La solvencia y la clasificación de las empresas

• Siempre que la empresa no esté clasificada en ese grupo
• Siempre que el contrato no esté sujeto a regulación armonizada
• Siempre que el responsable forme parte de la plantilla de la empresa
• Siempre que esos títulos no se evalúen como criterio de adjudicación

La letra c) del art. 88.1 admite los títulos académicos y profesionales del empresario, de los directivos, del responsable de las obras y de los técnicos encargados de ellas «siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación». La ley no lo condiciona a que la empresa carezca de clasificación, al importe del contrato ni a que el responsable sea de la plantilla.

• Dispensar él mismo la clasificación y seguir adelante con ese procedimiento
• Excluir el requisito al volver a licitar ese contrato, sin alterar sus condiciones
• Rebajar la categoría exigida y adjudicarlo sin convocar una nueva licitación
• Excluir el requisito en sus próximos contratos de obras del mismo grupo y subgrupo

El art. 77.4 le deja excluir la necesidad de clasificación «en el siguiente procedimiento que se convoque para la adjudicación del mismo contrato», siempre que no se alteren sus condiciones y precisando en el pliego y en el anuncio con qué medios de los arts. 87 y 88 se acreditará la solvencia. No vale para el procedimiento que quedó sin empresas clasificadas, ni para otros contratos del mismo grupo, ni permite adjudicar rebajando la categoría.

• El ministro del departamento, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
• El Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
• La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, previo informe de la Abogacía del Estado
• La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, previo informe de la Intervención General

El art. 78.2 reserva esa autorización excepcional, en la Administración General del Estado y sus entes dependientes, al Consejo de Ministros, «previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado». La Junta informa, no autoriza; el ministro no puede dispensar la clasificación por sí mismo, y la Oficina Independiente no interviene. En las comunidades autónomas autoriza el órgano que cada una designe.

• Sí, cuando su importe sea igual o superior a 500.000 euros
• No, salvo que su objeto esté incluido en algún grupo o subgrupo vigente
• Sí, cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada
• No, y los requisitos de solvencia los fijan el anuncio y los pliegos

El art. 77.1.b es tajante: en los contratos de servicios «no será exigible la clasificación del empresario», y son el anuncio de licitación y los pliegos los que fijan los requisitos mínimos de solvencia. Que el objeto esté dentro de un grupo o subgrupo vigente solo permite que el pliego exprese esos requisitos también en términos de grupo, subgrupo y categoría; no convierte la clasificación en obligatoria. Ni el importe ni la regulación armonizada cambian la regla.

• De los cinco últimos años
• Del último año natural completo
• De los tres últimos años
• De los diez últimos años

El art. 89.1.a pide una relación de los principales suministros de igual o similar naturaleza realizados «en el curso de como máximo, los tres últimos años», con su importe, fecha y destinatario. Es un máximo, y la única salvedad es que, cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, el poder adjudicador puede indicar que tendrá en cuenta suministros efectuados más de tres años antes. Los cinco años son el periodo de la relación de obras ejecutadas (art. 88.1.a), y los diez, la ampliación que ese mismo artículo permite en obras.

• La económica y financiera, cada año; la técnica y profesional, cada tres años
• La económica y financiera, cada tres años; la técnica y profesional, cada año
• La económica y financiera y la técnica y profesional, las dos cada año
• La económica y financiera y la técnica y profesional, las dos cada tres años

El art. 82.2 separa los dos plazos: la solvencia económica y financiera se justifica «anualmente», y la técnica y profesional, «cada tres años», con una declaración responsable o, en su defecto, la documentación actualizada. Los dos plazos no se igualan ni se intercambian: cada año, la económica; cada tres, la técnica.

• El sistema de la etiqueta ecológica de la Unión Europea
• La autorización ambiental integrada de sus instalaciones
• El procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto
• El sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales

El art. 94.1 manda que esos certificados hagan referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), a otros sistemas de gestión medioambiental reconocidos conforme al Reglamento (CE) 1221/2009 o a otras normas de gestión medioambiental europeas o internacionales. La etiqueta ecológica, la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental son instrumentos de otras normas, sobre productos, instalaciones y proyectos, y no sistemas de gestión medioambiental de la empresa.

• Que esa entidad vaya a ejecutar las obras o servicios que lo requieren
• Que esa entidad esté clasificada en el grupo o subgrupo del contrato
• Que la empresa acredite por sí misma la mitad de esa experiencia
• Que el órgano de contratación lo autorice en la resolución de adjudicación

Para los títulos de estudios y profesionales y para la experiencia profesional, el art. 75.1 restringe la integración con medios externos: la empresa solo puede apoyarse en otras entidades «si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios» para los que esa capacidad es necesaria. La ley no pide que la otra entidad esté clasificada, no fija una parte mínima de experiencia propia ni condiciona el recurso a una autorización en la adjudicación.

• Sí, porque acredita lo mismo ante las entidades locales de su ámbito
• No, porque su alcance se ciñe a la comunidad y a sus organismos
• Sí, si el ayuntamiento tiene un convenio con la comunidad
• Sí, aunque en cuanto a la clasificación y no en cuanto a la capacidad

El art. 96.2 extiende la inscripción en el registro autonómico a la contratación con la propia comunidad, «con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial» y con los entes que dependan de una y otras. El ayuntamiento está en su territorio, así que la inscripción le sirve sin necesidad de convenio, y acredita las mismas circunstancias que el registro estatal, no solo la clasificación.

• Ninguno hasta que lo homologue la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
• Una presunción de aptitud respecto de los requisitos de selección que figuren en él
• El de una clasificación en España con el grupo y la categoría que figuren en él
• El de prueba de su solvencia, si el contrato no está sujeto a regulación armonizada

El art. 97.1 dice que los certificados de inscripción en las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar de los Estados de la Unión, referidos a empresarios establecidos en el Estado que los expide, «constituirán una presunción de aptitud» respecto de los requisitos de selección cualitativa que figuren en ellos. Valen por sí mismos, sin homologación de la Junta Consultiva, en cualquier contrato, armonizado o no, y no equivalen a una clasificación española.

• A su valor estimado total
• A su presupuesto base total
• A su valor medio anual
• A su primera anualidad

El art. 79.1 usa dos referencias según la duración: el valor estimado si el contrato dura un año o menos, y el «valor medio anual» si dura más. Un contrato de tres años se mide, por tanto, por su valor medio anual, no por el valor estimado de todo el contrato. El presupuesto base de licitación y la primera anualidad no son referencias de la categoría.

• No, porque los medios ajenos han de ser de su mismo grupo
• Sí, para la técnica, pero no para la económica y financiera
• No, salvo que concurra con esa sociedad en una unión temporal de empresas
• Sí, si prueba que dispondrá de ellos durante toda la ejecución

El art. 75.1 deja que el empresario se base en la solvencia y los medios de otras entidades «independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos» que tenga con ellas, con dos condiciones: que demuestre que dispondrá efectivamente de ellos durante toda la ejecución del contrato y que la entidad a la que recurre no esté incursa en una prohibición de contratar. No hace falta pertenecer al mismo grupo (las sociedades del grupo cuentan, en el art. 79.3, para la clasificación), ni ir en unión temporal con ella, y la integración vale también para la solvencia económica y financiera: el art. 75.3 regula justo ese caso.

• No acredita nada, porque ese contrato no la exige
• Acredita su solvencia económica, pero no la técnica
• Acredita su capacidad de obrar, pero no su solvencia
• Acredita su solvencia para celebrar ese contrato

El art. 86.2 da a la clasificación valor también donde no se exige: acredita la solvencia del empresario para los contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que la obtuvo. Acredita la solvencia entera, no solo la económica, y la capacidad de obrar es otro requisito de aptitud, que la clasificación no sustituye.

• La otorgada en fecha más reciente
• La otorgada por el órgano estatal
• La que tenga la categoría más alta
• La otorgada en fecha más antigua

Una empresa no debería tener dos clasificaciones del mismo tipo otorgadas por órganos distintos (art. 80.2), y para cambiar de órgano tiene que renunciar a la que tiene (art. 80.3). Si aun así coinciden, el art. 80.4 resuelve por la fecha: prevalece la más reciente y las demás carecen de valor y efectos en la contratación pública. No manda la estatal por serlo, ni la que dé una categoría mayor.

• Pierde la clasificación de forma definitiva, sin ningún otro trámite
• Incurre en una prohibición de contratar por no haberla aportado
• Sus clasificaciones se suspenden y se abre un expediente de revisión
• Mantiene la clasificación hasta que se le requiera la declaración pendiente

El art. 82.2 anuda a la falta de aportación dos efectos a la vez: la «suspensión automática» de las clasificaciones y la apertura de un expediente de revisión. No es una pérdida definitiva: la suspensión se levanta si aporta la declaración antes de que se le comunique el inicio del expediente, o con el acuerdo de revisión. Tampoco espera a un requerimiento. Y no es una prohibición de contratar: la del art. 71.1.e) castiga la falsedad y no comunicar las variaciones de las circunstancias de la clasificación (art. 82.4), que es otra obligación.

• No, porque nada impide al licitador recurrir a medios externos
• Sí, y puede decidirlo ya adjudicado, cuando apruebe el programa de trabajo
• Sí, siempre que el pliego lo prevea e indique a qué trabajos se refiere
• Sí, pero solo en los contratos sujetos a regulación armonizada

El art. 75.4 permite, en las obras, en los servicios y en los trabajos de colocación o instalación de un suministro, exigir que determinadas partes o trabajos, por su especial naturaleza, los ejecute directamente el propio licitador (o un participante de la unión, si concurre una), «siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los que se refiera». Es un límite a la integración con medios externos, no depende de que el contrato sea armonizado y no se puede imponer después de adjudicar: tiene que estar en el pliego.

• Sí, porque su valor estimado alcanza los 500.000 euros
• No, porque su presupuesto base sin IVA no llega a 500.000 euros
• Sí, porque su presupuesto base con IVA supera los 500.000 euros
• No, porque no alcanza el umbral de regulación armonizada de obras

El art. 77.1.a hace de la clasificación un requisito indispensable en las obras cuyo «valor estimado» sea igual o superior a 500.000 euros. El valor estimado no lleva IVA, pero sí las modificaciones previstas, y aquí son 540.000 euros: se exige. Los 500.000 euros sobre el presupuesto base de licitación sin IVA son la frontera de otro trámite, el informe de supervisión del proyecto (art. 235), y el IVA no cuenta en ninguna de las dos. El umbral de regulación armonizada no tiene nada que ver con la clasificación.

• La indicación de la parte del contrato que se propone subcontratar
• La relación de los principales servicios que ha realizado
• Los títulos académicos y profesionales de sus directivos
• La descripción de sus instalaciones técnicas y sus medidas de calidad

Con menos de cinco años de antigüedad es una empresa de nueva creación, y el art. 90.4 dice que en los contratos no armonizados su solvencia técnica se acredita por los medios de las letras b) a i) del art. 90.1, «sin que en ningún caso sea aplicable» la letra a), la relación de los servicios ejecutados. Los títulos, las instalaciones y medidas de calidad o la parte que piensa subcontratar sí se le pueden pedir.

• No, porque esa enumeración es cerrada en todos los contratos
• Sí, de forma justificada y además de los medios de esa lista
• Sí, con tal de que el licitador los proponga en su oferta
• Sí, si antes lo autoriza la Junta Consultiva de Contratación

Como regla, la solvencia se acredita con los documentos que el órgano de contratación elija de entre los de los arts. 87 a 91. Pero el art. 86.1 abre esa lista en los contratos no armonizados: el órgano «podrá admitir de forma justificada» otros medios de prueba, además de los de la lista. La decisión es suya y motivada; no depende de que los proponga el licitador ni de una autorización de la Junta Consultiva.

• Se exige además de la clasificación, porque los dos se suman
• Lo sustituye el requisito de la clasificación del empresario
• Sigue en pie la técnica y la clasificación cubre la económica
• Sigue en pie mientras el pliego no fije la categoría exigida

El art. 74.1 pide a quien quiera contratar con el sector público las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica o profesional que fije el órgano de contratación, y añade que ese requisito «será sustituido» por el de la clasificación cuando esta sea exigible. No se suman: donde la ley exige clasificación, el requisito de solvencia deja su sitio a ella entero, sin partirlo entre la económica y la técnica y sin depender de lo que el pliego diga de la categoría.