Los contratos administrativos, los privados y la jurisdicción competente

• Las de la prerrogativa de interpretar el contrato
• Las de la suspensión de la ejecución del contrato
• Las de la cesión del contrato y la subcontratación
• Las de las penalidades por demora en la ejecución

Los efectos y la extinción de los contratos de un poder adjudicador que no es Administración Pública se rigen por el derecho privado, pero el art. 26.3, con el 319.1, le aplica algunas normas de la LCSP: entre ellas, las obligaciones medioambientales, sociales y laborales, las condiciones especiales de ejecución, la cesión y la subcontratación, la racionalización técnica y una causa de resolución; el 319.1 suma las condiciones de pago de los arts. 198.4, 210.4 y 243.1. La prerrogativa de interpretar el contrato es del órgano de contratación en los contratos administrativos (art. 190), y la suspensión (art. 208) y las penalidades por demora en la ejecución (art. 193) no están en esa lista.

• Las de la LCSP sobre los supuestos de modificación
• Las instrucciones internas de contratación de la entidad
• Las de derecho administrativo, con el privado como supletorio
• Las normas de derecho privado que le sean de aplicación

Para las entidades del sector público que no son poder adjudicador, el art. 26.4 remite la adjudicación a los arts. 321 y 322 y deja sus efectos, su modificación y su extinción a las normas de derecho privado que les resulten de aplicación (lo repite el art. 322.1). Sus instrucciones internas regulan los procedimientos para adjudicar (art. 321.1), no la vida del contrato, y la ley no les impone sus supuestos de modificación.

• El contencioso-administrativo para la consejería y el civil para la fundación
• El orden civil, tanto para la consejería como para la fundación
• El civil para la consejería y el contencioso-administrativo para la fundación
• El contencioso-administrativo, tanto para la consejería como para la fundación

El art. 27.2.a) lleva al orden civil las controversias entre las partes sobre los efectos y la extinción de los contratos privados de los poderes adjudicadores, «sean o no Administraciones Públicas». Que una de las partes sea una consejería no cambia el orden: en un contrato privado, la extinción va al civil igual que en la fundación. La excepción que hace la letra alcanza solo a ciertas modificaciones, no a la extinción.

• La limpieza de los edificios de sus sedes
• La compra de mobiliario para sus oficinas
• El mantenimiento de sus equipos informáticos
• La suscripción a varias bases de datos jurídicas

El art. 25.1.a), tras enumerar los contratos típicos, declara de carácter privado dos grupos por su objeto: ciertos servicios financieros y de creación artística y literaria y espectáculos, identificados por sus códigos CPV, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. La limpieza y el mantenimiento son contratos de servicios, y la compra de mobiliario es un suministro: los tres son típicos y ninguno está en esa salvedad.

• Al de derecho administrativo, o al privado si así lo dispone el pliego
• Al de derecho administrativo o al privado, según pacten las partes al firmarlo
• Al de derecho administrativo o al de derecho privado, según el contrato
• Al de derecho privado, o al administrativo si el contrato está armonizado

El art. 24 admite los dos regímenes: unos contratos del sector público son administrativos y otros privados. Cuál corresponde a cada uno lo deciden los arts. 25 y 26, por quién contrata y qué contrata, no el pliego ni lo que pacten las partes: la libertad de pactos del art. 34 se ejerce dentro de la ley y no permite elegir el régimen. Tampoco lo decide que el contrato esté sujeto a regulación armonizada, que se refiere a su importe y no a su naturaleza.

• La adjudicación, la LCSP; la extinción, el derecho privado
• La adjudicación, el derecho privado; la extinción, la LCSP
• Las dos, la LCSP, con el derecho privado como supletorio
• Las dos, el derecho privado, con la LCSP como supletoria

El art. 26.2 parte en dos el régimen del contrato privado de una Administración Pública: su preparación y su adjudicación, a falta de normas específicas, se rigen por la LCSP (las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo I del título I del libro segundo) y sus disposiciones de desarrollo; sus efectos, su modificación y su extinción, por el derecho privado. No es todo LCSP ni todo derecho privado: la ley rige la selección del contratista y el derecho privado, la vida del contrato.

• De su preparación y de su adjudicación, pero no de su modificación
• De su adjudicación, pero no de su preparación ni de su modificación
• De su preparación, de su adjudicación y de su modificación
• De todas, también de su ejecución y de su extinción

El art. 27.1.f) lleva al orden contencioso-administrativo las cuestiones de preparación, adjudicación y modificación de los contratos subvencionados del art. 23, que pueden celebrar los particulares (art. 23.2). Que lo adjudique una fundación privada no lo saca de ese orden; su ejecución y su extinción, en cambio, no están en esa letra.

• Que el pliego lo someta de forma expresa al derecho administrativo
• Que satisfaga de forma directa un fin público de la competencia municipal
• Que su importe supere el umbral de la regulación armonizada
• Que se adjudique por un procedimiento abierto con publicidad

Fuera de los contratos típicos, el art. 25.1.b) da carácter administrativo a los que una ley declare así y a los que tengan naturaleza administrativa especial: los vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o los que satisfagan de forma directa o inmediata una finalidad pública de su específica competencia. La declaración tiene que hacerla una ley, no el pliego; y ni el importe ni el procedimiento de adjudicación cambian la naturaleza del contrato.