se mide con ese lote, no con el contrato entero, con el lote mayor ni con la suma de los lotes a los que licita. La única excepción es que el órgano de contratación lo fije por referencia a grupos de lotes, cuando al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo; sin esa decisión, cada lote se mide por separado.

• Los de Deuda Pública
• Las acciones cotizadas
• Los fondos de inversión
• Las obligaciones bancarias

La garantía definitiva puede prestarse en efectivo, en valores, mediante aval o con un seguro de caución, y los valores «en todo caso» han de ser de Deuda Pública. Ni las acciones cotizadas, ni los fondos de inversión, ni la deuda de los bancos sirven, por solventes que sean: lo que pueden hacer las entidades de crédito es avalar al contratista (art. 108.1.b).

• Cuando dispone de más de la mitad de los votos en el órgano de gobierno de ese ente
• Cuando financia con su presupuesto la mayor parte de los gastos de ese ente
• Cuando puede hacerle encargos que sus estatutos declaran de ejecución obligatoria
• Cuando nombra y separa libremente a la persona que dirige o gerencia el ente

El segundo párrafo del artículo 32.2.a presume siempre el control análogo cuando el poder adjudicador (u otros controlados del mismo modo por él) puede conferir al ente encargos de ejecución obligatoria porque así lo establecen sus estatutos o su acto de creación, de modo que haya unidad de decisión. Tener la mayoría de los votos, financiarlo o nombrar a su director pueden indicar influencia, pero no son el supuesto que la ley da por cumplido en todo caso.

• El seguro de responsabilidad civil de sus vehículos
• La auditoría externa de las cuentas de sus empresas
• El préstamo que toma para financiar una inversión
• La consultoría para implantar su nueva contabilidad

El art. 10 excluye, en el ámbito financiero, los contratos de préstamo y las operaciones de tesorería, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros. El seguro, la auditoría de cuentas y la consultoría contable no están entre los negocios excluidos: son contratos de servicios, sujetos a la ley.

• Superior a cien mil euros
• Superior a quinientos mil euros
• Superior a tres millones de euros
• Superior a dos millones de euros

El art. 44.1.a abre el recurso especial a los contratos de obras con un valor estimado superior a tres millones de euros. Los cien mil euros son la cifra que la misma letra fija para el suministro y los servicios, no para las obras. Los quinientos mil y los dos millones son cifras de la ley para otras cosas: desde quinientos mil se exige clasificación en obras (art. 77.1.a), y dos millones es el tope del abierto simplificado en obras (art. 159.1.a).