El objeto del contrato, el presupuesto base de licitación, el valor estimado y el precio

• Sí, como antes de tramitar cualquier otro contrato
• No, la ley exceptúa de ello a los acuerdos marco
• No, salvo si el acuerdo marco dura más de cuatro años
• Sí, por el valor máximo estimado del acuerdo marco

El artículo 100.3 exceptúa los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición: con carácter previo a su tramitación no es necesario aprobar un presupuesto base de licitación, sin condiciones de duración. El valor máximo estimado del conjunto de contratos previstos es otra cosa: es como se calcula su valor estimado (artículo 101.13), no un presupuesto base.

• 300.000 euros
• 600.000 euros
• 900.000 euros
• 1.500.000 euros

En el cálculo del valor estimado el artículo 101.2.a) obliga a tener en cuenta «las eventuales prórrogas del contrato»: dos años iniciales más uno de prórroga son tres años de 300.000 euros, 900.000. Los 600.000 son la duración inicial sin la prórroga, el error más frecuente; los 300.000, una sola anualidad; y los 1.500.000 serían cinco años, que este contrato no alcanza ni con su prórroga.

• La periódica y predeterminada, en los términos de la propia ley
• La periódica no predeterminada, según la inflación de cada año
• La no periódica, cuando la solicite el contratista
• La que pacten libremente las partes en el contrato

El artículo 103.1 solo admite la revisión «periódica y predeterminada», en los términos del capítulo que la regula, y añade que, salvo en ciertos contratos no sujetos a regulación armonizada, no cabe la revisión periódica no predeterminada ni la no periódica. Por eso no vale ajustar el precio con la inflación de cada año ni a petición del contratista. Tampoco queda a lo que pacten las partes: es la ley la que dice en qué contratos procede y con qué límites.

• Su adjudicación conjunta a un único contratista
• Su realización independiente, mediante lotes
• Su contratación por separado como contratos menores
• Su ejecución sucesiva por un mismo contratista

El artículo 99.3 hace de los lotes la regla: siempre que la naturaleza o el objeto lo permitan, «deberá preverse» la realización independiente de cada parte dividiendo el contrato en lotes, y no dividir es la excepción. Adjudicar el conjunto a un solo contratista es justo lo que la regla quiere evitar. Y contratar las partes por separado como contratos menores no es dividir en lotes.

• 1.080.000 euros
• 1.180.000 euros
• 1.440.000 euros
• 1.540.000 euros

En el arrendamiento financiero de duración determinada, el artículo 101.9.a) toma el valor total del contrato y, si dura más de doce meses, le suma el importe estimado del valor residual: 36 cuotas de 30.000 (1.080.000) más 100.000, 1.180.000. Quedarse en 1.080.000 es olvidar el valor residual. Multiplicar la cuota por 48 es la regla de los contratos cuya duración no se fija por un período determinado (artículo 101.9.b), que aquí no se aplica porque la duración es de 36 meses.

• Hacer una consulta preliminar del mercado a las empresas del sector
• Pedir informe a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
• Pedir informe a la autoridad de defensa de la competencia
• Comunicárselo a la autoridad de defensa de la competencia al adjudicar

El riesgo de restringir injustificadamente la competencia es uno de los motivos válidos que el artículo 99.3.a) admite para no dividir en lotes, pero con un requisito: el órgano de contratación tiene que pedir antes informe a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre ese riesgo. El informe es previo: comunicarlo al adjudicar llega tarde. La Junta Consultiva tiene otras funciones, y la consulta preliminar del mercado sirve para preparar la licitación, no para justificar este motivo.

• De oficio, en un único pago al aprobarse la liquidación
• A instancia del contratista, con una factura aparte al terminar
• De oficio, con abono o descuento en certificaciones y pagos
• A instancia del contratista, en cada certificación o pago parcial

Según el artículo 105, el importe de las revisiones se hace efectivo de oficio, sin que lo tenga que pedir el contratista, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales; para cubrirlo se tramita un expediente de gasto al comienzo del ejercicio. La certificación final o la liquidación solo recogen los posibles desajustes, como los que nacen de aprobar tarde los índices, no el importe entero.

• 420.000 euros
• 840.000 euros
• 1.260.000 euros
• 1.680.000 euros

Para los servicios sin precio total, el artículo 101.11.d) distingue: con una duración determinada de hasta cuarenta y ocho meses se toma el valor de toda su duración; si la duración pasa de cuarenta y ocho meses o no está fijada por referencia a un período cierto, el valor mensual multiplicado por 48. Aquí no hay duración cierta: 35.000 por 48, 1.680.000. Los 420.000 son un solo año, y los 840.000 y los 1.260.000, dos y tres años, cifras que la ley no usa en este caso.

• Un número máximo de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador
• La obligación de ofertar a todos los lotes para optar a uno
• Un precio máximo conjunto para quien oferte a varios lotes
• Un número mínimo de lotes a los que cada licitador debe ofertar

El artículo 99.4 permite al órgano de contratación, justificándolo en el expediente, dos limitaciones, y las dos son techos: el número de lotes a los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta y el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. Si las introduce, tiene que decirlo en el anuncio y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. La ley no prevé obligar a ofertar a un mínimo de lotes ni a todos, ni fijar un precio conjunto para quien oferte a varios.

• En el pliego de prescripciones técnicas particulares
• En el anuncio previo de información de la licitación
• En el documento administrativo de formalización del contrato
• En el pliego de cláusulas administrativas particulares

El artículo 101.5 exige que el método de cálculo del valor estimado figure «en todo caso» en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, que son los que recogen las condiciones jurídicas y económicas del contrato. El pliego de prescripciones técnicas es el gemelo que se confunde: describe la prestación, no cómo se ha calculado su valor. Ni el anuncio previo ni el documento de formalización son el lugar que la ley señala.

• El importe total pagadero según las estimaciones, sin IVA y con las prórrogas
• El límite máximo de gasto que el contrato permite comprometer, con el IVA incluido
• El precio cierto que se abona al contratista por la prestación realmente ejecutada
• El importe que se compara con los umbrales para elegir el procedimiento

El artículo 100.1 define el presupuesto base de licitación como el límite máximo de gasto que el órgano de contratación puede comprometer en virtud del contrato, incluido el IVA salvo disposición en contrario. Es uno de tres conceptos que se confunden: el importe total sin IVA y con las prórrogas es el valor estimado (artículo 101), que es el que los artículos 20 a 22 comparan con los umbrales; y lo que se abona por la prestación realmente ejecutada es el precio (artículo 102).

• Los de las fechas previstas, salvo que los del período real den un coeficiente inferior
• Los de las fechas previstas en el contrato, sea cual sea el coeficiente
• Los del período real de ejecución, sea cual sea el coeficiente que den
• Los del período real, salvo que los de las fechas previstas den un coeficiente inferior

El artículo 104 evita que el contratista se beneficie de su propio retraso: para los períodos en mora se aplican los índices que habrían correspondido a las fechas fijadas en el contrato para ejecutar en plazo, salvo que los del período real den un coeficiente inferior, y entonces se aplican estos. Siempre se queda el coeficiente más bajo de los dos, sin perjuicio de las penalidades que procedan.

• Ejecutado al menos el 20 % de su importe y transcurrido un año desde la formalización
• Ejecutado al menos el 10 % de su importe y transcurrido un año desde la formalización
• Ejecutado al menos el 20 % de su importe y transcurridos dos años desde la formalización
• Ejecutado al menos el 10 % de su importe y transcurridos dos años desde la formalización

El artículo 103.5 pide las dos condiciones a la vez: que el contrato se haya ejecutado al menos en el 20 % de su importe y que haya transcurrido un año desde su formalización. Los dos años son la redacción anterior a la reforma de 2023 y siguen en muchos manuales: hoy basta un año. Por eso el primer 20 % ejecutado y lo ejecutado en el primer año quedan fuera de la revisión.

• Al nivel del lote de mayor importe que licite
• Sumando el de todas las unidades del órgano
• Al nivel del departamento del que depende
• Al nivel de la propia unidad que adjudica

La regla general del artículo 101.6 es sumar el valor total estimado de todas las unidades funcionales del órgano, y ese es el distractor tentador. Pero cuando una unidad es responsable de manera autónoma de su contratación, los valores pueden estimarse a su nivel, y la ley entiende que lo es «en todo caso» cuando cuenta con financiación específica y con competencias para adjudicar, que es el caso del enunciado.

• 800.000 euros
• 830.000 euros
• 860.000 euros
• 890.000 euros

El artículo 101.2.b) obliga a contar en el valor estimado, cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, «la cuantía de los mismos»: la de todos los pagos previstos, tres primas de 30.000, 90.000 euros. El valor estimado es 890.000. Dejar fuera las primas da 800.000, y contar una o dos, 830.000 o 860.000: la ley suma la cuantía entera de lo que se ha previsto pagar.

• Un informe previo de la Junta Consultiva de Contratación Pública
• Motivos válidos, justificados debidamente en el expediente
• La autorización previa de su órgano superior jerárquico
• Que el contrato no esté sujeto a regulación armonizada

Como dividir en lotes es la regla, no dividir es una excepción que el artículo 99.3 condiciona a que existan motivos válidos, «que deberán justificarse debidamente en el expediente». No hace falta autorización de otro órgano ni informe de la Junta Consultiva, y la regla de los lotes no depende de que el contrato sea armonizado: vale para cualquier contrato cuyo objeto lo permita.

• No, porque aún no se ha ejecutado la parte mínima de su importe
• No, porque aún no han transcurrido dos años desde su formalización
• Sí, porque a estas concesiones no se les exige el porcentaje
• Sí, porque en estas concesiones la revisión no está sujeta a plazo

El artículo 103.5 pide, con carácter general, haber ejecutado el 20 % del importe y que haya pasado un año desde la formalización, pero exceptúa a las concesiones de servicios de la condición del porcentaje. El año sí rige para ellas, y aquí ya ha pasado: por eso procede la revisión aunque solo se haya ejecutado el 15 %. Lo que se les quita es el porcentaje, no el plazo; y los dos años son la regla anterior a 2023.

• Un suministro de energía para un hospital
• Un suministro de mobiliario para oficinas
• Un servicio de limpieza de edificios públicos
• Un servicio de vigilancia y seguridad

El artículo 103.2 nombra los contratos en que cabe la revisión periódica y predeterminada: los de obra, los de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, los de suministro de energía y los demás cuyo período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. La limpieza, la vigilancia o el mobiliario no están en la lista por su clase: necesitarían ese período de recuperación o que las materias primas y la energía pesen lo bastante en su presupuesto.

• Sí, una vez que se determine el precio definitivo
• Sí, con la fórmula de revisión que fije su pliego
• No, la ley no la admite en contratos de este tipo
• No, hasta que pase un año desde su formalización

El artículo 102.7 permite, excepcionalmente, celebrar contratos con precios provisionales tras un procedimiento negociado, un diálogo competitivo o una asociación para la innovación, y cierra el párrafo con una regla sin matices: en ellos «no cabrá la revisión de precios». El precio definitivo se determina con los costes reales y el beneficio acordado, dentro del precio máximo, y eso sustituye a la revisión. Por eso no vale ni con fórmula en el pliego ni pasado un año.

• Sí, porque ya ha transcurrido más de un año desde su formalización
• No, porque aún no han transcurrido dos años desde su formalización
• No, porque aún no se ha ejecutado la parte mínima de su importe
• Sí, porque la revisión se aplica desde que el contrato se formaliza

El artículo 103.5 exige dos condiciones acumuladas: haber ejecutado al menos el 20 % del importe y que haya transcurrido un año desde la formalización. El año ya ha pasado, pero el 15 % no llega al 20 %, así que la revisión todavía no procede. Los dos años son la regla anterior a la reforma de 2023 y aquí no son el obstáculo; y la revisión nunca se aplica desde la formalización: lo ejecutado en el primer año queda excluido.