Las garantías

• Abonar lo adeudado con el interés de demora previsto para las operaciones comerciales desde que vencen los dos meses
• Devolver la garantía sin intereses, porque el retraso no genera ninguno
• Indemnizar al contratista por los daños y perjuicios que acredite haber sufrido
• Abonar lo adeudado con el interés legal del dinero desde que vencen los dos meses

La devolución tiene que acordarse y notificarse en dos meses desde que termina el plazo de garantía. Pasado ese plazo, si la devolución no se ha hecho efectiva por causa imputable a la Administración, esta abona la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero desde el vencimiento de los dos meses hasta la devolución. Es el interés legal, no el de demora de las operaciones comerciales, ni una indemnización que haya que probar.

• Sí, si lo justifica adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas
• Sí, si el adjudicatario es una pequeña o mediana empresa y así lo acredita
• Sí, si el plazo de ejecución de las obras no supera un año natural
• No, porque la exención que permite el pliego no cabe en los contratos de obras

El art. 107.1 permite al órgano de contratación eximir de la definitiva justificándolo en el pliego —de ahí sale el distractor tentador—, pero cierra el párrafo con una excepción a esa excepción: la exención no es posible en los contratos de obras ni en los de concesión de obras. Ni la condición de pyme ni la duración de las obras la abren. El caso está en un ministerio porque ese párrafo del art. 107.1 rige para el Estado.

• Se le devuelve cuando constituye la definitiva, y su importe se puede aplicar a esta
• Se convierte en garantía definitiva por su mismo importe, sin necesidad de completarla
• Se retiene hasta la recepción del contrato y se le devuelve junto con la definitiva
• Se le devuelve al adjudicarse el contrato, antes de constituir la definitiva

Al adjudicatario se le devuelve la provisional cuando ha constituido la definitiva, y puede aplicarse su importe a esta o constituirse la definitiva de nuevo. No se convierte sola en definitiva: son garantías distintas, con importes y bases distintas (hasta el 3 % del presupuesto frente al 5 % del precio ofertado). Tampoco se retiene hasta la recepción, porque la provisional solo responde de mantener la oferta hasta la perfección del contrato.

• 60.000 euros
• 80.000 euros
• 96.800 euros
• 100.000 euros

La definitiva es el 5 % del precio final ofertado, excluido el IVA: el 5 % de 1.600.000 euros son 80.000. Los 100.000 euros aplican el 5 % al presupuesto base de licitación, que es la base de la provisional, no de la definitiva. Los 96.800 meten el IVA en el precio, y los 60.000 son el 3 % del presupuesto, el tope de la provisional.

• 120.000 euros
• 145.200 euros
• 240.000 euros
• 290.400 euros

La complementaria es de hasta otro 5 % del precio final ofertado, IVA excluido, y la garantía total puede alcanzar el 10 % de ese precio: el 10 % de 2.400.000 euros son 240.000. Los 120.000 euros son solo la definitiva ordinaria del 5 %, sin la complementaria. Los 145.200 y los 290.400 calculan el 5 % y el 10 % con el IVA dentro del precio.

• Cuando el contrato sea de obras, y en los demás cuando el pliego lo prevea expresamente
• Cuando el valor estimado del contrato alcance el umbral de regulación armonizada
• Cuando la mesa de contratación lo proponga por la cuantía y así conste en el acta
• Cuando el órgano de contratación la vea necesaria por interés público y lo motive

La regla es que no se exige: el art. 106.1 empieza diciendo que «no procederá» la garantía provisional y solo la admite de forma excepcional, cuando el órgano de contratación la considere necesaria por motivos de interés público y lo justifique motivadamente en el expediente. No depende del tipo de contrato ni de su cuantía, y no la decide la mesa, que propone pero no es el órgano de contratación.

• 9.000 euros
• 36.000 euros
• 45.000 euros
• 60.000 euros

Con lotes, la provisional se fija atendiendo exclusivamente al importe de los lotes a los que el licitador presenta oferta: el 3 % de 1.500.000 euros (1.200.000 más 300.000) son 45.000. Los 60.000 euros toman el presupuesto total del contrato, que es justo lo que la ley excluye; los 9.000 y los 36.000 cuentan uno solo de los dos lotes a los que la empresa licita.

• De la correcta ejecución del contrato hasta que venza el plazo de garantía
• Del mantenimiento de las ofertas hasta la perfección del contrato
• Del mantenimiento de las ofertas hasta la apertura de las proposiciones
• De las penalidades que se impongan al contratista durante la ejecución

La provisional es la garantía de la licitación: responde de que cada licitador mantenga su oferta hasta que el contrato se perfecciona, y por eso se extingue y se devuelve justo después (art. 106.4). La correcta ejecución y las penalidades son conceptos de la garantía definitiva (art. 110). Y la apertura de las proposiciones se queda corta: la oferta tiene que sostenerse hasta la perfección.

• Seis meses
• Ocho meses
• Nueve meses
• Un año

Sin recepción ni liquidación por causas ajenas al contratista, el art. 111.5 fija un plazo general desde la terminación del contrato, que se reduce a seis meses cuando el valor estimado es inferior a 1.000.000 de euros en obras o a 100.000 en los demás contratos, o cuando la empresa es una pyme. Aquí basta el valor estimado: son servicios de 60.000 euros, aunque la empresa sea grande. El año es la regla general, que aquí no rige porque se da una de las condiciones de la reducción; ocho y nueve meses no son plazos de este artículo.

• 12.000 euros
• 14.520 euros
• 20.000 euros
• 24.200 euros

El tope de la provisional es el 3 % del presupuesto base de licitación excluido el IVA: el 3 % de 400.000 euros son 12.000. Los 14.520 euros salen de aplicar el 3 % con el IVA dentro. Los 20.000 y los 24.200 aplican el 5 %, que es el porcentaje de la garantía definitiva, y esa se calcula sobre el precio ofertado, no sobre el presupuesto (art. 107.1).

• Sí, porque el avalista es parte interesada en el procedimiento
• No, ningún garante del contratista puede exigirlo
• Sí, si el contratista no está en concurso
• No, salvo si avala una sociedad de garantía recíproca

Quien presta una garantía a favor del contratista no puede usar el beneficio de excusión del Código Civil, que es justo el derecho a exigir que primero se persigan los bienes del deudor principal. Que el avalista sea parte interesada en los procedimientos que afectan a la garantía es verdad (art. 112.2), pero le da voz en el procedimiento, no ese beneficio. La regla vale para cualquier garante, también para una sociedad de garantía recíproca.

• Por el procedimiento administrativo de apremio, sin acudir al juez
• Ante la jurisdicción civil, como un acreedor más del contratista
• Exigiendo al contratista que amplíe la garantía en el plazo de quince días
• Con cargo a la garantía provisional que el contratista constituyó en la licitación

Lo que la garantía no cubre se cobra por el procedimiento administrativo de apremio, el de la recaudación de los ingresos públicos: la Administración no tiene que acudir a un juez, y para hacer efectivas las garantías tiene además preferencia sobre cualquier otro acreedor (art. 113.1). Los quince días son los de reponer o ampliar la garantía cuando se cobra de ella una penalidad (art. 109.2), y la provisional ya se devolvió con la perfección del contrato.

• En el 5 % del precio final ofertado, IVA excluido, igual que en los demás contratos de la Administración
• En el 5 % del valor estimado de la concesión, IVA excluido, por la larga duración de estos contratos
• Lo fija el órgano de contratación en el pliego, según la naturaleza, importancia y duración de la concesión
• Lo fija el pliego entre el 5 % y el 10 % del precio ofertado, según el riesgo que asuma la Administración contratante

En las concesiones, de obras y de servicios, no se aplica el 5 % del precio ofertado de los demás contratos: el importe lo fija en cada caso el órgano de contratación en el pliego, atendiendo a la naturaleza, la importancia y la duración de la concesión. La horquilla del 5 al 10 % mezcla la definitiva con la complementaria del art. 107.2, que se prevé en casos especiales y no es la regla de las concesiones.

• La Administración cobra la diferencia por el procedimiento de apremio
• Se le impone una nueva penalidad por el importe que no ha repuesto
• El contratista incurre en causa de resolución del contrato
• Se le retiene ese importe en el siguiente pago del precio

Cuando una penalidad o una indemnización se cobra de la garantía, el contratista tiene que reponerla o ampliarla en quince días desde la ejecución, y si no lo hace incurre en causa de resolución. Ni el apremio, ni una penalidad nueva, ni la retención en el pago son lo que la ley prevé para quien no repone la garantía: la consecuencia es más grave, porque permite resolver el contrato.

• No, porque las variaciones por revisión de precios no obligan a reajustarla
• Sí, en el plazo de quince días desde que se notifique la revisión al contratista
• Sí, en cuanto la variación acumulada supere el 20 % del precio inicial
• No, porque la garantía se reajusta únicamente en los contratos de obras

La regla es que, si el precio varía por una modificación del contrato, la garantía se reajusta para guardar proporción con el nuevo precio en quince días desde que se notifica el acuerdo de modificación. Pero la ley excluye expresamente de esa regla las variaciones que vienen de una revisión de precios: esas no obligan a reajustar, sea cual sea su cuantía. Los quince días del distractor son los de la modificación, no los de la revisión.

• Quince días
• Dos meses
• Seis meses
• Un año

La regla es un año desde la terminación, vencido el plazo de garantía y una vez depuradas las responsabilidades del art. 110. La reducción del plazo es la excepción, y aquí no se da: en obras exige un valor estimado inferior a 1.000.000 de euros o que la empresa sea una pyme, y estas obras valen 2.500.000 y las hace una gran empresa. Los dos meses son el plazo para acordar la devolución en el caso ordinario (art. 111.2).

• De las penalidades impuestas al contratista conforme a la ley
• De la obligación de formalizar el contrato dentro de plazo
• De los gastos que cause a la Administración la demora
• De los daños causados a terceros por la ejecución

El art. 110 es una lista cerrada: la definitiva «únicamente» responde de los conceptos que enumera. Entre ellos están formalizar en plazo, las penalidades y los gastos que la demora del contratista cause a la Administración, pero los daños y perjuicios que cubre son los ocasionados «a la misma», a la Administración. Los que la ejecución cause a terceros no están en la lista.