El recurso especial en materia de contratación

• Hasta que se dicte una resolución expresa que acuerde su levantamiento
• Hasta que pasen cinco días hábiles sin que el órgano se pronuncie
• Hasta que el órgano de contratación remita el expediente y su informe
• Hasta que termine el plazo de alegaciones de los demás interesados

El órgano que resuelve decide, en los primeros días de la tramitación, si mantiene o no la suspensión automática, pero el art. 56.3 la da por vigente mientras no se dicte una resolución expresa que la levante. Su silencio no la levanta, y tampoco la remisión del expediente o el fin de las alegaciones. Al resolver el recurso, si sigue en pie, la resolución tiene que levantarla (art. 57.3).

• Desde el día siguiente a aquel en que se formalice el contrato
• Desde el día siguiente a la propuesta de adjudicación de la mesa
• Desde el día siguiente a su publicación en el perfil de contratante
• Desde el día siguiente a que se notifique a los licitadores admitidos

Contra la adjudicación, el plazo corre desde el día siguiente a su notificación a los candidatos o licitadores admitidos (art. 50.1.d). La publicación en el perfil no es el punto de partida contra la adjudicación; la propuesta de la mesa no es el acto recurrido, y esperar a la formalización llega tarde.

• Cuando sea firme, si se ha recurrido ante los tribunales
• Cuando la haya fiscalizado la intervención competente
• Sin esperar a que sea firme, aunque se recurra ante los tribunales
• Cuando la haya aceptado el órgano de contratación afectado

Contra la resolución solo cabe el recurso contencioso-administrativo, pero eso no la deja en suspenso: el art. 59.2 la declara directamente ejecutiva. Tampoco espera a la intervención, porque los actos de los órganos que resuelven el recurso no están sujetos a fiscalización por el control interno (art. 59.3), ni a que la acepte el órgano de contratación, que, si se estima el recurso, tiene que dar cuenta de lo que hace para cumplirla (art. 57.4).

• La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
• La Intervención General de la Administración del Estado
• El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
• La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

En el sector público estatal los recursos especiales los resuelve el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un órgano especializado con plena independencia funcional (art. 45.1). Los otros tres son órganos estatales que también tocan la contratación, pero no resuelven recursos: la Junta Consultiva es el órgano consultivo (art. 328), la Oficina Independiente supervisa la contratación (art. 332) y la Intervención General ejerce el control interno.

• Solo a los comparecidos, no al órgano de contratación
• Al órgano de contratación y a los demás comparecidos
• Solo al órgano de contratación autor del acto
• Al recurrente y al adjudicatario, hayan comparecido o no

Al recibir del tribunal la reclamación del expediente, el órgano que resolvió el recurso especial emplaza ante la Sala a dos: al órgano de contratación autor del acto que se recurrió y a los demás comparecidos en el procedimiento del recurso (art. 60.1), en la forma del art. 49 de la Ley 29/1998. No deja fuera a ninguno de los dos, y no emplaza a quien no compareció.

• El de la Administración que elija el recurrente de entre las dos
• El de la Administración que constituyó en su día la fundación
• El de la Administración en cuyo territorio tiene su domicilio social
• El de la Administración que primero aportó a su dotación

Los actos de un poder adjudicador que no es Administración los resuelve el órgano independiente de la Administración a la que está vinculado; si son varias, el de la que tenga el control o la participación mayoritaria; y si la participación es igual, el que elija el recurrente de entre los competentes (art. 47.1). Ni quién la constituyó, ni dónde está su sede, ni el orden de las aportaciones deciden nada.

• Entre 500 y 15.000 euros
• Entre 1.000 y 30.000 euros
• Entre 3.000 y 60.000 euros
• Entre 1.000 y 100.000 euros

El art. 58.2 fija la multa entre 1.000 y 30.000 euros, y su cuantía se gradúa según el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los demás licitadores y los beneficios obtenidos. La ley deja que esas cuantías se actualicen por orden ministerial, pero las que da son estas.

• Diez días hábiles
• Quince días hábiles
• Quince días naturales
• Un mes, de fecha a fecha

El art. 50.1 fija quince días hábiles. En esta ley los plazos por días son naturales salvo que digan lo contrario (DA 12.ª), y este lo dice: por eso «quince días naturales» es la trampa. El mes es el plazo del recurso de reposición contra un acto expreso en la Ley 39/2015.

• El acto recurrido y el motivo, con la firma de abogado y procurador
• El acto recurrido, el motivo, los medios de prueba y las cautelares que pida
• El acto recurrido y el motivo, dejando la prueba para un escrito posterior
• El acto recurrido y la oferta alternativa que propone en su lugar

El art. 51.1 pide que el escrito diga el acto recurrido, el motivo que lo fundamenta, los medios de prueba de que se quiere valer el recurrente y, en su caso, las medidas cautelares que solicite; y que lo acompañen, entre otros documentos, la acreditación de la representación y una dirección de correo electrónico habilitada para las notificaciones. La prueba se propone ya en el escrito, no después, y la ley no exige la firma de abogado y procurador ni una oferta alternativa.

• Haber presentado oferta o solicitud de participación en la licitación
• Tener derechos o intereses legítimos que la decisión pueda afectar
• Ser persona física o jurídica, aunque no tenga un interés propio
• Haber sido admitido en la licitación sin resultar adjudicatario

El art. 48 legitima a cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, directa o indirectamente, por la decisión recurrida. No exige haber licitado ni haber sido admitido, pero tampoco reconoce una acción pública: hace falta un interés afectado. Además, legitima a las organizaciones sindicales y a la organización empresarial sectorial representativa en los casos que el mismo artículo dice.

• Se admite, porque se ha interpuesto dentro de plazo
• Se inadmite, porque presentó oferta antes de recurrir
• Se admite, aunque sin suspender por ello la licitación
• Se inadmite, porque los pliegos se recurren con la adjudicación

Con carácter general, quien presentó oferta o solicitud de participación antes de recurrir los pliegos ya no puede recurrirlos: el art. 50.1.b dice que no se admitirá el recurso, salvo los supuestos de nulidad de pleno derecho, y el caso los descarta. Estar en plazo no basta. Y los pliegos sí se recurren por sí mismos, sin esperar a la adjudicación (art. 44.2.a).

• El de la Administración de la entidad que adjudica el contrato
• El de la Administración en cuyo territorio se ejecuta el contrato
• El de la Administración del ente que dio la subvención mayor
• El de la Administración del ente que concedió primero su subvención

En los contratos subvencionados la competencia sigue a la subvención, no a quien adjudica: resuelve el órgano independiente de la Administración a la que está adscrito el ente que la otorgó, y si concurren varias, se atiende a la de mayor cuantía (art. 47.2). Por eso la entidad adjudicadora no decide el órgano, aunque sea poder adjudicador (art. 23.2), y tampoco el lugar de ejecución ni el orden de las subvenciones.

• Su desestimación, tras entrar en el fondo del asunto
• Su inadmisión, mediante resolución que así lo acuerde
• Su remisión al órgano de contratación como recurso ordinario
• Su admisión, si el retraso no supera cinco días hábiles

Interponer el recurso con el plazo ya terminado es una de las cuatro causas de inadmisión del art. 55, junto con la incompetencia del órgano, la falta de legitimación o de representación y recurrir un acto que no admite el recurso especial. Si concurre, el órgano dicta resolución de inadmisión, sin entrar en el fondo. La ley no da días de cortesía ni lo reconvierte en otro recurso.

• Cuando el contratista se opone a ella por alterar el equilibrio económico
• Cuando se alega que debió ser objeto de una nueva adjudicación
• Cuando se acuerda sin el informe previo del servicio jurídico
• Cuando estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas

El art. 44.2.d abre el recurso especial solo contra las modificaciones que se impugnan por saltarse lo que establecen los arts. 204 y 205: lo que se tramitó como modificación tendría que haberse adjudicado de nuevo. Las discrepancias del contratista sobre el equilibrio del contrato o un defecto en la tramitación de la modificación no entran por esa letra, y estar prevista en el pliego no es lo que la hace recurrible.

• Que el recurso se desestime íntegramente en cuanto al fondo
• Que el recurso se inadmita por presentarse fuera de plazo
• Que el órgano de contratación no cumpla lo que el recurso ha resuelto
• Que aprecie temeridad o mala fe al recurrir o al pedir cautelares

La multa del art. 58.2 castiga la temeridad o la mala fe al interponer el recurso o al pedir medidas cautelares, y su importe se ingresa en el tesoro público (el estatal, el autonómico o el local, según la STC 68/2021). Perder el recurso, en el fondo o por inadmisión, no basta por sí solo. Y el incumplimiento de lo resuelto por el órgano de contratación no es lo que este precepto sanciona.

• El anuncio de licitación y los pliegos del contrato
• El acuerdo de rescate de una concesión de servicios
• El encargo a un medio propio que incumple los requisitos legales
• La penalidad impuesta al contratista por demora en la ejecución

El art. 44.2 enumera, en una lista cerrada, lo que se impugna con el recurso especial: los anuncios, los pliegos y demás documentos contractuales; los actos de trámite cualificados; la adjudicación; ciertas modificaciones (art. 44.2.d); la formalización de encargos a medios propios que no cumplen los requisitos legales, y los acuerdos de rescate de concesiones. Una penalidad por demora no está en la lista: es un acto de la ejecución del contrato.

• Son una alternativa al especial, a elección del interesado
• Son un paso previo que hay que agotar antes del especial
• Son improcedentes y no caben contra esos pliegos
• Son la vía contra la resolución que ponga fin al especial

El art. 44.5 excluye los recursos administrativos ordinarios contra toda actuación que pueda impugnarse con el recurso especial, como los pliegos. No son una alternativa entre la que elegir, ni un paso previo que agotar, ni la vía para atacar después lo que resuelva el especial, contra lo que solo cabe el contencioso-administrativo (art. 59.1).

• Cinco días hábiles
• Tres días hábiles
• Diez días hábiles
• Dos días hábiles

El art. 56.2 da a la entidad, órgano o servicio que tramitó el expediente dos días hábiles para remitirlo con su informe, y el mismo plazo tiene el órgano de contratación cuando el recurso se presentó ante él. Cinco, tres o diez días hábiles son plazos de otros trámites del recurso.

• Un mes contado desde el siguiente a la interposición
• Tres meses contados desde el siguiente a la interposición
• Dos meses contados desde el siguiente a la interposición
• Seis meses contados desde el siguiente a la interposición

El art. 57.5 fija dos meses desde el día siguiente a la interposición: pasados sin notificación, el interesado puede tener el recurso por desestimado para acudir al recurso contencioso-administrativo. El mes y los tres meses vienen de la Ley 39/2015, que los da para resolver el recurso de reposición y el de alzada, y los seis meses no aparecen en el art. 57.

• Esperar a tener acceso, porque el plazo no corre mientras tanto
• Pedir al órgano que resuelve que le amplíe el plazo de interposición
• Recurrir primero la falta de acceso, y después el acto que le perjudica
• Recurrir en plazo y alegar en el recurso ese incumplimiento

Que el órgano de contratación no dé acceso al expediente no exime de interponer el recurso especial en plazo; lo que permite es alegar ese incumplimiento en el propio recurso (art. 52.3), y entonces el órgano que lo resuelve da acceso al expediente para completarlo. El plazo no se detiene por pedir el acceso (art. 52.2), y la ley no prevé ni ampliarlo ni un recurso aparte contra la falta de acceso.