La necesidad del contrato, su duración y los encargos a medios propios

• Tres meses
• Seis meses
• Nueve meses
• Doce meses

Nueve meses como máximo, y sin modificar las demás condiciones del contrato (último párrafo del artículo 29.4). Es una prórroga excepcional, que cabe aunque se haya agotado la duración máxima, para no dejar el servicio sin prestar mientras llega el nuevo contrato; la ley la rodea de condiciones para que no ampare a quien licita tarde, y le pone un techo que no se alarga aunque el nuevo contrato siga sin empezar.

• La vida útil de los bienes en que se invierte
• El máximo general, ampliado con una prórroga extraordinaria
• El que autorice el Consejo de Ministros
• El período de recuperación de esas inversiones

El segundo párrafo del artículo 29.4 permite, excepcionalmente, una duración mayor en suministros y servicios cuando lo exige el período de recuperación de inversiones directamente relacionadas con el contrato que no se pueden aprovechar en el resto de la actividad, siempre que su amortización sea un coste relevante; todo ello justificado en el expediente. La medida es ese período, no la vida de los bienes ni el máximo general con una prórroga añadida, y no interviene el Consejo de Ministros.

• Cuando él mismo ha incurrido en demora en la ejecución de la prestación contratada
• Cuando el precio no se ha revisado durante el último año de ejecución
• Cuando el contrato ha sufrido una modificación no prevista en el pliego
• Cuando la Administración se ha demorado más de seis meses en pagarle el precio

El último párrafo del artículo 29.2 libera al contratista de la prórroga cuando concurre la causa de resolución del artículo 198.6: que la Administración se haya demorado más de seis meses en el abono del precio. La demora del propio contratista no le libera de nada; lo que el artículo 29.3 prevé para ella es que el órgano de contratación pueda ampliarle el plazo, sin perjuicio de las penalidades. Ni la revisión de precios ni una modificación son causa de la excepción.

• No necesita preaviso, por durar menos de dos meses
• No necesita preaviso, si así lo establece el pliego
• Necesita el preaviso general, como cualquier contrato prorrogable
• Necesita un preaviso de la mitad de la antelación general

El artículo 29.2 exceptúa de la obligación de preaviso a los contratos cuya duración sea inferior a dos meses, como este de seis semanas: un preaviso general sería más largo que el propio contrato. La ley no reduce el plazo a la mitad, y el pliego no puede suprimir el preaviso en los demás contratos: lo único que puede hacer es fijar uno mayor.

• No, porque la totalidad de su patrimonio tiene que ser de titularidad pública
• Sí, porque cumple el control y la proporción de actividad que exige la ley
• Sí, siempre que el patrimonio de titularidad pública supere la mitad del total
• No, salvo que sus estatutos le reconozcan la condición de medio propio

El artículo 33.2 exige que el medio propio de una entidad que no es poder adjudicador cumpla todos y cada uno de sus requisitos, y su letra b) pide que la totalidad del capital social o patrimonio sea de titularidad pública, sea cual sea su forma jurídica. El control y la actividad no bastan solos, y la ley no se conforma con una mayoría pública. El reconocimiento en los estatutos es un requisito del artículo 32 para los poderes adjudicadores, no algo que supla la falta de patrimonio público.

• Que estén incluidos en el plan de contratación que hayan anunciado para el ejercicio
• Que su valor estimado no supere el de su presupuesto anual de inversiones
• Que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales
• Que los haya autorizado previamente su órgano de control interno

El artículo 28.1 abre la ley con el principio de necesidad: las entidades del sector público no pueden celebrar más contratos que los necesarios para sus fines institucionales, y por eso la necesidad y la idoneidad del objeto se dejan documentadas antes de licitar en los procedimientos abierto, restringido y negociado sin publicidad. El plan de contratación del apartado 4 es una obligación de programar y anunciar, no una lista fuera de la cual no se pueda contratar; ni el presupuesto de inversiones ni una autorización del control interno son condición del artículo.

• Cuatro años, incluidas las prórrogas
• Cuatro años, sin contar las prórrogas
• Cinco años, incluidas las prórrogas
• Cinco años, sin contar las prórrogas

Cinco años, y las prórrogas que acuerde el órgano de contratación cuentan dentro de ese máximo (artículo 29.4, que vale igual para los suministros). El error tentador es sumarlas aparte. Los cuatro años son la duración máxima de los acuerdos marco (artículo 219.2), otra regla y otro plazo.

• El 30 % de la cuantía del encargo
• El 50 % de la cuantía del encargo
• El 60 % de la cuantía del encargo
• El 80 % de la cuantía del encargo

El artículo 32.7.b fija el techo en el 50 % de la cuantía del encargo; los suministros o servicios auxiliares que no son una parte autónoma de la prestación no cuentan. Puede superarse excepcionalmente por razones de seguridad, de control de la ejecución o de urgencia, con la justificación publicada junto al encargo. El límite existe para que el medio propio no se convierta en un intermediario que contrata fuera lo que se le encarga.

• La entidad que administra el procedimiento, en nombre de las demás
• Cada entidad, solo por la parte del contrato que le corresponde
• La entidad que aporta la mayor parte de la financiación del contrato
• Todas ellas, de forma conjunta, por el contrato entero

El artículo 31.3 atribuye la responsabilidad conjunta a todas las entidades cuando el procedimiento se desarrolla entero en nombre y por cuenta de todas, y precisa que vale también cuando una sola lo administra. Responder cada una solo de su parte es la regla del segundo párrafo, para el procedimiento que no se hace conjuntamente en su totalidad; y la financiación no cuenta.

• Un año como máximo, sin posibilidad de prórroga
• Un año como máximo, prorrogable por otro año
• Dos años como máximo, sin posibilidad de prórroga
• Dos años como máximo, prorrogable por otro año

El artículo 29.8 limita los contratos menores a un año y les prohíbe la prórroga: son contratos de tramitación simplificada para necesidades puntuales, y prorrogarlos permitiría sostener en el tiempo, sin licitar, lo que debería salir a concurrencia. La única salvedad está en el apartado 7, para los servicios complementarios de un menor de obras, y tampoco consiste en prorrogarlos.

• Que el anuncio de licitación del nuevo se publicara al menos tres meses antes del fin del originario
• Que el contrato originario no se haya prorrogado antes en ninguna ocasión
• Que el nuevo contrato se haya adjudicado antes de que termine el plazo del contrato originario
• Que el Consejo de Ministros autorice la continuidad del servicio por razones de interés público

La prórroga excepcional del último párrafo del artículo 29.4 exige que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con al menos tres meses de antelación al fin del originario (en un contrato basado en un acuerdo marco, que las invitaciones se hayan enviado quince días antes). Así no ampara a quien licita tarde. Cabe aunque el contrato ya se haya prorrogado y agotado su duración máxima, no pide una autorización del Consejo de Ministros, y precisamente sirve para cuando el nuevo contrato aún no está formalizado.

• El dictamen previo del Consejo de Estado
• La autorización del Consejo de Ministros
• La autorización de su ministerio de adscripción
• El informe de la Junta Consultiva de Contratación

El artículo 32.6.c exige autorización del Consejo de Ministros a los órganos del sector público estatal con condición de poder adjudicador cuando el gasto del encargo es igual o superior a doce millones de euros, y debe obtenerse antes de suscribirlo. La autorización es genérica: no valida los trámites ni sustituye la aprobación del gasto, que sigue en los órganos competentes. No interviene el Consejo de Estado, y la Junta Consultiva es un órgano consultivo, no quien autoriza.

• Cuando el servicio no pueda presupuestarse por unidades simples de trabajo
• Cuando lo autorice el Consejo de Ministros por razón de su importe
• Cuando carezca de medios suficientes, justificándolo en el expediente
• Cuando contratarlo suponga un ahorro superior al 5 % del presupuesto

El artículo 30.3 parte de que la Administración presta los servicios normalmente con sus propios medios, y le permite contratarlos cuando carece de medios suficientes, con la justificación en el expediente. Las unidades simples de trabajo y el 5 % salen del apartado 1 del mismo artículo, pero al revés: son circunstancias que permiten a la Administración ejecutar obras por sí misma. El artículo no es básico; por eso el caso es de un ministerio.

• En la Plataforma de Contratación correspondiente
• En el inventario de entidades del sector público
• En el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
• En el diario oficial de la Administración de la que depende

El artículo 32.6.a exige que el medio propio haya publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición, los poderes adjudicadores respecto de los que la tiene y los sectores en que es apto para recibir encargos; el documento de formalización de cada encargo también se publica allí. El inventario de entidades del sector público es de otra ley y no sirve de publicidad del medio propio, y el Registro de Licitadores es para empresas que licitan.

• Más del 50 %
• Más del 60 %
• Más del 70 %
• Más del 80 %

Más del 80 % de sus actividades, según el artículo 32.2.b, calculado con el promedio del volumen de negocios u otro indicador fiable de los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo. Una proporción menor no basta: el medio propio tiene que dedicarse casi en exclusiva a quien le hace encargos, y por eso su encargo no se considera un contrato.

• Sí: la prórroga necesita la conformidad expresa del contratista
• Sí: la prórroga es potestativa para el contratista y no para la Administración
• No, salvo que el pliego le reconozca el derecho a rehusarla
• No: la prórroga que acuerda el órgano de contratación es obligatoria para él

El artículo 29.2 pone la prórroga en manos del órgano de contratación y la hace obligatoria para el empresario cuando se le preavisa en plazo. No es un nuevo acuerdo entre las partes que el contratista pueda rehusar, y el pliego no puede reconocerle un derecho a hacerlo: lo único que puede es exigir un preaviso mayor. Es obligatoria salvo la excepción que el propio apartado prevé, que aquí no concurre.

• Mediante encargos a medios propios personificados de la entidad que coopera
• Mediante la celebración previa de los correspondientes convenios entre ellas
• Mediante contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad
• Mediante acuerdos marco celebrados con una central de contratación

El artículo 31.1 distingue dos formas de cooperar sin contrato: la vertical, con encargos a medios propios personificados (artículos 32 y 33), y la horizontal, entre entidades del sector público, con convenios en las condiciones del artículo 6.1. El encargo a un medio propio es el distractor tentador porque también queda fuera de la contratación, pero es la cooperación vertical. El negociado sin publicidad y los acuerdos marco son contratación, no cooperación.